El recambio político, con la asunción del presidente Javier Milei, reabrió el debate del rol que cumplen los registros de propiedad automotor, un negocio donde el Estado y entes privados mantienen una simbiosis que volvió a la Argentina el país más caro de la región para transferir el dominio de un auto usado. Bajo la premisa “¡Basta de papeles!” se reunieron hoy en el Congreso los diputados de distintos partidos que ya presentaron en el recinto proyectos de reforma de simplificación de trámites de compra y venta de vehículos.

Un argentino tiene que realizar 11 trámites o más para transferir el dominio de un particular a otro, que representa entre un 5% y 10% del valor total del auto. Triplica a lo que hay que desembolsar en Chile, el segundo más caro en la región y es el de mayor presión tributaria, porque se superponen el Impuestos al Sello, el Arancel de Transferencia e Ingresos Brutos. El incordio no es solo económico, sino que no es posible hacer toda la tramitación de manera online, ya que hay requisitos que se realizan en soporte papel y de manera presencial, como las presentaciones que deben realizarse en delegaciones policiales con el auto. En la reunión participaron los diputados Oscar Agost Carreño (Cambio Federal), Patricia Vázquez (PRO),  Martín Tetaz (UCR), y Daiana Fernández Molero, (Juntos por el Cambio) que elevaron sus propuestas a los referentes del sector automotriz y titulares de registros automotores.

La discusión giró sobre la problemática del acto registral, las transferencias, patentes y el sistema actual que los diputados consideraron “obsoleto, abusivo y poco transparente”. Hablaron también de la oportunidad para el planteo del tema ante lo que refirieron un cambio de criterio en lo qué es la estructura del Estado a partir del desembarco del nuevo presidente.

Las propuestas

“Hicimos una convocatoria el año pasado preguntando a los ciudadanos cuál era el trámite más inútil. Entre los más engorrosos surgieron todos los vinculados a los registros automotores por los costos innecesarios y la cantidad de burocracia”, dijo Tetaz. El diputado propone un modelo idéntico al de Nueva Zelanda donde se realiza 100% de manera  digital. “Se cargan los datos del auto, el libre deuda, los documentos correspondientes, se validan y automáticamente en cinco minutos ya está acreditada la transferencia del dominio. Proponemos algo parecido. No nos corresponde decir si tienen que cerrar los registros, no es lo que proponemos, no estamos en contra del trabajo de los empleados pero hay un avance tecnológico que permite acelerar los procesos y que la gente elija si prefiere acceder al registro tradicional o al digital”, agregó. El diputado propone además que el trámite sea gratuito.

En la Argentina originalmente se cobraba un canon fijo de transferencia que rondaba los 90 dólares, durante la presidencia de Carlos Menem se modificó el régimen para gravarlas en 1%. En el gobierno de Cristina Kirchner se elevó al 2% y siguió en aumento hasta la actualidad hasta alcanzar en algunos casos, y dependiendo de las particularidades del auto, entre el 6% y el 10% del valor del vehículo.

Por su parte el diputado Agost Carreño consideró que “hay una bomba que desarticular”, porque se llegó a un sistema que es opaco y poco transparente y que se tiene que resolver el problema de que las provincias y los municipios, con los registros de por medio, se quedan 7 de cada 10 pesos que entran al registro mediante impuestos. “Es kafkiano. Para desarmar la bomba hay que ver también el rol de los entes cooperadores, que generan otra caja, no pasan por la Auditoría General de la Nación, funcionan como fideicomisos y nadie los controla. No es transparente. Tenían que ser originalmente para hacer un fondo chico que colabore con el Ministerio de Justicia y se volvió una fiesta de fondos. Cada formulario es un costo más para el particular y plata que no entra al registro, sino a los entes cooperadores”.

Además de los registros de propiedad automotor en los trámites de compra y venta de auto intervienen otros actores privados, como la Asociacion de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), para el patentamiento de autos 0km, y la Cámara de Comercio Automotor en los trámites de 08 de los usados. Ambas entidades son privadas, pero fueron designadas como entes cooperadores del Estado.

Según refirió el diputado a una consulta de LA NACION, el Fondo Monetario Internacional, durante la presidencia de Mauricio Macri, marcó la existencia de los entes cooperadores como un problema importante. “No es que sean buenos o malos los entes, es cómo se utilizó este sistema que es opaco y sin trasparencia para los ingresos que entran al fideicomiso”, señaló.

“Es un tema constitucional que se tiene que resolver. La gran parte de la burocracia a su vez es por parte de la Unidad de Información Financiera, por las declaraciones juradas que hay que llenar para comprar el auto. ¿Es necesario pedir tanta información a un ciudadano que quiere comprar un auto? Hay que ‘despapelizar’”, agregó Agost Carreño.

Eliminación

De los tres proyectos, el de la diputada Vázquez es el único que propone eliminar la intervención de los registros automotores en estas operaciones. “La gente quiere que se elimine la intermediación de los registros automotores que es una invención argentina que no existe en ninguna parte del mundo. Al ciudadano de a pie le significa pasar por un engranaje que se puso por la sola razón política de justificar el privilegio de unos pocos, un negocio de políticos, familiares y amigos”, sostuvo Vázquez.

Y agregó: “Los encargados de los registros usufructuaron los beneficios de estos trámites en perjuicio de 46 millones de argentinos. Tiene que haber un período de transición para desmantelar este sistema para que, a partir de un año de la promulgación de la ley, se adapten todos los actores a un nuevo sistema”.

Entre los gastos que incurre el particular para transferir un auto se encuentran los gastos de registro, el impuesto al Sello, la certificación de firmas y distintos aranceles de transferencia, entre verificaciones policiales de chasis y patente, y el grabado de autopartes. La mayoría de los impuestos son indirectos, es decir que no fueron creados por ley, sino por decretos o resoluciones administrativas.

Vázquez se diferenció también de Tetaz al sostener que no puede ser optativo para el ciudadano elegir entre un sistema nuevo digital y el tradicional porque ambos no pueden coexistir. “Si lo hacemos optativo nos quedamos a media tinta y no resolvemos el problema. La transferencia tiene que ser online y breve como es en todas las partes del mundo. El cambio es operativo y cultural, estamos acostumbrados a trasladar al ciudadano los problemas que no resuelve el Estado y su ineficiencia”.

Por último la diputada propuso volver al arancel único. “Porque lo único que le pedimos al registro es que registre que hubo una compra y una venta. Es como inscribir el nacimiento de un hijo. Se inscribe, y el registro no tiene que hacer nada más. Pagar un arancel único por ese servicio es más que suficiente””, dijo.

Su proyecto fue respaldado por la diputada Fernández Molero que describió la economía argentina como cerrada y con exceso de regulación. “El tema ya está en la agenda pública y hay que hacer ruido  porque sabemos que es un problema para la gente y no se hace nada. Si en todos los países del mundo es un trámite fácil, acá tiene que ser igual. Hay una oportunidad enorme porque estamos en un momento en que se empezó a cuestionar la eficiencia del Estado y los privilegios que están concentrados en pocas personas y los costos están diluidos en todos los consumidores que son los ciudadanos argentinos”, concluyó Fernández Molero.