DeSantis bajo la lupa por su doble papel de candidato presidencial y gobernador

Cuando el gobernador republicano Ron DeSantis viajó a Fort Pierce para firmar el presupuesto estatal, el evento tradicionalmente centrado en las políticas se convirtió rápidamente en político cuando se le preguntó sobre recientes críticas de su antiguo enemigo político, el gobernador de California, Gavin Newsom.

“Lo que yo le diría es, ¿sabe qué?, deje de andarse con rodeos”, dijo DeSantis, candidato presidencial del Partido Republicano, con una sonrisa de satisfacción. “¿Va a lanzarse al ruedo y retar a Joe [Biden] o va a quedarse al margen y protestar?”

En menos de una hora, la campaña de DeSantis estaba vendiendo camisetas “Chirping from the Sidelines” por $34. La mercancía —con la cita del gobernador junto a un logotipo de campaña “RD24”— estaba en la tienda en internet de la campaña antes que su oficina diera a conocer al público los detalles del presupuesto estatal de $116,500 millones.

La secuencia de acontecimientos es una instantánea de un conflicto que los políticos enfrentan desde hace tiempo cuando ocupan un cargo y se presentan a la reelección o a un cargo superior. DeSantis incluso ha sugerido a Newsom, que ha sido reelegido y no es candidato, usar su cargo público para beneficio político.

Pero la búsqueda de DeSantis de una candidatura presidencial tiene a republicanos y demócratas cuestionando si valora la separación tradicional entre su papel como gobernador de toda la Florida y su papel como candidato que se postula a la presidencia.

Esas preguntas han llevado a una queja de ética estatal y una queja de elecciones estatales contra DeSantis y sus asistentes, quienes algunos consideran que borran cada vez más los límites entre los asuntos oficiales del estado y el trabajo político destinado a promover las aspiraciones políticas de DeSantis. También hay dos quejas federales que alegan violaciones de la ley de financiamiento de campañas relacionadas con el superPAC del gobernador.

Algunos ejemplos recientes:

▪ Destacados funcionarios de la administración de DeSantis, incluido el jefe de gabinete del gobernador, solicitaron donaciones para su campaña presidencial, un cambio sin precedentes en la separación tradicional entre la oficina del gobernador y la campaña.

Los esfuerzos de recaudación de fondos, reportados inicialmente por NBC News y confirmados independientemente por el Herald/Times, han sido defendidos públicamente por la oficina de DeSantis como apropiados porque su personal estaba haciendo campaña en “su tiempo libre”. Esas acciones, sin embargo, están ahora en el centro de una queja de ética presentada el miércoles por Nikki Fried, la presidenta del Partido Demócrata de la Florida.

▪ Un día después de anunciar en Twitter su candidatura a la presidencia junto a Elon Musk, DeSantis firmó leyes que benefician a empresas de naves espaciales, como SpaceX, compañía controlada por Musk.

▪ En el período previo al lanzamiento de la campaña, los asistentes de DeSantis solicitaron apoyo de legisladores estatales en momentos que sus prioridades presupuestarias y legislativas seguían esperando una decisión de DeSantis. La acción dejó a algunos legisladores republicanos con la impresión que sus proyectos pudieran estar en peligro si no lo respaldaban.

▪ Un senador estatal republicano que respaldó al ex presidente Donald Trump acusó al gobernador de reducir los fondos para su distrito por razones políticas.

▪ En las redes sociales, el personal de comunicaciones del estado de DeSantis, financiado por los contribuyentes, promueve regularmente el lado político y ataca a los enemigos políticos del gobernador. Cuando se les critica por ello, dicen que la Primera Enmienda protege sus comentarios abiertamente políticos. También argumentan que no lo hacen “mientras están de servicio”, aunque muchas veces las publicaciones ocurren a mitad de días laborales.

▪ Funcionarios electorales de la Florida hicieron discretamente cambios en las antigua reglas que han permitido legalmente a DeSantis transferir $82 millones de su comité político a nivel estatal a un superPAC afiliado, Never Back Down, al que la campaña de DeSantis ha permitido tomar la iniciativa en la organización en el terreno. En años anteriores, tales transferencias de fondos no estaban permitidas.

