Yahoo Noticias DeSantis reclama privilegio ejecutivo, pero no está en la Constitución ni en las leyes de la Florida
El gobernador Ron DeSantis ha estado pensando en postularse a la presidencia, pero no va a esperar hasta 2024 para hacer valer uno de los derechos legales más controversiales asociados a ese cargo.
Los abogados de DeSantis han alegado en varias demandas que el gobernador ejerce el privilegio ejecutivo, un derecho especial invocado por los presidentes de Estados Unidos que los protege de revelar información.
Sin embargo, el mes pasado, una jueza de Tallahassee dio la razón a los abogados de DeSantis al considerar que el gobernador también goza de ese privilegio.
El caso, que está en apelación, establece una prueba de alto riesgo de las leyes de transparencia del gobierno de la Florida, ampliamente consideradas entre las más abiertas del país. Si los tribunales superiores confirman que DeSantis tiene derecho a ocultar ciertos registros, esto pudiera obstaculizar drásticamente la capacidad del público para obtener información del estado, advierten activistas del gobierno transparente.
El Tampa Bay Times se une a otros medios de comunicación en la preparación de un escrito, abogando contra la retención de registros.
“Consentimos ser gobernados y no elegimos a funcionarios públicos para que actúen sin rendir cuentas”, dijo Michael Barfield, director de Acceso Público del Florida Center for Government Accountability en Tallahassee. El grupo ha demandado a la administración de DeSantis en casos separados sobre registros relacionados con los vuelos de la Florida que transportaron a migrantes de Texas a Martha’s Vineyard.
Barfield dijo que la administración DeSantis probablemente había estado afirmando el privilegio ejecutivo en múltiples casos con la esperanza de que una corte superior sentara un precedente que pudiera aplicarse en otras demandas.
“Este ha sido un esfuerzo calculado para establecer el privilegio ejecutivo para que el gobernador no tenga que rendir cuentas al público”, dijo Barfield.
Catherine Cameron, profesora de la Universidad de Stetson especializada en Derecho de los medios de comunicación, dijo que buscó en casos anteriores y no pudo encontrar ningún caso de un gobernador de la Florida que hiciera valer el privilegio ejecutivo antes de DeSantis. El privilegio ejecutivo no se menciona en la Constitución del estado ni en las leyes estatales, a diferencia del derecho del público a los registros, que está consagrado en ambos.
La oficina del gobernador se negó a responder a las preguntas enviadas por correo electrónico sobre de su reclamo de privilegio ejecutivo, dirigiendo a un reportero a su archivos legales.
Consultas de DeSantis sobre los nominados a la Corte Suprema
El caso en que la jueza de circuito del Condado León Angela Dempsey dio la razón a DeSantis giraba en torno a una persona anónima que buscaba las identidades de “seis o siete pesos pesados conservadores” a quienes DeSantis dijo en una entrevista de podcast en agosto que había consultado al seleccionar a los nominados para la Corte Suprema de la Florida. Estas personas, dijo DeSantis, “pusieron estos candidatos a prueba” entrevistándolos a petición suya y luego informándole antes de hacer sus propias entrevistas.
El demandante buscaba documentos que mostraran las comunicaciones entre la oficina del gobernador y los “pesos pesados”. En el tribunal, la oficina del gobernador dijo que no podía entregar los documentos porque revelarían las identidades de los asesores.
El equipo legal de DeSantis argumentó que lo mejor para el interés público es que algunas de las acciones internas del gobernador permanezcan en secreto para que pueda recibir libremente asesoramiento y considerar todas las alternativas sin temor a que estas consultas reciban escrutinio público.
“El interés en mantener la confidencialidad del ejecutivo es vital para el público, ya que fomenta deliberaciones y toma de decisiones del gobernador informadas y sólidas”, dijeron los abogados de DeSantis en una presentación judicial.
La orden de Dempsey, fechada el 3 de enero, era muy similar a la versión propuesta presentada por los abogados de DeSantis, según una copia proporcionada al Tampa Bay Times.
La práctica de DeSantis ha sido controlar el mensaje
Desde el comienzo de su primer mandato en 2019, DeSantis ha controlado estrictamente los mensajes de su administración. Rara vez concede entrevistas a los principales medios de noticias —prefiriendo en su lugar hablar con medios conservadores— y algunos de sus portavoces se burlan con frecuencia de los periodistas en Twitter. Su oficina, así como las dependencias estatales bajo la rama ejecutiva, pueden tardar meses o más de un año en cumplir las solicitudes de registros.
Al igual que en la Florida, la Constitución federal no menciona el privilegio ejecutivo. Pero presidentes que se remontan a George Washington han invocado esa facultad. Sus amplios contornos se han ido perfilando a lo largo de los años a medida que los tribunales y los presidentes han discutido sobre cuándo puede aplicarse legalmente según la separación de poderes.
En 1974, la Corte Suprema declaró en el caso Estados Unidos contra Nixon que, aunque existe el derecho al privilegio ejecutivo, el presidente Richard Nixon tuvo que entregar las cintas del Watergate. Veinte años antes, El presidente Dwight Eisenhower usó el privilegio ejecutivo para impedir que sus asesores testificaran en las audiencias celebradas por el senador Joseph McCarthy sobre supuestos comunistas en el Ejército. Bill Clinton invocó el privilegio ejecutivo para tratar de evitar que sus principales asesores testificaran durante el escándalo de Monica Lewinsky, y Donald Trump lo usó durante la investigación de Robert Mueller, las audiencias del comité del 6 de enero y más.
Los gobernadores de otros estados también han intentado ocultar información usando esta facultad. En algunos estados, como Oklahoma y Washington, los tribunales han confirmado el derecho de los gobernadores al secreto profesional. Algunos estados, como Michigan, han ido incluso más lejos al eximir a la oficina del gobernador de la ley de registros públicos.
Cameron, la profesora de Derecho, dijo que los tribunales a menudo dudan en meterse en cuestiones de privilegio ejecutivo porque implican cuestiones confusas sobre dónde termina la autoridad de un ejecutivo y comienzan los poderes de los tribunales y las legislaturas. Pero ahora es posible que el Tribunal de Apelaciones del 1er Distrito, y la Corte Suprema de la Florida, resuelvan la cuestión del privilegio ejecutivo para que haya coherencia en todo el estado, dijo.
“La Florida es conocida por... esta larga historia de ser muy abierta”, dijo Cameron. Pero el hecho que algunos otros gobernadores han ganado estos casos hace que sea “realmente difícil de pronosticar, desafortunadamente”.
Si DeSantis gana el derecho al privilegio ejecutivo, su oficina podría citarlo como una razón para negar las solicitudes de registros públicos, agregó, y la única manera de desafiar ese razonamiento en cada instancia probablemente sería demandar.
Adam Marshall, abogado del Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa, se muestra escéptico sobre la legalidad del argumento de DeSantis porque la Constitución de la Florida garantiza específicamente que el público tiene derecho a los registros, incluidos los del poder ejecutivo.
Dijo que el uso de del privilegio ejecutivo a nivel estatal y federal ha llevado a una disminución de la transparencia pública por parte de políticos de ambos partidos.
“No tenemos democracia a base de comunicados de prensa”, dijo Marshall. “Tenemos democracia entendiendo lo que hacen nuestros funcionarios electos y porqué lo hacen”.
