Una abogada argentina recibirá este año el galardón de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el que el director general de ese organismo reconoce logros para controlar la epidemia de tabaquismo, según se informó hoy. Gianella Severini, de 32 años, recibirá el premio en la sede argentina de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el jueves de la semana que viene, previo al Día Mundial sin Tabaco.

Resaltaron para la elección de la abogada de 32 años, oriunda de Neuquén, al Premio Especial del Director General de la OMS “su labor desde la coordinación legal de [Campaign for] Tobacco-Free Kids (CTFK), donde se ha destacado como una mujer líder prominente en América Latina convirtiéndose en una de las personas más influyentes en cuestiones legales relacionadas con el control del tabaco en la Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, México, Perú, Uruguay y otros países. Su asesoramiento estratégico sobre legislación y litigios ha sido crucial para defender las leyes y resistir la interferencia de la industria tabacalera en varios países”.

Entre los que han recibido la distinción están Tabaré Vázquez, expresidente de Uruguay, el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) y FIC Argentina. Severini es una de las personas más jóvenes en recibir la medalla que concede Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Cuando se mira cómo fumar impacta en la salud de los argentinos desde el gasto que genera para el sistema sanitario, cualquier otro argumento empieza a perder fuerza. El año pasado, durante una reunión de la sociedad civil con autoridades sanitarias y legisladores a 12 años de la sanción de la Ley Nacional de Control de Tabaco, se informó que el país estaba destinando cada año a la atención de las enfermedades que están asociadas de manera bien documentada (infarto, cánceres, neumonía, accidente cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o discapacidad, entre otras) a un monto en miles de millones de pesos que podría compararse con el presupuesto anual destinado al Ministerio de Salud.

“La prevalencia de consumo de cigarrillo sigue siendo alta en la Argentina con respecto de otros países. Con los nuevos productos emergentes [cigarrillo electrónico, tabaco calentado, bolsitas de nicotina o pouches] que se están comercializando con el argumento de que son menos dañinos o con una falsa estrategia de reducción de daños se cae en la contradicción de que la propia industria que generó el problema de salud pública nos quiere hacer creer que, ahora, trae la solución”, plantea Severini.

El perfil

Egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, Severini también es magíster en Derecho a la Salud Global por la Universidad de Georgetown, con especialidad en Derechos Humanos y Comercio Internacional, y magíster en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional por la Universidad de Génova.

Su tarea a diario se orienta a la protección del derecho a la salud y, en especial, en lo que se refiere a las enfermedades crónicas no transmisibles. Pone especial énfasis en cuidar la salud de los chicos y adolescentes a través de la prohibición de la publicidad y la promoción de los productos para fumar o vapear, ya sea en quioscos como a través de medios electrónicos.

Trabajó en la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) Argentina, en el Instituto para el Derecho a la Salud Nacional y Global O’Neill de la Universidad de Georgetown. Es coordinadora legal de CTFK, entidad con sede en Estados Unidos, y en la organización Global Health Advocacy Incubator (GHAI). Es cocoordinadora en la región de la Alianza Global de Control de Tabaco y cofundadora de la red de jóvenes latinoamericanos CREA.

Asignaturas pendientes

En diálogo con LA NACIÓN, repasa que el país tiene tres tareas pendientes. La primera que menciona es la ratificación del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la OMS, ya que la Argentina es uno de los pocos entre más de 180 estados que lo suscribieron que todavía no cumplió con ese compromiso.

La segunda es la prohibición por completo de la publicidad, la promoción y el patrocinio tanto para el cigarrillo convencional como los productos emergentes de tabaco y nicotina, con un seguimiento para que se cumplan. “Podes tener la mejor norma, pero sin control no funciona”, plantea. “La venta de cigarrillos electrónicos no está permitida por la Anmat, pero no se monitorea esa prohibición como corresponde por lo que la población tiene acceso”, dice.

