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La investigación de la asonada de 2023 llega al núcleo más duro del bolsonarismo

Brasilia, 8 feb (EFE).- La investigación sobre la asonada de enero de 2023 en Brasil llegó este jueves al núcleo más duro de la ultraderecha y al propio expresidente Jair Bolsonaro, a quien se le prohibió salir del país y se le intimó a entregar su pasaporte.

Esas decisiones fueron adoptadas en el marco de un gran operativo policial ordenado por la Corte Suprema en el que fueron arrestados tres referentes del bolsonarismo y registrados los domicilios de otros 24, incluidos tres exministros y el exdiputado Valdemar Costa Neto, quien preside el Partido Liberal, que lidera Bolsonaro.

Uno de los detenidos es Filipe Martins, asesor para Relaciones Internacionales de la Presidencia en la gestión de Bolsonaro (2019-2022) y con fuertes y reconocidos vínculos con la ultraderecha que en Estados Unidos encabeza el expresidente Donald Trump.

Según el juez Alexandre de Moraes, a cargo de la investigación, el operativo se refiere, "específicamente", a hechos vinculados con "un intento de Golpe de Estado y abolición violenta del Estado de Derecho", asociado a lo ocurrido el 8 de enero de 2023.

En esa fecha, ocho días después de la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, miles de ultras asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado exigiendo que los militares derrocasen al Gobierno progresista.

Una conspiración anterior a las elecciones de 2022

La investigación, sin embargo, abarca hechos anteriores a ese día y contempla la sospecha de que los involucrados discutieron, antes de la toma de posesión de Lula, dictar un decreto anulando las elecciones que ganó el líder progresista para mantener a Bolsonaro en el poder.

El borrador de ese supuesto decreto planteaba además detener a dos magistrados del Supremo y al presidente del Senado y habría sido analizado directamente por el propio Bolsonaro cuando aún ejercía la Presidencia, según el despacho del juez.

Todo eso ocurrió en el marco de una difusión masiva de noticias falsas sobre un posible "fraude en las elecciones", cuyo objetivo final era "legitimar una intervención de las Fuerzas Armadas" y concretar un golpe de Estado.

De Moraes identificó, en lo que califica de presunta "organización criminal", varios "núcleos de actuación", entre ellos uno dedicado a promover la idea de una ruptura institucional entre los militares.

Entre los responsables estarían el exministro de Seguridad de la Presidencia, general Augusto Heleno, y dos extitulares de Defensa: los generales Paulo Sérgio Nogueira y Walter Braga Netto, en la época candidato a vicepresidente en la fórmula de Bolsonaro.

Todas esas articulaciones, según las sospechas, comenzaron en realidad antes de las elecciones de octubre de 2022, cuando ya todas las encuestas vaticinaban una victoria de Lula.

Bolsonaro acata en silencio y Lula lo involucra en el golpe

Bolsonaro no se pronunció sobre la operación y su abogado, Fábio Wajngarten, se limitó a anunciar en las redes sociales que, "en cumplimiento" de la orden judicial, el líder de la ultraderecha "entregará el pasaporte a las autoridades competentes".

En el momento del operativo policial, Lula daba una entrevista a una radio. En su primera reacción declaró que "es muy difícil para un presidente comentar asuntos que están bajo secreto judicial" y pidió que "no haya excesos y que se aplique el rigor de la ley".

Sin embargo, no se contuvo y dijo creer que Bolsonaro "debe haber participado en la construcción de esa tentativa de golpe", que "no hubiera ocurrido" sin su participación.

Aún así, consideró que es necesario "esperar" el resultado de la investigación y subrayó: "El dato concreto es que hubo una tentativa de golpe, hubo una política de faltar el respeto a la democracia, una tentativa de destruir el proceso democrático, y esa gente tiene que ser investigada".

Eduardo Davis

(c) Agencia EFE