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Lo que hay que saber sobre la ley federal que constituye el fondo del caso más reciente sobre el aborto en la Corte Suprema de Estados Unidos

Una sala de urgencias del Centro Médico Maimonides de Brooklyn, el 2 de noviembre de 2022. (Hiroko Masuike/The New York Times)
Una sala de urgencias del Centro Médico Maimonides de Brooklyn, el 2 de noviembre de 2022. (Hiroko Masuike/The New York Times)

Uno de los campos de batalla más recientes en el debate sobre el aborto es una ley federal de hace décadas llamada Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto, conocida por los médicos y los responsables de la política sanitaria como EMTALA, por su sigla en inglés.

La cuestión es si la ley obliga a los servicios de urgencias de los hospitales a practicar abortos en circunstancias de emergencia, como cuando la salud de la mujer se ve amenazada por la continuación del embarazo. Pero, como ocurre con muchos argumentos relacionados con el aborto, esta cuestión podría tener implicaciones más extensas. Algunos juristas afirman que podría determinar hasta qué punto pueden ser restrictivas las leyes estatales sobre el aborto y si los estados pueden impedir que los servicios de urgencias presten otros tipos de atención médica, como tratamientos de reafirmación de género.

El gobierno de Biden se encuentra inmerso en batallas legales con los estados de Texas e Idaho. La Corte Suprema aceptó revisar el caso de Idaho.

¿Qué hace la ley?

La Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto, que se promulgó en el Congreso en 1986, exige que los hospitales de todo el país les garanticen a todos los pacientes un estándar de atención médica urgente, sin importar si tienen seguro o pueden pagar. La ley, que se promulgó ante la preocupación de que los hospitales no examinaran, trataran o trasladaran correctamente a los pacientes, es aplicable a cualquier hospital que reciba fondos de Medicare y tenga un servicio de urgencias, es decir, la mayoría de los hospitales de Estados Unidos.

De manera específica, la ley establece que si un paciente llega a un servicio de urgencias con una “afección médica urgente”, los hospitales deben proporcionarle tratamiento para estabilizarlo o trasladarlo a un centro médico que pueda practicarlo. Los hospitales que infrinjan la ley pueden enfrentarse a consecuencias como multas y la exclusión del financiamiento de Medicare.

¿Qué relación tiene esto con el aborto?

La ley no menciona el aborto ni tampoco especifica los tratamientos para las afecciones médicas urgentes. Solo exige que los hospitales usen estrategias médicas aceptadas para todos los pacientes. Pero poco después de que la Corte Suprema anuló el derecho nacional al aborto en junio de 2022, el gobierno de Biden emitió un memorando en el que decía que la EMTALA aplica en casos en los que el aborto es necesario para estabilizar a la paciente.

“Si un médico cree que una persona embarazada que llega a un departamento de urgencias presenta una afección médica urgente como se define en la EMTALA y el aborto es el tratamiento necesario para estabilizarla y resolver esa afección, el médico debe proporcionar el tratamiento”, afirma el memorando. “Cuando una ley estatal prohíbe el aborto y no incluye una excepción para la vida de la persona embarazada —o establece la excepción de forma más restrictiva que la definición de urgencia médica de la EMTALA— esa ley estatal queda invalidada”.

Los procuradores generales de Idaho y Texas han dicho que las prohibiciones al aborto en sus estados no violan la EMTALA, que exige que los departamentos de urgencias estabilicen tanto a una mujer embarazada como a un “niño no nacido”.

“El gobierno federal se equivocó desde el primer día”, dijo en una declaración el fiscal general de Idaho, Raúl Labrador, sobre la decisión de la Corte Suprema de analizar el caso relacionado con su estado. “La ley federal no prevalece sobre la Ley de Defensa de la Vida de Idaho. De hecho, la EMTALA y la ley de Idaho comparten el mismo objetivo: salvar la vida de todas las mujeres y de sus hijos no nacidos”, afirmó.

¿La EMTALA se ha aplicado en casos en los cuales es necesario un aborto?

