PINAMAR.– A los gritos, por momentos con situaciones cara a cara con directivos, vecinos de este municipio se congregaron frente a la sede de la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar (CALP) para reclamar por los valores de facturas por consumo de energía eléctrica, que en domicilios particulares llegó a triplicarse y en el sector comercial escaló aún por encima de esos niveles.

Los pedidos de explicaciones, la exigencia de respuestas, las acusaciones por excesos y la comparación con distritos vecinos donde esos costos por usuario serían inferiores –también con prestaciones a cargo de cooperativas y en la mayoría de los casos con mismo proveedor– se cruzaron durante más de una hora y media en la que más de un centenar de personas manifestó su queja.

Los extremos iban desde quienes afirmaban haber recibido facturas de hasta seis ceros en períodos en los que las viviendas casi no han estado ocupadas, hasta familias humildes que vieron duplicados los valores y resultan un costo imposible frente a la merma de ingresos.

“Vayan a reclamarle a la Provincia y la Nación. Este no es el lugar porque nosotros no fijamos precio”, les respondió el presidente de la CALP, Bruno Nicolini, que durante casi media hora enfrentó a los vecinos más enardecidos y los invitó a que cada uno pase a revisar diferencias de facturación, por si existía algún error o necesitaban explicación de los nuevos valores. “Aplicamos la tarifa que fija la Provincia, no podemos intervenir nosotros”, dijo luego a LA NACION.

Si bien no estuvieron presentes entre el centenar de vecinos que se agolparon frente a las oficinas de la CALP, desde el sector de la hotelería también siguen con preocupación los números que reciben por consumos de servicio eléctrico porque crecen demasiado en temporada baja y el negocio tiene por estos tiempos pocos huéspedes. “Entre facturas que son millonarias y cuatro veces más altas que las del bimestre anterior y el aumento descomunal del impuesto inmobiliario, vamos a tener un invierno muy, muy difícil”, confió a LA NACION un empresario del sector.

Los presentes fueron expresión de unos 2000 usuarios que ya se anotaron en grupos de WhatsApp desde donde tienen en gestación un recurso judicial en procura de frenar lo que llaman “tarifazo”. “Hay que atacar las irregularidades”, dicen, y esperan por el asesoramiento de más abogados antes de avanzar con la presentación en tribunales.

Una vecina mostraba una factura de 138.000 pesos. No tenía consigo la anterior, pero afirmaba que tenía un consumo similar y que había pagado 22.000 pesos en el bimestre anterior. “Encima tengo 45.000 pesos de atrasos por punitorios de demora por algo que no puedo pagar en tiempo y forma”, aseguró.

Un jubilado y su esposa, que confirmaron que no pudieron aún cambiar la titularidad del servicio para conseguir beneficio de descuento por su condición, señalaron que pasó de un bimestre de 21.593 pesos a otro de más de 50.000. “Y no tenemos nada de calefacción eléctrica”, dijo él, y se preguntó cómo harán los vecinos, en algunos casos, barrios enteros recién construidos, que tienen todo su equipamiento a energía eléctrica ya que no cuentan con red de gas.

La convocatoria

La convocatoria a esta protesta se dio, como informó LA NACION, a partir de un primer posteo que hizo Ana Rosa Ponsiano, vecina desde hace más de 20 años y que optó por instalarse en Mar del Plata porque los costos de consumo eléctrico eran muchísimo más económicos.

La CALP, al igual que mayoría de los distritos de la zona, compran el suministro eléctrico a la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA). La excepción es Villa Gesell, que se provee de Camesa. Eso significa que todas aquellas tienen un mismo costo básico con valores únicos, establecidos por el Organismo de Control de Energía de Buenos Aires (Oceba) y que no pueden modificar.

Las variables se dan en algunos servicios adicionales que brindan. En el caso de Pinamar, en la misma factura se cobra el servicio de agua –que se aumenta cada dos meses y actualmente cuesta 113,14 pesos el metro cúbico– y cloacas. La propia municipalidad es clienta de la CALP en una única cuenta con la que paga el suministro para todos sus edificios y la iluminación pública.

“Somos conscientes que cualquier aumento impacta en el bolsillo de todos los argentinos, sabemos que la situación económica es compleja para todos los vecinos y comerciantes y atenta con llegar a fin de mes con esas obligaciones”, afirmó a LA NACION el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren. Pero aclaró que el aplicado por la CALP “fue proporcional al aumento del costo de energía y el valor de la distribución (VAD)”, por lo que insistió que el valor del kilowatt en este municipio “es el mismo que en cualquier otro distrito de la zona”.

“Hay algo concreto y es que aumentó el valor del kilowatt, y es algo que nosotros no podemos alterar”, explicó Nicolini a LA NACION. Señaló que el mayor impacto se da en el segmento comercial, donde el precio pasó de 33 a 113 pesos. En el caso de residentes domiciliarios, hay una escala de acuerdo con niveles de consumo y el salto, según el cuadro, es del doble al triple del valor anterior.

Reunión

A los vecinos les ofreció una reunión para el próximo miércoles con integrantes del consejo directivo de la cooperativa, y así quedó acordado. Se comprometieron a presentar facturas de municipios vecinos para comparar cuáles son los costos finales para el usuario a similares consumos.

La situación que se dio en la protesta despertó también algunas acusaciones y, además, especulaciones de algunas intencionalidades políticas. Hubo gritos contra la conducción de la cooperativa, reclamo de elecciones y renovación de autoridades, y algunos comentarios sobre fogoneos desde algún sector para que la protesta tome fuerza y volumen.

Entre los reclamos hubo un pedido para que, al menos hasta la reunión del miércoles, se suspendan los pagos. “Que primero nos expliquen”, insistieron algunos. Nicolini les rechazó la moción, pero recordó que tienen posibilidad de realizar pagos parciales, opción que no existe con empresas de mayor porte. “No podemos dejar de cobrar, lo van a terminar pagando los propios socios, que son los vecinos”, señaló a LA NACION y recordó que la CALP acumula una deuda de 2500 millones de pesos.

También sostuvo que, frente a la decisión de no pagar, no hay una política de corte de servicio inmediato. Dijo que a los 15 días de mora se hace el aviso y, tras un período similar, se puede ejecutar la medida. “De 50 avisos de corte que vencen se ejecutan cinco o seis por día, porque tienen mucho atraso”, confirmó.