Este domingo se celebran lo que podrían ser las elecciones más importantes de este siglo en Venezuela, que según anticipan las encuestas podrían marcar el fin del régimen chavista tras 25 años en el poder, con Hugo Chávez primero y, tras su muerte en 2013, con Nicolás Maduro como presidente.

La gestión de Maduro está marcada por denuncias de violaciones de derechos humanos, sanciones internacionales, el colapso de la economía (el PBI se contrajo 80% en una década) y la migración de casi ocho millones de personas (la mayoría en edad productiva), que huyeron del hambre, la pobreza y la inseguridad.

Los altos índices de violencia, una inflación exorbitante (durante años el país sufrió hiperinflación), la represión del régimen y una grave escasez de alimentos y medicinas convirtieron la vida de millones de venezolanos en un calvario, especialmente en la última década bajo el gobierno de Maduro, lo que llevó a muchos a embarcarse en un éxodo masivo, con impacto en otros países de la región. Cuando Maduro llegó al poder, en 2013, Venezuela era el tercer país más rico de la región, con un PBI per cápita de 12.434 dólares, según los datos del Banco Mundial (BM). Tal como mide el Fondo Monetario Internacional (FMI), el PBI por paridad de poder adquisitivo per cápita, que permite comparar la capacidad de compra del consumidor, Venezuela con 8485 dólares es actualmente el cuarto país más pobre de América Latina, solo por detrás de Honduras, con 8136, Nicaragua, con 7502, y Haití, con 3107.

“Me fui de Venezuela por el temor constante con el que uno vive. Solo tengo recuerdo de vivir bajo el régimen chavista, pero la inseguridad se incrementó en los últimos años y el día que sufrí un intento de secuestro fue el disparador para mi exilio”, dijo Ana, una socióloga venezolana de 23 años que vive en la Argentina y que prefiere resguardar su identidad por miedo a que no le renueven el pasaporte.

Más allá de que Maduro, de 61 años, haya querido imitar a Chávez, en once años no logró cautivar a las masas como lo hacía el comandante bolivariano. “Chávez, con su carácter magnético, logró modificar para siempre el sistema bipartidista venezolano”, señaló a LA NACION Juan Negri, director de las carreras de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

Además, otra diferencia fundamental entre los mandatos de ambos son los recursos. “Chávez asumió en un momento donde el petróleo estaba en alza y gobernó durante un periodo de expansión económica muy significativo”, explicó Negri.

La debacle económica

Por el contrario, Maduro llegó al gobierno en 2013 en momento de una caída drástica de los precios de los commodities. “Su llegada no solo quedó pegada al colapso del sector petrolero en su forma más cruda, sino que también la economía de ese momento se vio golpeada por la cuasi desaparición del sector privado”, afirmó en diálogo con LA NACION el economista José Noguera. Tras su incursión en el poder, la política de confiscaciones de Chávez se detuvo, pero el daño ya estaba hecho y la debacle económica siguió su curso.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), entre 2013 y 2021 se registró una contracción acumulada de la economía del 76,1%.

Antes de la llegada al poder de Maduro, el tamaño de la economía venezolana era comparable al de una economía europea, como la de Bélgica o Dinamarca. Sin embargo el informe de desempeño macroeconómico de Venezuela de PNUD indica que actualmente el PBI per cápita se encuentra alrededor de los 2834 dólares, una cifra similar a las que exhibe el BM para países como Angola, con 2309, y el Congo, con 2508.

Con unos 300.000 millones de barriles, Venezuela cuenta con las mayores reservas de hidrocarburos en el mundo, pero la mala gestión y corrupción arruinaron el desarrollo. “La destrucción de la industria petrolera terminó de profundizar el proceso repentino de empobrecimiento del país, que a su vez se reflejó en la dramática salida de casi una cuarta parte de su población, con un éxodo de casi ocho millones de emigrantes hasta la fecha”, agregó Noguera.

En los once años de gobierno de Maduro, la economía sufrió una vertiginosa caída, con una infraestructura de electricidad y agua colapsadas. La industria privada está en sus niveles mínimos en un siglo, y la petrolera, su principal fuente de ingreso, está casi destruida con cientos de pozos petroleros cerrados y sus refinerías produciendo al 20% de su capacidad.

En 1998, cuando asumió Chávez, la producción petrolera de Venezuela era de 3,1 millones de barriles diarios, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Para marzo de 2013, esa producción había disminuido a 2,3 millones de barriles diarios, con una caída del 25%. Desde entonces, bajo el gobierno de Maduro, la extracción de petróleo en Venezuela continuó disminuyendo, alcanzando un mínimo histórico de 336.000 barriles diarios en junio de 2020, un nivel comparable al de principios de la década de 1940.

Según la última medición de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a pesar de una leve mejora registrada en el último año en la economía venezolana, el riesgo país (un indicador fundamental a la hora de buscar la inversión extranjera) de Venezuela supera los 30.000 puntos básicos, mientras que los de la Argentina y el Ecuador se ubican sobre 2000 y 1000 puntos básicos, respectivamente.

