Los desafíos de las OSC ante la nueva administración

“La política es el arte de disfrazar de interés general el interés particular”.

Edmond Thiaudière, escritor y filósofo francés

Se inicia la fase final del proceso electoral federal y en el discurso gubernamental predomina la polarización excluyente, que conlleva a la cancelación del espacio político para el diálogo y el acuerdo en beneficio del interés nacional, que por naturaleza necesita consenso en la diversidad.

Con esa orientación, la arquitectura política del gobierno se ha enfocado en descalificar o anular la acción de las organizaciones comunitarias y civiles que apoyan a los grupos sociales, impidiendo que se conviertan en actores de su propio desarrollo inclusivo.

Este enfoque no es nuevo: en el presupuesto 2019 que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió en diciembre de 2018 al Congreso se suprimía el 100 % de los recursos destinados al Programa de Coinversión Social (PCS), que en ese año obtuvo 187 millones de pesos para el apoyo al trabajo que realizan las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), todas ellas sin fines de lucro.

Sin embargo, el 14 de febrero de 2019, con el argumento de que las poco más de 40 mil OSC eran opacas y corruptas, el Mandatario giró una circular a todas las dependencias federales ordenando “no transferir recursos del presupuesto a ninguna agrupación social, sindical, civil o del movimiento ciudadano, con el propósito de terminar en definitiva con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción. Todos los apoyos para el bienestar del pueblo se entregarán de manera directa a los beneficiarios”.

A la distancia, lo anterior ha resultado en la pérdida de valiosas experiencias ciudadanas en la formulación de políticas públicas. En su lugar, se han fortalecido políticas clientelares que buscan crear ciudadanos dependientes de las autoridades, socavando la autonomía y el tejido social participativo y autogestionario. Se ha establecido una relación clientelar con las personas más vulnerables, reduciendo su esfera de derechos fundamentales a la simple transferencia económica periódica directa.

Esto sugiere un regreso a una época en la que la relación entre el gobierno y las comunidades se limitaba a la presentación de demandas por parte de los ciudadanos y la oferta de soluciones por parte del gobierno.

El actual es un momento crucial para que los candidatos a cargos de elección popular expliquen sus propuestas y planes para el futuro del país, y que, con la participación ciudadana, la clase política esté dispuesta y con altura de miras para transformar las formas de operar del gobierno y a legitimar los actos gubernamentales permitiendo una mayor influencia de todos los sectores sociales en el espacio público -entendido como aquello que es común, general y de interés para todos-, para la toma de decisiones colectivas con el objetivo de fortalecer la construcción de políticas públicas en beneficio del bien común.

Ante este panorama, la única alternativa viable es adoptar una actitud de resistencia, fortaleciendo a las comunidades para que puedan seguir articulando sus demandas desde lo local y construir experiencias multiplicadoras que desafíen las reglas del clientelismo y promuevan la autonomía. Este nuevo acuerdo en la relación gobierno-ciudadanía requiere un pacto renovado de toda la sociedad.

* Elio Villaseñor Gómez es director de Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A.C. (@Iniciativa_pcd).