La última es el aumento de los impuestos al tabaco, “la medida más costo efectiva” de salud pública para desalentar el consumo a través de la suba del precio de venta. Considera, a la vez, que “sería una catástrofe” si se elimina el impuesto mínimo a la venta de cigarrillos (un monto fijo del precio que se actualiza por inflación) en el capítulo de la Ley Bases sobre al impuesto al tabaco porque eso haría aún más accesible el consumo.

“Los estándares normativos de salud pública para controlar la epidemia global de tabaquismo están no solo en recomendaciones internacionales, sino que existe un tratado internacional como es el CMCT, a diferencia de lo que ocurre con otras áreas de salud pública, como las políticas de alimentación. Es decir que no solo existe la evidencia a nivel mundial, sino que normativamente se sabe qué hacer –plantea Severini–. En la Argentina, el lobby de la industria tabacalera es muy fuerte. También existe en otros países, pero, acá, el nivel de interferencia en las políticas es muy alto: no tenemos una ley de lobby, como Chile, ni otros mecanismos suficientes para regularla. Las provincias productoras del norte se alinearon en contra de la ratificación del CMCT y no se está dando una conversación pública sobre los beneficios que tendría [ratificarlo] para el país en su conjunto. Hay numerosos países productores que lo han hecho, como Brasil, que es uno con mayor producción mundial.”

Los argumentos que surgen para frenar restricciones suelen ser el de la libertad comercial, cuando se trata, por ejemplo, de prohibir la exhibición de los productos de tabaco entre las golosinas en los quioscos y cerca de las escuelas, y el de la autonomía personal para fumar de parte de consumidores. “Todas las políticas de salud pública buscan proteger derecho a la salud de la población. Las leyes de control de tabaco no buscan prohibir el consumo, sino que regulan dónde hacerlo y buscan que menos personas comiencen a fumar y se reduzca el inicio en el consumo. Las personas adultas son libres de decidir si fumar o no. El problema aparece cuando se daña a un tercero expuesto, como ocurre con el humo en un espacio cerrado. Inevitablemente, el Estado debe proteger a ese tercero para que la autonomía personal no perjudique el derecho de otros”, fundamenta Severini.

Publicidad

En el caso de la publicidad, según continúa, “el problema está cuando llega a una población vulnerable, como los chicos, muchos de los cuales no han fumado y no reconocen el componente persuasivo en lo que ven, ni tienen las herramientas para saber que su consumo puede causar un daño grave a la salud”. En este caso, explica que la prohibición de esa publicidad está restringiendo una libertad comercial, no de expresión, a favor del derecho a la salud, con rango constitucional superior.

“Ya lo definió la Corte Suprema en un planteo de una empresa contra Santa Fe. Se regula la conducta de un privado para proteger la salud general –dice–. Lo mismo se aplica al lugar de exhibición de paquetes en un quiosco: si está junto a golosinas, los chicos asocian que no es dañino. El Estado argentino se comprometió a respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud al ratificar numerosos tratados de derechos humanos.”

Esta mañana, la OMS presentó el informe mundial sobre el crecimiento que está teniendo el consumo de productos de tabaco en los menores. Ruediger Krech, director de Promoción de la Salud de la OMS, señaló durante la conferencia de prensa en la que participó LA NACIÓN, que se estima en unos 37 millones los adolescentes de entre 13 y 15 años que utilizan esos productos, con países en los que el uso del cigarrillo electrónico en ese grupo ya supera al número de adultos que lo hacen. “Es responsabilidad de los adultos proteger a los chicos y, de los Estados, evitar los efectos devastadores para la salud de la población”, dijo el funcionario.

Una forma de tamizar cualquier afirmación sobre riesgos y productos es, según recomienda Severini, consultar fuentes confiables. Cita los sitios online de la OMS y la OPS, que cuentan con información en español, y ONG como FIC Argentina, Fundeps o CTFK. “Trabajamos con el único interés de la salud pública, sin otro por detrás que busque un rédito económico ni conflicto de interés”, concluye.