“A esto hay que agregarle el problema de la delincuencia que se hereda, la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas y la colaboración con los carteles de la droga, que tienen campamentos incluso dentro del territorio venezolano con el permiso del gobierno”, explicó Noguera.

Éxodo masivo

Bajo el mandato de Maduro, Venezuela experimentó la mayor migración en la historia contemporánea de América Latina. Según datos de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), 7,7 millones de venezolanos residen fuera de su país, lo que representa más del 22% de los 34 millones de habitantes proyectados por las autoridades venezolanas en el censo de 2011. Esta cifra supera a las olas migratorias de Siria, con 5 millones de personas, y de Ucrania, con 6,5 millones, ambos países que han sufrido conflictos bélicos durante años.

Investigado por crímenes de lesa humanidad

Desde 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó una misión internacional independiente con el objetivo de investigar las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas que se dieron en Venezuela desde 2014. En 2021, el fiscal de la Corte Penal Internacional, inició una investigación formal por supuestos crímenes de lesa humanidad relacionados con la represión de las protestas durante la crisis política de 2017. Con esta declaración, Venezuela se convirtió en el primer país de América Latina y uno de los pocos en el mundo en ser investigado formalmente por este tribunal internacional.

Durante años fue catalogado como uno de los países más peligrosos del mundo, cuando llegó a registrar una tasa de homicidios 91,8 por 100.000 habitantes entre 2016 y 2023, según el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), una ONG independiente.

El gobierno de Maduro rechaza consistentemente todas las acusaciones de presuntas violaciones a los derechos humanos, sosteniendo que las detenciones y los procesos llevados a cabo por los cuerpos de seguridad y las autoridades judiciales se realizan conforme a la ley.

Cerco sobre la oposición

La complicidad de los militares y los grupos de poder le permitieron a Maduro sostener su gobierno, con manifestaciones constantes que fueron reprimidas con violencia, además de opositores que terminaron presos o exiliados. Según la ONG Foro Penal, hasta mediados de este mes había en Venezuela 301 presos políticos, incluidos 93 que no fueron condenados, pero que llevan más de tres años sometidos a prisión preventiva.

Desde 2015, la oposición no tiene permitido participar en los procesos electorales y cada candidato que intentó hacerle frente a Maduro fue proscriptos, como pasó con María Corina Machado, quien había conseguido más del 90% de los votos en las primarias de la oposición, y su primera elegida para sustituirla, Corina Yoris. Finalmente, toda la oposición se unió detrás de la candidatura del exdiplomático Edmundo González Urrutia.

“La inhabilitación de María Corina y de Corina Yoris tenían que ver con la idea de que el chavismo jamás iba a aceptar enfrentar en campaña ni tener que negociar con el ala radical de la oposición. Si vas a una elección semicompetitiva donde sabes que corres un riesgo, tienes que prepararte a que cualquier negociación futura sea con los moderados”, explicó el reconocido consultor Luis Vicente León en una entrevista con LA NACION sobre la decisión de mantener a González Urrutia en la boleta.

La crisis económica y la erosión democrática derivaron en 2017 en una de las más importantes olas de protestas del país, y terminaron con un saldo de 163 muertos, 2977 heridos y 1351 detenidos, según el Foro Penal Venezolano.

Para 2019, miles de personas volvieron a congregarse en las calles del país caribeño para participar en masivas movilizaciones convocadas por la oposición contra el gobierno, al desconocer los resultados de las elecciones del año anterior, de las que la oposición decidió no participar a modo de boicot por la proscripción a sus principales candidatos.

En enero de 2019, cuando Maduro asumió su segundo mandato, Juan Guaidó -líder de la oposición en ese momento- se proclamó “presidente encargado” de la República, alegando que Maduro estaba usurpando el poder tras unas elecciones que la oposición consideraba fraudulentas y que no fueron reconocidas por Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y buena parte de los países latinoamericanos, entre ellos, la Argentina. Años después, Guaidó debió exiliarse por la persecución política.

“Lo que termina ocurriendo en estos regímenes competitivos autoritarios es que la cancha está bastante inclinada”, afirmó Negri.

Tanto organismos internacionales como gobiernos extranjeros tomaron medidas para castigar al régimen de Maduro. Las sanciones que impusieron los últmos tres gobiernos (tanto demócratas como republicanos), afectaron severamente la capacidad de producción del país, acelerando un proceso que ya venía desde entonces.

“Son precisamente estas sanciones las que le han dado a Estados Unidos las herramientas para negociar una transición a la democracia, a pesar de todas las irregularidades que todavía ocurren. Sin las sanciones, quizá ni siquiera hubiera elecciones este domingo”, dijo Noguera.

Para otros, las sanciones económicas de los gobiernos estadounidenses contribuyeron a reducir el poder adquisitivo de los venezolanos sin demostrar claros efectos en el poderío de Maduro. “Considero que las embestidas externas para limar el poder de Maduro son más padecidas por la sociedad que por el propio gobernante, el fortalecimiento de la posición interna de Maduro depende de otras cosas, fundamentalmente del apoyo de los militares y los empresarios locales ligados al poder”, opinó Negri.