▪ Por primera vez en la historia política moderna, el gobernador se ha eximido a sí mismo de la divulgación de registros públicos mientras recorre el país para recaudar fondos y eventos de campaña. Sus viajes —así como las personas que viajan con él— están protegidos de los registros públicos. También lo están los nombres de aquellos a los que invita a la mansión del gobernador en Tallahassee, donde DeSantis ha recibido a donantes republicanos.

▪ Y aunque como la mayoría de los políticos promociona políticas en campaña que están en sintonía con las que promueve en el cargo, ha sido más ostentoso que los gobernadores anteriores en el uso de los recursos de los contribuyentes estatales para promover su punto de vista fuera del estado. Por ejemplo, está gastando millones de dólares de los contribuyentes para iniciativas de inmigración fuera del estado, que constituyen uno de los principales temas de su campaña presidencial. Recientemente, el estado envió dos vuelos con unos 30 solicitantes de asilo sudamericanos de Texas a California.

“No creo que haya ninguna duda que están empujando los límites más allá del punto de ruptura de lo que serían las buenas prácticas éticas”, dijo Ron Meyer, abogado demócrata de Tallahassee.

DeSantis y sus asistentes han argumentado que el gobernador simplemente hace lo que cree que es en el mejor interés de su estado, independientemente de las implicaciones políticas. El gobernador promueve repetidamente esta imagen en entrevistas y en la campaña electoral.

“Creo que el país está más preparado que nunca para apoyar a alguien que va a decir, sabes qué, necesitamos a alguien que va a luchar contra todas estas tonterías, que va a hacerlo con inteligencia, que va a ser disciplinado, que va a estar centrado y que va a llevar esto a un aterrizaje”, dijo DeSantis en una entrevista reciente con la Christian Broadcast Network en la mansión del gobernador.

Pero incluso algunos republicanos han criticado al gobernador por mezclar asuntos estatales y su campaña. El senador estatal Joe Gruters, ex presidente del Partido Republicano de la Florida que respaldó la campaña presidencial de Donald Trump, acusó a DeSantis de ser “mezquino” después que el gobernador vetó la financiación de proyectos en su distrito, argumentando que lo hizo por razones políticas.

El papel del personal de la oficina del gobernador

Casi todos los candidatos que se han postulado a las elecciones han hecho de su historial de gobierno una pieza central de su campaña, argumentando que buenas políticas son una buena acción política.

Pero si bien es típico que el personal del gobernador ayude o tenga un papel en las campañas políticas, DeSantis ha causado asombro entre los republicanos que trabajaron para anteriores gobernadores de la Florida por el grado en que ha permitido el uso abierto de su oficina en la organización de conferencias de prensa similares a mítines, publicaciones en redes sociales que apuntan a oponentes políticos y, recientemente, incluso la recaudación de fondos políticos.

Kathleen Shanahan, ex jefa de gabinete del gobernador republicano Jeb Bush entre 2000 y 2003, incluida su campaña de reelección en 2002, afirmó: “Debe quedar clara la diferencia entre los salarios pagados por los contribuyentes y los servicios prestados a los contribuyentes —ciudadanos— y las actividades políticas de las campañas”.

Shanahan y otros ex miembros del personal de los gobernadores republicanos Bush, Charlie Crist y Rick Scott dijeron al Herald/Times que apoyaban las aspiraciones políticas de sus jefes, pero que trabajaban para mantener lo que uno de ellos llamó un “cortafuegos” entre la operación política y la campaña.

No celebraron reuniones políticas en la oficina del gobernador, dijeron, y exigieron al personal ejecutivo y de comunicaciones que abandonara sus puestos en la oficina del gobernador para ir a trabajar en la campaña para recaudar fondos, enviar mensajes políticos o planificar la estrategia.

