DeSantis demanda al gobierno federal, alega que interfiere en el proceso de acreditación universitaria

El gobernador Ron DeSantis dijo el jueves que ha demandado a la administración del presidente Joe Biden para evitar que las dependencias de acreditación tengan influencia sobre los institutos superiores y universidades de la Florida.

Al decir que los programas de acreditación son una afrenta a su poder ejecutivo, DeSantis dijo que la demanda se dirige al Departamento de Educación federal, el secretario Miguel Cardona y otros funcionarios federales.

“Rechazamos la idea que una dependencia de acreditación totalmente irresponsable, designada y no elegida pueda superar lo que está haciendo el estado de la Florida”, dijo DeSantis durante una conferencia de prensa en Tampa. “Estamos pidiendo al tribunal que falle que este acuerdo es inconstitucional”.

DeSantis citó a la Southern Association of Colleges and Schools, que acredita a las universidades en el sureste y ha cuestionado las acciones en las principales universidades de la Florida en los últimos años. Perder la acreditación pudiera resultar en una pérdida de fondos federales usados para becas estudiantiles y subvenciones al profesorado.

“Intentan meter el pico en diferentes cosas con todo esto”, dijo DeSantis sobre la asociación.

La demanda sigue a un período tenso entre la Florida y la Southern Association, que es el principal organismo regional de acreditación en 11 estados del sur. Hasta el año pasado, la organización acreditaba a las 12 universidades públicas del estado.

Pero funcionarios de la organización empezaron a plantear dudas en 2021, cuando el ex comisionado de Educación de la Florida, Richard Corcoran, ahora presidente interino del New College, fue añadido tarde en el proceso de selección a la lista de finalistas para ser presidente de la Universidad Estatal de la Florida (FSU). Los miembros de la Junta de Gobernadores, que supervisa el sistema universitario, empezaron a expresar su frustración, diciendo que la asociación se había extralimitado.

Poco después, la asociación inició una investigación en la Universidad de la Florida, investigando las acusaciones de interferencia política después que a un grupo de profesores de UF se les prohibió inicialmente testificar como expertos en casos contra el estado.

El año pasado, en una señal de resistencia de los líderes republicanos, la Legislatura aprobó una medida que obligaba a las universidades a encontrar un nuevo acreditador al final de cada ciclo de evaluación. El proyecto de ley también permitía a las universidades demandar a un acreditador por daños y perjuicios si creían que habían sido afectadas negativamente. Fue firmada por DeSantis.

Este año, esa ley se modificó para que las escuelas no tuvieran que cambiar de acreditador tras el cambio inicial. Para buscar un nuevo acreditador, una universidad de la Florida debe pedir primero permiso al Departamento de Educación federal.

Hasta ahora, la Universidad del Centro de la Florida (UCF) y la Universidad Politécnica de la Florida (FPU) han solicitado el cambio. Según un miembro del personal de la Junta de Gobernadores, los funcionarios federales de Educación hicieron preguntas de seguimiento en mayo y ambas escuelas están en proceso de redactar una respuesta.

La demanda de DeSantis, presentada en un tribunal federal de Fort Lauderdale, acusa al Congreso de ceder “un poder sin control a las agencias de acreditación privadas para que dicten normas educativas a los institutos superiores y universidades”.

“Para empeorar las cosas, los institutos superiores y universidades no pueden seleccionar libremente a sus maestros, ya que la ley federal les obliga a mostrar una ‘causa razonable’ para cambiar de acreditadores”, afirma la demanda. “El resultado es que las agencias de acreditación privadas disfrutan de un poder casi ilimitado sobre las instituciones estatales”.