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El régimen de Maduro carga contra la familia de la experta en temas militares Rocío San Miguel

Rocio San Miguel, presidente de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional
Rocio San Miguel, presidente de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional - Créditos: @Fernando Llano

A la revolución bolivariana no le parecía bastante con desaparecer durante tres días a Rocío San Miguel, presidente de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Cinco de sus familiares más cercanos, incluida su hija, Miranda Díaz San Miguel, también permanecen en manos del régimen tras ser capturados en las últimas horas.

“Rocío San Miguel sigue desaparecida, no sabemos su paradero. Hemos visitado varios sitios de reclusión y ninguno da una respuesta definitiva. Hemos presentado un recurso de habeas corpus”, informó ayer el abogado defensor Juan González Tuagarico desde las afueras del siniestro Helicoide, sede de la policía política del chavismo, después de visitar sin éxito otros presidios y comisarías. En otras ocasiones el chavismo ha usado casas clandestinas para realizar interrogatorios, salpicados de torturas y malos tratos, recogidos en los informes de Naciones Unidas.

González advirtió en la mañana que Miranda no contestaba al teléfono , para confirmar más tarde que también se encontraba “desaparecida”. Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) capturaron a madre e hija el viernes en el aeropuerto internacional de Maiquetía cuando se disponían a salir de viaje, pero la joven quedó libre horas después. Pero nada se sabe de ella desde ayer, cuando acudió al aeropuerto a recuperar sus valijas, acompañada de su padre, el exmarido de San Miguel, Víctor Díaz Paruta.

A Miguel Ángel y Alberto San Miguel, hermanos de una de las más relevantes figuras de la sociedad civil venezolana, los fueron a buscar a su casa, donde también quedó detenido otro familiar, Alejandro González Canales.

“Exigimos la liberación inmediata e incondicional de Rocío San Miguel y su familia, detenidos de forma arbitraria en Venezuela”, alertó ayer Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional (AI).

La única información oficial conocida la suministró ayer el fiscal de Maduro, Tarek William Saab, quien a través de sus redes sociales aseguró que San Miguel está presuntamente vinculada a la “trama conspirativa e intento de magnicidio denominado Brazalete Blanco”, una de las cinco supuestas conspiraciones contra Maduro denunciadas por la revolución como justificación para emprender la última embestida contra opositores, sindicalistas y ONGs.

Además de San Miguel, tres jefes regionales (Juan Freites, Luis Camacaro y Guillermo López) del partido de María Corina Machado, Vente Venezuela, y el líder de los maestros, Víctor Venegas, están detenidos desde hace 20 días acusados de participar en las mismas conspiraciones.

El chavismo también acusó a la activista de derechos humanos Tamara Suju y a la periodista especializada en temas militares Sebastiana Barráez de participar en los mismos complots, que también ha supuesto la purga de 30 uniformados. Las dos mujeres están en el exilio.

“Lo que ha dicho el fiscal no soluciona absolutamente nada, porque no aclara qué órgano policial detuvo a San Miguel, ni a la orden de qué tribunal está ni tampoco qué fiscal dirige la investigación”, advirtió el abogado González.

Naciones Unidas ha denunciado en reiteradas ocasiones el patrón que sigue la revolución en contra de las familiares de presos, especialmente los militares, que son hostigados, perseguidos e incluso encarcelados. Varios casos emblemáticos jalonan los informes de las organizaciones de derechos humanos. A esta práctica se la denomina “sippenhaft”, que ya usaban los nazis para extender a los familiares el castigo que imponían a los “enemigos” del régimen.

Se da la circunstancia de que San Miguel cuenta con medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fueron recordadas ayer por el propio organismo. La CIDH condenó la “desaparición forzada” de San Miguel e “instó al Estado a informar sobre su paradero y asegurar el respeto a sus garantías judiciales y presunción de inocencia”.

Más de 200 organizaciones de la sociedad civil y 415 líderes sociales unieron sus voces de protesta en un comunicado hecho público ayer, en el que también exigen la libertad de San Miguel y sus familiares. La Embajada para Venezuela de Estados Unidos insistió en que estas detenciones “aparentemente arbitrarias de actores democráticos siguen una tendencia preocupante. Nos unimos a la comunidad internacional para instar a la liberación de todos los presos políticos y el retorno a los compromisos establecidos en el Acuerdo de Barbados”.

El uso de “aparentemente arbitrarias” en el comunicado estadounidense provocó gran malestar entre dirigentes y activistas. “Detener sin pruebas a una activista de derechos humanos no es ´aparentemente arbitrario´ , es tiránico. Detener a su familia como medida de presión es cruel e inhumano”, reaccionó el dirigente Juan Pablo Guanipa.

Los últimos acontecimientos en Venezuela provocaron el rechazo de parte de la comunidad internacional, con el presidente uruguayo a la cabeza. Luis Lacalle Pou aseguro vehemente que “es claro, yo creo que rompe los ojos. Es una dictadura y no hay elecciones libres. Hoy (por ayer) ustedes se enteraron de otra persona detenida injustamente. El que no lo quiere decir, por algo es, porque si ladra, tiene cuatro patas y mueve la cola y alguien me dice que no es un perro por algo será”.

La respuesta desde Caracas, en boca de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, no tardó en llegar: “Lacalle Pou tiene cara de lacayo, se dobla y mueve la cola”.

El gobierno uruguayo llamó a consultas a su embajador en Caracas después de que el Tribunal Supremo chavista confirmara la inhabilitación de la líder opositora, María Corina Machado.