DeSantis ordena investigar a directiva del distrito de Disney. Iger, CEO de Disney, contraataca

El gobernador Ron DeSantis, sorprendido por la decisión de la junta de gobierno afín a Disney de socavar su autoridad sobre el distrito fiscal especial que supervisa el desarrollo de Walt Disney World, ordenó el lunes una investigación sobre lo que dijo parece ser una “negociación por cuenta propia” y otras “infracciones éticas”.

Disney ha defendido las decisiones de la Junta de Mejoramiento de Reedy Creek, y el lunes el presidente ejecutivo de Walt Disney Company, Bob Iger, contraatacó. Al abordar las preguntas en la reunión anual de accionistas de la compañía, calificó de “contrarios a los negocios y contrarios a la Florida” los intentos del gobernador de tomar represalias por las declaraciones de Disney en contra de la legislación estatal sobre identidad de género aprobada el año pasado.

DeSantis dijo que la decisión del Distrito de Mejoramiento de Reedy Creek de “introducir los acuerdos de última hora de urbanización y los pactos restrictivos con Walt Disney Parks and Resorts, U.S., Inc.” fue creada para “usurpar” la autoridad de la junta sucesora que él nombró, escribió DeSantis en una carta a Melinda Miguel, su inspectora general en jefe.

Le pidió que iniciara una investigación civil y penal con la Policía Estatal de la Florida (FDLE) sobre las acciones de la antigua junta del Distrito de Mejoramiento de Reedy Creek. Basado en las observaciones iniciales de su asesor legal, dijo, la junta participó en “notificación inadecuada, falta de consideración, delegación indebida de autoridad, e infracciones éticas, tales como conflictos de intereses y autonegociación”.

Jeremy Redfern, portavoz de DeSantis, dijo que los acuerdos “son probablemente inválidos y todas las opciones legislativas están nuevo sobre la mesa”, aunque no especificó lo que puede significar.

Disney ha respaldado las acciones de la junta de Reedy Creek, diciendo en un comunicado la semana pasada que “todos los acuerdos firmados entre Disney y el Distrito fueron apropiados y fueron discutidos y aprobados en foros públicos abiertos y notificados en el cumplimiento con la ley de transparencia del gobierno de la Florida”. La empresa no respondió de inmediato a las solicitudes de declaraciones sobre la investigación de DeSantis.

Iger dijo el lunes que la compañía invertirá $17,000 millones y creará 13,000 empleos en Walt Disney World en los próximos 10 años. También se refirió a las críticas del gobernador.

“Hace un año adoptamos una postura sobre la legislación —y aunque quizá no lo hayamos manejado bien—, el gobernador se enfadó mucho con la postura que adoptamos”, dijo a los accionistas, reportan múltiples fuentes. “...Una empresa tiene derecho a la libertad de expresión, al igual que un individuo... Lo que queremos decir es que cualquier medida que frustre esos esfuerzos simplemente para tomar represalias contra una postura que la empresa adoptó suena no solo contrario a los negocios, sino contrario a la Florida”.

La junta saliente aprobó acuerdos a largo plazo

El conflicto comenzó en febrero, días antes que los legisladores de la Florida votaran a favor de la propuesta del gobernador de tomar el control del Distrito de Mejoramiento de Reedy Creek. En una reunión que se hizo pública con la presencia de reporteros, la junta del distrito votó a favor de firmar una serie de acuerdos que socavan la autoridad de la junta nombrada por DeSantis, que ha sido llamada Distrito de Supervisión del Turismo del Centro de la Florida.

Además de que nadie se dio cuenta de las implicaciones de la votación hasta la semana pasada, nadie llamó la atención sobre el hecho que los acuerdos siguen en vigor hasta 21 años después de la muerte del último descendiente del rey Carlos III, rey de Inglaterra.

La respuesta del gobernador se esperaba desde la semana pasada, cuando la junta nombrada por él anunció que había sido superada.

“Esto esencialmente convierte a Disney en el gobierno”, dijo Ron Peri, uno de los cinco miembros de la nueva junta nombrada por DeSantis. “Esta junta pierde, a efectos prácticos, la mayor parte de su capacidad para hacer cualquier cosa más allá de dar mantenimiento a las carreteras y a la infraestructura básica”.

El personal de DeSantis dijo la semana pasada que los acuerdos entre Disney y la antigua junta “podrían tener debilidades legales significativas que harían que los contratos sean nulos” y el gobernador insinuó que seguirían acciones legales. “Aún no han visto nada”, declaró el gobernador el jueves.