El año pasado, en el primer caso desde la revocación de la ley Roe contra Wade, el gobierno federal dictó que un hospital de Misuri y otro en Kansas no habían proporcionado la “atención médica necesaria para estabilizar” a la paciente conforme a la EMTALA cuando se le negó el aborto a Mylissa Farmer, cuya fuente se rompió a las 17 semanas de gestación, que es menos de la mitad del periodo total de gestación. En cada uno de estos hospitales, los médicos le dijeron a Farmer que el feto no sobreviviría porque se había perdido líquido amniótico y que si no se interrumpía su embarazo, podría desarrollar una infección grave e incluso perder el útero. Pero como el feto todavía presentaba actividad cardiaca, los médicos no interrumpieron el embarazo.

Farmer acabó yendo a Illinois para practicarse un aborto. El National Women’s Law Center denunció a los dos hospitales ante los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por su sigla en inglés). La agencia determinó que los hospitales habían “violado las protecciones de la EMTALA diseñadas para proteger a pacientes como ella” y les pidió planes correctivos.

En septiembre, el Center for Reproductive Rights presentó una denuncia sustentada en la EMTALA en nombre de una mujer de Oklahoma, Jaci Statton, a la cual se le negó un aborto por una afección conocida como embarazo molar parcial, en la que es muy poco probable que el feto sobreviva y la salud de la madre puede verse amenazada.

Sin embargo, tras investigar el caso, los CMS emitieron una carta en la que decían que “no confirmaban una violación” de la EMTALA. Aunque la agencia no mencionó el motivo, los registros médicos proporcionados a The New York Times sugieren que su experiencia en el sistema de salud de Oklahoma puede haber coincidido exactamente con el patrón de una violación de la EMTALA.

En los registros, un hospital registrado en el sistema indicó que su departamento de urgencias la había estabilizado y transferido a otro de los hospitales del sistema, donde estuvo internada por un día y fue atendida por un médico especialista en medicina materno-fetal. El médico escribió que aunque las posibilidades del feto eran precarias y la paciente sufría hemorragias y náuseas, la ley de Oklahoma solo permitía abortar si existía “una amenaza inmediata para la vida de la madre”.

El médico añadió: “Por lo tanto, no podemos interrumpir el embarazo”, y señaló que “la interrupción puede llevarse a cabo en otro estado donde el procedimiento sea legal”. Entonces, Statton viajó 289 kilómetros para abortar en una clínica de Kansas.

¿Qué motiva las demandas de Texas e Idaho?

Texas demandó al Departamento de Salud y Servicios Humanos, una entidad federal, en julio de 2022, con el argumento de que el memorando de la agencia sobre la EMTALA “obligaría la práctica de abortos” en los hospitales del estado, en violación de la prohibición estatal. Un tribunal federal de distrito falló a favor de Texas. El gobierno de Biden apeló. En enero de 2024, el Tribunal de Apelaciones para el 5º Circuito de Estados Unidos confirmó la sentencia del tribunal de distrito, lo cual imposibilita, por ahora, que el gobierno federal aplique la EMTALA en Texas cuando los médicos consideren que las mujeres necesitan abortos de emergencia.

El gobierno de Biden presentó el caso de Idaho ante la Corte Suprema. El Departamento de Justicia presentó una demanda en agosto de 2022 en la cual alegaba que la prohibición al aborto en el estado violaba la EMTALA porque hacía excepciones solo para abortos “necesarios para evitar la muerte de la mujer embarazada”, pero no atendía las amenazas a la salud de la mujer.

“Incluso en situaciones graves que podrían acogerse a la defensa afirmativa limitada de la ley de Idaho ‘necesaria para evitar la muerte de la mujer embarazada’”, mencionaba la demanda del gobierno federal, “algunos proveedores podrían negar la atención basándose en un temor bien fundado a ser procesados penalmente”.

Poco después de la presentación de la demanda, un juez federal de distrito dictó una orden preliminar que bloqueaba parcialmente la prohibición estatal. El otoño pasado, una sala de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, dejó en suspenso la sentencia del tribunal inferior y restableció la prohibición del aborto, alegando que la Corte Suprema de Idaho había interpretado la prohibición para dar a los médicos más flexibilidad a la hora de decidir cuándo es necesario interrumpir un embarazo para salvar la vida de las mujeres. Pero en diciembre, un panel de 11 miembros del tribunal de apelaciones bloqueó temporalmente la ley a la espera de una apelación.

Idaho solicitó la intervención de la Corte Suprema y el máximo tribunal restableció la prohibición del aborto y dijo que escucharía los argumentos del caso en abril.

c.2024 The New York Times Company