Los empleados del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) se enteraron como todos, cuando el vocero presidencial, Manuel Adorni, lo pronunció por televisión: “Estamos empezando con su cierre definitivo”.

“No sirve para nada”, sostuvo el funcionario en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada al anunciar la clausura de este organismo y que será el primero del “desmantelamiento” de los institutos que “son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante”. Fue una de las promesas de Javier Milei en campaña y una de las tantas medidas que buscaba aplicar el gobierno con la Ley Ómnibus que fracasó en el Congreso.

El desconcierto en el edificio que está en Avenida de Mayo 1401 –rodeado por andamios porque cuentan los empleados que se estaba cayendo la mampostería– es aún mayor porque ayer publicaron en el Boletín Oficial la designación de la interventora, María de los Ángeles Quiroga.

“Hoy vinimos todos contentos porque estaba la posibilidad de que la nueva interventora firmara resoluciones”, contó una empleada que prefirió no dar su nombre y que hace 14 años que trabaja en la mesa de entradas, donde atiende a quienes llegan para denunciar.

“Tampoco va a ser tan fácil. Hay que estar tranquila”, le dijo una de sus compañeras. Remarcan que el Instituto fue creado por la ley N°24.515 como entidad descentralizada en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional. Para cerrarlo, deberán derogar la ley.

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“El Inadi fue creado por ley y conforme convenciones internacionales, por lo tanto, su supresión se hará de la manera que corresponda de acuerdo a la legislación vigente”, difundieron en un comunicado desde el Gobierno e informaron que las funciones del organismo se llevarán a cabo a través del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona.

Reacciones

“¿Nos teníamos que enterar por la televisión? ¿No tenés cara para decirlo acá a los empleados que estamos hace años? Es una burla para nosotros, se nos están burlando en la cara”, dice Graciela Alar. Hace 15 años que trabaja en el organismo. Entró en administración, pasó por mesa de entradas y hoy está en el archivo. “Yo alquilo y tengo un hijo discapacitado. ¿Me voy a quedar en la calle? Todos los que estamos acá somos empleados de hace años, no somos ningún ‘ñoqui’. Somos seres humanos, somos gente. Nos tienen odio”, agregó la mujer que ayer había firmado la renovación de su contrato por tres meses más. “Diciembre y enero no cobré y venia a trabajar igual, porque lo necesito. Tuve que pedir un préstamo para pagar el alquiler”, relató.

Para el mediodía, mientras los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) tiraban panfletos por la calle, los empleados empezaron a reunirse en el hall de entrada. “Nos autoconvocamos porque esta es la puerta de salida. Si o si tienen que salir por acá”, explicó uno de ellos en referencia a las autoridades del organismo. La interventora recibió a algunos delegados de ATE y les informó lo que luego el Gobierno difundió en un comunicado: que harán una reestructuración a cargo de Cuneo Libarona.

El clima está espeso. Desde que Adorni hizo el anuncio todos estaban pendientes de sus celulares, decían quienes circulaban por los pisos del organismo, e incluso, había personas llorando.

“La gente acá no dejo de laburar, no es la primera vez que laburamos sin interventor. Yo hoy a la mañana firmé un dictamen”, comentó una empleada que prefirió resguardar su nombre.

“No me tomé vacaciones, porque no sabía qué iba a pasar. Quizás me iba y no podía volver nunca más”, agregó otra que se limitó a identificarse como F.

Incertidumbre

“Todo es tan violento porque es una incertidumbre. No vamos a poner las manos en el fuego por ninguna gestión. Quisieron hacer política, pero nosotros no hicimos política”, dijo otra que prefirió identificarse como A. “Hace más de 20 años que trabajo acá. Hemos pasado varios gobiernos. Cuando no había plata, seguíamos, compramos hojas con nuestro bolsillo”, agregó.

“A mí lo que me da pena son las personas. Todos los expedientes que tenemos son personas y el denunciante tiene una expectativa”, cerró.

Remarcaron, además, que la única función del organismo no es encargarse de las denuncias, sino también de la promoción de derechos y prevención, mediante cursos y capacitaciones dictados en escuelas, dependencias públicas y empresas. Cuenta con representación en todas las provincias.

“Es perverso e inconstitucional. Solo se puede cerrar con la intervención del Congreso”, apuntó Cristina Pérez, delegada de la junta interna de ATE. El lunes próximo harán un abrazo al organismo para reclamar que se preserven todos los puestos de trabajo. “Todo el Estado necesita reformularse, pero no cerrar”, agregó Julia Amore, responsable de Géneros y Diversidades del instituto.

El comunicado

De acuerdo al comunicado del Ministerio de Justicia actualmente son 355 empleados los que trabajan en el Inadi. Desde que empezó la gestión de Javier Milei el personal se redujo. Antes eran 430. Se pidió la renuncia a todos los delegados.

“El personal idóneo que trabaja en el Inadi y que realiza con responsabilidad y compromiso su trabajo será transferido al Ministerio donde trabajarán con orden, seriedad e idoneidad.”, difundieron desde esa cartera.

Agregaron que el organismo “contaba con una superestructura que no aseguraba que su trabajo fuera eficiente” y ejemplificaron: “Tenía 7000 expedientes sin trámite ni resolución, en los últimos dos meses ya se resolvieron 2000 de ellos”.

A su vez, Cúneo Libarona afirmó: “Respetaremos y ordenaremos todo lo concerniente a un derecho tan importante como es la no discriminación, ya elaboramos un protocolo de actuación e investigación y el régimen de educación general y capacitación que establecen las normas”.