Seguirán suspendidos los fideicomisos del PJF

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 16 (EL UNIVERSAL).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó mantener suspendido el traspaso de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), que en conjunto rebasan los 15 mil millones de pesos, a la Tesorería de la Federación, para programas sociales.

Por mayoría de cuatro votos contra uno, la Segunda Sala de la SCJN rechazó revocar la suspensión definitiva con efectos generales, que mantiene congelada la eliminación de los fondos aprobada por senadores y diputados de Morena y sus aliados el año pasado.

Los ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek votaron en contra del proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien propuso levantar la suspensión concedida el año pasado al exmagistrado Filiberto Javier Mijangos Navarro, quien se inconformó contra la desaparición de los fideicomisos, al considerar afectadas sus prestaciones y remuneraciones.

En consecuencia, el asunto fue returnado al ministro Luis María Aguilar Morales, de acuerdo con el sistema de asignación de asuntos, quien elaborará un nuevo proyecto tomando en cuenta el criterio de la mayoría.

Al pronunciarse a favor de revocar la suspensión "otorgada de manera incorrecta", la ministra Lenia Batres Guadarrama expuso que la jueza que concedió la suspensión con efectos generales al quejoso se extralimitó y causó perjuicio al interés social contraviniendo el orden público, "dado que priorizó intereses propios a los de la población al impedir que los recursos de los 13 fideicomisos se destinaran a atender los daños y desastres ocasionados por el huracán categoría 5 Otis en el estado de Guerrero", como lo aprobaron los diputados y senadores en noviembre de 2023.

Sostuvo que no es posible —en el sistema del juicio de amparo— conceder suspensiones con efectos generales, ya que no se puede proteger a personas que no acudieron al amparo y mucho menos mediante un auto de suspensión que se irradie más allá de los sujetos procesales (salvo los casos de interés legítimo en los que se defienden derechos económicos, ambientales, sociales y culturales).

"En este caso se trata de una extralimitación de la jueza en la materia y más aún, en esta suspensión otorgada de manera excesiva, considero que se hizo en perjuicio del interés social y contraviniendo el orden público, dado que la jueza priorizó intereses propios que los de la población al impedir que los recursos de los 13 fideicomisos se destinarán atender los daños y desastres ocasionados por Otis en el estado de Guerrero, como dispuso el Congreso de la Unión mediante decreto de 25 de noviembre de 2023", señaló la ministra Batres.

Dijo que los derechos adquiridos de los trabajadores en activo y jubilados del Poder Judicial de la Federación están protegidos por el artículo tercero transitorio del decreto que ordenó desaparecer estos fideicomisos, por lo cual la medida no le causa daño alguno al promovente del amparo, un magistrado en retiro.

Sin embargo, el ministro Luis María Aguilar Morales rechazó que se haya afectado el interés social con el otorgamiento de la suspensión al exmagistrado, pues, argumentó, "el fin que se le pretende dar a los fondos que conforman los fideicomisos, podría obtenerse de las partidas presupuestales que sin duda tiene a su disposición el Ejecutivo federal, además procesalmente este no es el momento para analizar si se vulneran o no esos derechos, pues eso corresponde en todo caso al fondo del juicio de amparo".

Aguilar Morales añadió que para preservar la materia del juicio, era "necesario suspender los efectos del decreto impugnado y mantener el actual funcionamiento de los fideicomisos, pues de no concederse la suspensión el juicio de amparo perdería toda finalidad y materia".

La ministra Lenia Batres Guadarrama presentó un proyecto de resolución sobre el recurso de revisión que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados tramitaron contra la suspensión definitiva que la juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos concedió al exmagistrado Filiberto Javier Mijangos Navarro, contra la desaparición de los fondos aprobada por diputados y senadores, en noviembre del año pasado.