Senado avala la Ley Silla; busca cuidar a quienes laboran de pie

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 21 (EL UNIVERSAL).- El Senado de la República aprobó por unanimidad de 82 votos la llamada Ley Silla, que busca proteger la salud de los trabajadores para no permanecer de pie durante largas jornadas laborales.

El dictamen, que modifica el artículo 133 constitucional, obliga a los patrones a proveer asientos o sillas con respaldo a personas que laboran en sectores de servicios, comercio o análogos, a fin de garantizar el descanso periódico en la jornada de trabajo.

Desde tribuna, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Napoleón Gómez Urrutia, destacó que en caso de que se viole esta disposición legal, se deberán aplicar sanciones que van desde 250 hasta 2 mil 500 veces la Unidad de Medida de Actualización, equivalente a más de 270 mil pesos, y en caso de reincidencia, se podría llegar a la suspensión temporal de actividades.

"La Ley Silla es una respuesta clave a esta problemática, busca establecer el descanso periódico, obligatorio y prohibir la obligatoriedad de permanecer de pie en los centros de trabajo, especialmente aquellos en la industria de la moda y tiendas departamentales donde las condiciones de precariedad laboral en ese aspecto son más acentuadas", explicó el senador morenista.

La senadora de Movimiento Ciudadano Patricia Mercado señaló que prohibirle a un trabajador sentarse, representa "un supuesto inhumano", en el que la salud pasa a un segundo plano ante la exigencia de una empresa, por lo que consideró que esta reforma tendrá efectos positivos en la vida laboral de las personas y en su bienestar.

El panista Alfredo Botello Montes criticó que estas reformas sólo atiendan a quienes prestan sus servicios en empresas particulares y no a los trabajadores del Estado. En este sentido, consideró que el Senado debe "poner el ejemplo" y aplicar esta ley a funcionarios que laboran en las áreas de resguardo parlamentario, limpieza y elevadores.

En la discusión de esta reforma se destacó que las fracciones que la iniciativa busca reformar no han experimentado cambios desde 1970, un retraso de más de 53 años en la actualización de esta materia. El dictamen aprobado fue remitido a la Cámara de Diputados para su análisis.