Entrega de tierras en El Marquesado: reclamo de los vecinos para dar marcha atrás en Chapadmalal

MAR DEL PLATA.- Las tranqueras permanecen cerradas. Mínimo movimiento adentro y mucha inquietud de este lado más próximo a la ruta 11, donde vecinos merodean como guardias de paso repetido y así sostienen la lucha emprendida desde hace más de una semana para que el Estado dé marcha atrás con la entrega que hizo de esas 140 hectáreas de campo en El Marquesado a una poco conocida ONG marplatense, con fines de desarrollo agroecológico y permiso para construcción de viviendas, según consta en el convenio firmado entre las partes.

Este domingo por la tarde se repetirá la movilización de hace una semana, multitudinaria en aquella oportunidad, con apoyo de gente de Mar del Plata y Miramar, también de referentes de partidos de la oposición, para rechazar lo que se lee como un gesto político del gobierno del presidente Alberto Fernández nacional hacia una entidad alineada con el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que lidera Juan Grabrois.

Esta modalidad y ritmo de protesta acompañan la espera a lo que se resuelva en tribunales metropolitanos –la causa quedó en el juzgado a cargo de Alfredo Lijo- de una denuncia penal presentada esta semana por el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, contra el funcionario nacional que firmó la cesión de estas parcelas. Además, pide a la justicia que vuelvan a quedar bajo administración directa del Estado.

La toma de posesión se concretó el pasado sábado por la mañana, con el arribo intempestivo de dirigentes de la Asociación Civil Tercer Tiempo-Escuelas de Fútbol y Huerta Comunitaria, asesores legales y más de 50 personas que presionaron al cuidador del predio, Luis Boni, para que se retirara. “Me ofrecieron un millón y medio de pesos”, contó luego en sede policial. La situación inicial generó enfrentamientos y discusiones con vecinos y funcionarios del municipio de General Pueyrredón, todos sorprendidos por este abrupto y sorpresivo desembarco de desconocidos, en muchos casos vestidos con pecheras del MTE.

La documentación que presentaron es un acta firmada por el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Eduardo Albanese, en la que entrega por un plazo de 18 meses y en custodia a la citada ONG estas 140 hectáreas fiscales frente al mar, a la altura del kilómetro 551 de la ruta interbalnearia, que en su origen –hace más de 70 años- eran parte del desarrollo que comenzó con el complejo de hoteles de turismo social de Chapadmalal.

Grabois, que dijo no estar involucrado de manera directa con esta historia pero sí estar al tanto lo suficiente como para adherir a la causa, alentó este proyecto y aseguró en declaraciones radiales que se llevaba adelante “con apoyo del Conicet y la Universidad Nacional de Mar del Plata”.

Miguel Pereyra Iraola, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de esa casa de estudios, negó esta semana que haya algún tipo de participación o acompañamiento institucional para la pretendida obra de la Asociación Civil Tercer Tiempo. “Tenemos profesores abocados al asesoramiento en agroecología pero no es este el caso”, dijo a Radio Brisas y aclaró que quizás algún docente de la esta universidad pueda ser parte de aquella iniciativa “a modo personal”.

Roberto Citadini, sociólogo, ex profesor universitario y ex profesional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), acompaña a la mencionada ONG en este emprendimiento. En el Concejo Deliberante local, donde el conflicto por estas tierras de El Marquesado habilitó el uso de la denominada Banca 25 para fijar posturas encontradas, dijo que lo previsto allí es “un proyecto agroecológico de avanzada”. “No se van a hacer viviendas permanentes sino provisorias”, aseguró.

En el mismo recinto, en representación de los vecinos de El Marquesado y zona, expuso Diana Merino. “Tenemos mucho miedo de que la armonía actual se vea afectada por ese supuesto proyecto que no es claro en ninguno de sus puntos”, dijo.

En ese mismo ámbito se dio luego un cruce entre concejales del Frente de Todos y Juntos. Sol de la Torre, en representación del primer bloque político, acusó a un par del oficialismo local de haberle presentado en 2021 un proyecto similar para esas mismas tierras. Fernando Muro, blanco de esa denuncia y para aquella época secretario de Producción de la gestión de Montenegro, dijo que los que se intenta ahora “no tiene nada ver por las formas intempestivas en que se entregaron las tierras y sin siquiera notificar al municipio y los vecinos”.

Esta semana pasó por la ciudad el diputado nacional Cristian Ritondo, que cuestionó este proyecto, brindó su apoyo a Montenegro en el camino judicial emprendido y anticipó que pedirá que el titular de la AABE dé explicaciones por este caso en la Legislatura.

Según anticipó Maximiliano Álvarez, abogado que asiste a la ONG que tiene en custodia esas tierras, lo que se dio hasta el momento es la toma de posesión y el desarrollo del proyecto agroecológicos espera por sus tiempos. “Aguardamos por estudios que tienen que ver con las condiciones y aptitud del suelo”, dijo sobre estas tierras que están a 250 metros del mar y a las que se les atribuyen pocas condiciones para el cultivo. Boni, que desde 2010 estuvo al cuidado de ellas en representación de la denominada Fundación Justicia Social, allí solo criaba ganado.

Es una superficie de 1,4 millón de metros cuadrados a poco más de 1.500 metros al sur del complejo turístico de Chapadmalal y a unos cinco kilómetros del acceso a la localidad de Miramar.

Montenegro, en su denuncia penal, pide al juez Lijo que investigue al titular de AABE por incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica. Alega que la entrega de las tierras es “arbitraria” y para “beneficiar a sus amigos”. Refiere así a la ONG Tercer Tiempo, que preside Marcos Leonel Santucho y tiene actividad desde 2017. Su sede está en la calle De los Inmigrantes al 2600. Es un quiosco.