“Cualquier percepción de que se usa la plataforma gubernamental para garantizar el apoyo o los fondos para las campañas pudiera malinterpretarse fácilmente”, dijo Shanahan. “El gobernador Bush esperaba que los empleados del gobierno hicieran el trabajo para cada ciudadano, cada floridano, lo mejor posible cada día. El personal pagado por la campaña realizó actividades de campaña”.

Taryn Fenske, directora de comunicaciones de DeSantis, sin embargo, ha argumentado que no hay nada malo en que el personal del gobernador divida su tiempo entre la campaña y la oficina del gobernador si lo hacen en “su tiempo libre”.

“Si el equipo ejecutivo quiere recaudar fondos, llamar a las puertas, o ser voluntario en su tiempo libre, más poder para ellos; tienen derechos de la Primera Enmienda como todos los estadounidenses”, dijo Fenske a NBC News cuando se le preguntó sobre los esfuerzos de recaudación de fondos del jefe de gabinete de DeSantis, James Uthmeier, para la campaña presidencial del gobernador.

Ese concepto es ajeno a varios ex altos funcionarios de los gobernadores republicanos de la Florida que coincidieron en que en su tiempo en el gobierno estatal había una separación clara entre el personal de la oficina del gobernador y el personal de campaña.

Navegando entre intereses políticos y estatales

DeSantis, por supuesto, no es el primer candidato que lanza una campaña presidencial mientras ocupa un cargo de elección.

Muchos presidentes recientes, de hecho, iniciaron sus candidaturas mientras ocupaban sus cargos, entre ellos Bill Clinton (gobernador de Arkansas), George W. Bush (gobernador de Texas) y Barack Obama (senador de Illinois). Todos los presidentes en ejercicio que se han postulado a la reelección han tenido que lidiar con la posibilidad de conflictos de interés.

En ocasiones, les ha metido en problemas: En 2019, el entonces presidente Donald Trump fue llevado a juicio político por la Cámara de Representantes federal, acusado de retener la ayuda militar a Ucrania hasta que proporcionara información perjudicial sobre el entonces candidato presidencial Joe Biden. Trump negó las acusaciones y calificó la impugnación de caza de brujas con motivaciones políticas.

El ex presidente fue finalmente absuelto por el Senado federal.

La Florida tiene un sistema de leyes y reglas destinado a proteger al público de un funcionario electo oportunista que use los recursos del gobierno para beneficio personal.

El miércoles, Fried, líder del Partido Demócrata del estado, presentó denuncias ante la Comisión de Ética de la Florida y la Comisión Electoral de la Florida en que acusó a tres empleados de DeSantis de solicitar contribuciones de campaña a cabilderos en violación de la ley estatal.

La ley estatal prohíbe a los funcionarios públicos usar su cargo gubernamental para solicitar contribuciones para cualquier fondo “con fines políticos” y les prohíbe participar “en cualquier campaña política para un cargo de elección mientras estén en servicio”.

El mismo día, un grupo de tendencia izquierdista, End Citizens United (ECU), presentó una denuncia ante la Comisión Federal Electoral (FEC) contra DeSantis y Never Back Down, un superPAC que apoya su candidatura presidencial. Alegó que el equipo de DeSantis transfirió ilegalmente $82.5 millones de un comité de acción política estatal al superPAC federal, facilitada por la decisión de la administración de DeSantis de cambiar discretamente algunas antiguas reglas electorales estatales.

“La transferencia de Ron DeSantis de estos fondos es una violación flagrante y atroz de la ley federal. Estas reglas están diseñadas para salvaguardar contra la influencia indebida sobre los funcionarios electos y la corrupción descarada”, dijo la presidenta de ECU, Tiffany Muller.

Las quejas se suman a una denuncia federal presentada por la organización sin fines de lucro Campaign Legal Center en mayo, que también acusó al comité de acción política estatal de DeSantis de violar las leyes electorales federales por la transferencia.

Un enfoque ‘torpe’

Darrell West, miembro senior del grupo de análisis Brookings Institution, con sede en Washington, dijo que estaba preocupado tanto por el reporte de que los miembros de la oficina oficial de DeSantis estaban presionando a cabilderos para obtener contribuciones de campaña como por la aprobación del gobernador de una ley que protegería a SpaceX de responsabilidad legal, diciendo que eran “torpes” y “problemáticos”.

