DeSantis veta proyecto de ley que impide regulación local de alquileres vacacionales

El gobernador Ron DeSantis vetó, discretamente el jueves por la noche, un proyecto de ley que impide a los gobiernos locales regular Airbnb y otros alquileres vacacionales. Esto ocurre justo después de que una extraña alianza, entre los gobiernos locales y el sector privado, instara al gobernador a vetar el proyecto de ley.

Pero la lucha está lejos de haber terminado.

Ciudades y condados hicieron campaña contra el proyecto de ley. También lo hicieron empresas de alquiler vacacional como Airbnb y empresas de gestión como Vtrips, pero por motivos opuestos.

Los municipios se opusieron a la legislación porque perdían el control. Las empresas se opusieron porque no tenían suficiente control, dijo Jack Cory, cabildero para la ciudad de Jacksonville Beach.

“Por eso es una coalición extraña. El enemigo de mi enemigo es ahora mi amigo”, dijo Cory. “Pero eso no significa ... que todos vayamos a cantar juntos el próximo año”.

Tiffany Edwards, directora ejecutiva de la Florida Professional Vacation Rental Coalition, dijo en una declaración al Herald/Times que había una “mejor solución para las comunidades locales y los alquileres vacacionales” que la esbozada en el proyecto de ley, SB 280, pero “todas las partes interesadas tienen que trabajar juntas para lograrlo”. El presidente ejecutivo de Vtrips preside la coalición.

Airbnb declinó hacer comentarios y no fue posible contactar con la Florida Alliance for Vacation Rentals a tiempo para esta publicación.

El proyecto de ley llevaba varios años gestándose. Al esbozar cómo los gobiernos locales pueden regular los alquileres vacacionales, anuló las políticas detalladas que las ciudades y los gobiernos de los condados de toda la Florida han puesto en marcha desde 2014.

Muchas de esas políticas se refieren a cómo los gobiernos locales abordan las infracciones como tener demasiada gente en una fiesta o quejas por ruido, que a menudo pueden ocurrir en la misma noche, lo que resulta en la suspensión de un alquiler de vacaciones en algunos lugares durante meses. Pero en el proyecto de ley, una suspensión de un solo mes requeriría infracciones en cinco días distintos durante un período de dos meses.

En una carta al secretario de Estado Cord Byrd, DeSantis dijo que el proyecto de ley habría impedido “prácticamente toda regulación local de los alquileres vacacionales a pesar que los mercados de alquileres vacacionales están lejos de ser uniformes en las distintas regiones del estado”.

El proyecto de ley tuvo muchos críticos.

La senadora estatal Ileana García, republicana de Miami, dijo que el proyecto de ley habría obligado a Miami-Dade a “empezar de cero” en relación con la regulación de los alquileres de vacaciones.

“Por fin habíamos llegado a un buen punto de aterrizaje”, dijo García, entre los 16 senadores que votaron en contra de la legislación.

El senador estatal Jason Pizzo, demócrata de Hollywood, dijo que el proyecto de ley simplemente no hace lo suficiente para castigar las infracciones de las empresas de alquiler de vacaciones.

“Cuando se analiza cuántas infracciones deben producirse ... equivale a no ejercer ningún control”, dijo Pizzo.

Steve Milo, presidente ejecutivo y fundador de VTrips, enumeró en un post de LinkedIn el 5 de marzo varias razones por las que los administradores de propiedades y propietarios de la Florida deberían “llamar o enviar un correo electrónico de inmediato a [sus] representantes en la Cámara y decirles que VOTEN NO al Proyecto de Ley 280 del Senado”.

Esas razones incluían el hecho de que el proyecto de ley permitía a los gobiernos locales regular las licencias de alquiler, lo que actualmente se hacía a nivel estatal, y cobrarles por ello. También incluían que el proyecto de ley creaba “estrictos límites de ocupación” al tiempo que no proporcionaba protección al consumidor.

Airbnb también se opuso al proyecto de ley. Una carta remitida al Herald/Times instaba a los anfitriones el 27 de marzo a enviar un correo electrónico a DeSantis pidiéndole que vetara la legislación, argumentando que la medida “aumentaría la carga regulatoria sobre los anfitriones a nivel local y estatal, socavaría los derechos de propiedad privada y facultaría a los gobiernos locales para añadir requisitos de inspección y revocar [su] licencia estatal”.

En su portal digital, la Florida Alliance for Vacation Rentals publicó una carta que cualquiera podía firmar pidiendo a DeSantis que vetara el proyecto de ley. La carta afirmaba que la “legislación impone más cargas operativas diarias” al Departamento de Regulación Empresarial y Profesional (DBPR) de la Florida, “una dependencia estatal que ya tiene poco personal”.

“A pesar de financiar este nuevo estatuto con más de $3.8 millones de los contribuyentes cada año, es muy poco probable que DBPR pueda llenar docenas de plazas de inspectores actualmente abiertos, y mucho menos nueve empleados estatales más a tiempo completo específicos para alquileres de vacaciones”, decía la carta.

Un grupo que quería que la legislación entrara en vigor era la Florida Restaurant and Lodging Association. En un comunicado emitido el jueves por la noche, la asociación dijo que la medida era un “marco sólido y un primer paso para la reforma regulatoria en la industria”.

“Estamos decepcionados con el veto del gobernador DeSantis, pero continuaremos con nuestros esfuerzos para trabajar hacia una resolución y garantizar la equidad en toda la industria del alojamiento de la Florida, desde alquileres vacacionales hasta hoteles, para servir mejor a nuestros huéspedes y promover su seguridad”, dijo la asociación.