Ahora queda por saber si los acuerdos se apegaron a las leyes de la Florida, si el estado y la Legislatura pueden anularlos con carácter retroactivo y hasta dónde puede llegar el gobernador para interferir en los derechos de propiedad de una empresa privada.

Los acuerdos dejan en vigor las normativas locales de uso de la tierra que favorecen a Disney durante los próximos 30 años, y el conjunto de pactos restrictivos limitan lo que la junta alineada con DeSantis puede hacer con la propiedad de Disney.

Amplias leyes estatales de uso de tierra podrían estar en juego

Una impugnación “requeriría un cambio en la forma en que entendemos la ley de gobiernos locales para que Disney pierda porque realmente cumple esa ley de urbanización del gobierno local muy estrechamente”, dijo Jake Schumer, abogado municipal en la firma de abogados de Orlando de Shepard, Smith, Kohlmyer & Mano en una entrevista con el Herald / Times.

La reacción de los aliados del gobernador en la junta, sin embargo, fue pelear contra la decisión en los tribunales.

Después que la junta descubrió la maniobra de la junta de Reedy Creek, la junta alineada con DeSantis acordó contratar a cuatro bufetes de abogados, cuyos honorarios serán pagados por los ingresos fiscales en el distrito por Disney.

Los bufetes de abogados incluyen Cooper & Kirk, de Washington DC, al que la administración DeSantis ha pagado al menos $5.8 millones para defender sus políticas de guerra cultural que atacaron a las grandes empresas tecnológicas, los pasaportes de vacunación en los cruceros y los límites a la votación de los delincuentes.

La junta también contrató a la nueva firma de abogados de Tallahassee de Lawson Huck González, que inició operaciones a principios de este año con Alan Lawson, un juez retirado de la Corte Suprema de la Florida, y Jason González, un líder de la The Florida Federalist Society. Y la junta aprobó a dos firmas de Orlando para buscar la impugnación: Nardella & Nardella y Waugh Grant.

La semana pasada, la procuradora general Ashley Moody también intervino, enviando una solicitud de registros públicos para todas las comunicaciones entre los ex miembros del Distrito de Mejoramiento de Reedy Creek y funcionarios de Disney.

DeSantis indicó en su carta que quiere que cualquier infracción “se remita a las autoridades competentes”.

La inspectora general y la Legislatura

“Estos acuerdos colusorios y de autonegociación pretenden anular la legislación recientemente aprobada, socavar el proceso legislativo de la Florida y desafiar la voluntad de los floridanos”, escribió en la carta a Miguel.

Como inspectora general en jefe, Miguel está encargada de llevar a cabo auditorías e investigaciones independientes, pero su papel no es totalmente independiente del gobernador. Él la nombra y ella depende directamente de él.

Aunque DeSantis parece dispuesto a pedir a la Legislatura que intervenga, los presidentes de la Cámara y el Senado tuvieron reacciones encontradas cuando se les preguntó al respecto la semana pasada.

La presidenta del Senado, Kathleen Passidomo, republicana de Naples, dijo que los legisladores “le echarán un vistazo”, pero no “anticipa hacer nada a corto plazo”.

El presidente de la Cámara, Paul Renner, republicano de Palm Coast, dijo que no estaba seguro de lo que la Legislatura pudiera hacer y que era “totalmente partidario de que el gobernador tome medidas”.

“Lo que ha sucedido es poco sincero, por decir lo menos”, dijo Renner, añadiendo que implicaba una “falta de franqueza”.

Lo que DeSantis pide que se investigue

La carta del gobernador pide que la investigación de la inspectora general se centre en lo siguiente:

▪ El apego de Reedy Creek a las leyes civiles y penales y los requisitos de ética aplicables de la Florida.

▪ Las calificaciones de la anterior Junta de Supervisores de Reedy Creek y la validez jurídica de sus decisiones.

▪ La participación de empleados y agentes de Walt Disney World en la ejecución de las acciones de Reedy Creek.

▪ Cualquier ganancia o beneficio financiero obtenido por Walt Disney World como resultado de las acciones de Reedy Creek y la justificación de dichas acciones por parte de Reedy Creek.

▪ Todas las comunicaciones de la junta, empleados o agentes de Reedy Creek relacionadas con las acciones de Reedy Creek, incluidas las mantenidas con empleados y agentes de Walt Disney World.

▪ Todas las comunicaciones de la junta, empleados o agentes de Reedy Creek relacionadas con el Proyecto de Ley 9-B, el Distrito de Mejoramiento de Reedy Creek, los condados Orange y Osceola y el Distrito de Supervisión de Turismo del Centro de la Florida.