Pero cualquier repercusión probablemente no tendría que venir del sistema legal, sino de los electores.

Sin embargo, para los expertos en ética gubernamental, demostrar un conflicto de interés es difícil, si no imposible en la mayoría de las situaciones, sin un testigo creíble o un correo electrónico o documento que lo demuestre.

“Generalmente se deja en manos del tribunal de la opinión pública porque las leyes sobre el cabildeo son muy vagas”, dijo West. “Es casi imposible condenar a alguien por algo”.

En parte, eso se debe a que las leyes de financiación de campañas de la Florida tienen zonas grises.

“La ley estatal es bastante clara en el sentido de que un candidato no puede, en la promoción de su candidatura, usar los servicios de ningún empleado estatal en horas de trabajo. La pregunta que se repite es: si no es durante las horas de trabajo, ¿aplica la misma prohibición? Los estatutos no son claros en eso”, dijo Meyer.

La ley de la Florida, por ejemplo, permite al gobernador usar aviones estatales para viajes políticos y personales por razones de seguridad, pero las campañas anteriores han reembolsado al estado por los viajes.

A medida que se intensifican los viajes de la campaña presidencial de DeSantis —que ocupan gran parte de sus semanas— aumentan las preguntas sobre si los fondos de los contribuyentes se están usando cada vez más para financiar sus viajes políticos. La oficina del gobernador y la de campaña no han respondido a las solicitudes de declaraciones sobre si la parte política ha reembolsado al estado por algunos de estos costos.

En el último mes, DeSantis ha hecho campaña en Iowa, Nueva Hampshire, Carolina del Sur, Arizona, Texas, Carolina del Norte, Oklahoma, Nevada y California. Se espera que continúe recorriendo los estados de votación anticipada, que su campaña ha identificado como clave para su camino a ganar la nominación del Partido Republicano para la presidencia en 2024.

“Los electores tienen que ser el juez definitivo sobre si creen que alguien ha actuado de forma inapropiada”, dijo Michael Thorning, director de democracia estructural en el Bipartisan Policy Center. “Y luego les corresponde a ellos decidir cómo responder. ¿Votarán por la persona o no?”.

Los estrategas del Partido Republicano dicen que el trabajo diario de DeSantis como gobernador presenta oportunidades y desafíos para su campaña presidencial. Por un lado, puede ser difícil hacer las dos cosas al mismo tiempo, lo que le obliga a elegir entre el desempeño de funciones oficiales y la realización de actividades relacionadas con la campaña, incluyendo recaudaciones de fondos y mítines en persona.

“Postularse para presidente es un trabajo a tiempo completo. Y punto”, dijo Alex Conant, que asesoró la campaña del senador Marco Rubio a la presidencia en 2016. “Tener un trabajo diurno mientras te postulas para presidente significa que tienes que sacrificar en un extremo o en el otro”.

Fenske, la directora de Comunicaciones del gobernador, sugirió que su personal también está dispuesto a hacer malabares con ambas posiciones. En una declaración proporcionada a NBC News, defendió el uso de empleados estatales para recaudar dinero para la contienda presidencial de DeSantis.

“El equipo del gobernador está 100% detrás de él en su contienda presidencial, porque sabemos el gran trabajo que ha logrado como gobernador”, dijo Fenske.

Gruters, el legislador estatal republicano, sin embargo, dijo que cree que el gobernador ha usado recursos públicos para beneficio personal, señalando su veto de millones en fondos para proyectos del distrito de Gruters.

En un mensaje de texto, Gruters concluyó que los vetos son el resultado de que DeSantis está “claramente molesto porque apoyé a Donald Trump para presidente y por eso se desquitó con la gente del Condado Sarasota”.

La oficina del gobernador no respondió a las acusaciones cuando se le pidió una declaración.

“Son actos mezquinos como este los que le están definiendo aquí y en todo el país”, añadió Gruters.