En una nueva jornada del plenario de comisiones que está tratando el proyecto de ley ómnibus en el Congreso, fue el turno de los cambios que propone el Poder Ejecutivo a la ley de salud mental. “¡Pedimos que declaren ya la emergencia en salud mental en todo el país!”, lanzó frente a los diputados Stella Maurig, cofundadora de @LaMadre­_Marcha Marcha, una ONG que reclama la actualización de algunos de los artículos de la norma.

Con Marina Charpentier, también fundadora de esa organización, fueron convocadas para exponer ante los legisladores. Por turno, repasaron los inconvenientes que atraviesan pacientes y familiares para acceder a los servicios y el seguimiento de manera oportuna, además de la necesidad de contar con hospitales especializados en la atención de los problemas de salud mental y las adicciones.

“Los pibes se están muriendo. El fentanilo está en la calle”, sostuvo Charpentier, que también resumió lo que le tocó atravesar con su hijo, el cantante Chano. “Esta ley [por la de salud mental] está hecha para pacientes con dinero, que pueden pagar sus tratamientos –continuó–. No estamos en contra de la ley, pero hay que mejorarla.” Y pidió que, para eso, los legisladores “salgan a la calle” y que “hablen con las madres, las familias”.

En los dos últimos años, ambas mujeres alzaron la voz para alertar que “la situación es crítica” y reclamar a las autoridades nacionales que se declare la emergencia en adicciones y salud mental en todo el país. Con otras madres, se movilizaron al Congreso, luego de que no les atendieran pedidos de reuniones con los legisladores, y al Palacio de Justicia, frente a la Plaza Lavalle, en el centro porteño. Hace instantes, frente al plenario de comisiones de la Cámara de Diputados Maurig resumió los cambios con los que la ley se adaptaría a las necesidades de la población y mejorar la eficiencia del Estado en la respuesta sanitaria.

La fundadora de @LaMadre­_Marcha se refirió a los artículos que se refieren a la excepcionalidad que se exige para las internaciones involuntarias y los requisitos que se exigen a las familias, que suelen referir que son de difícil o imposible cumplimiento, sobre todo durante una situación de emergencia o una crisis, la imposibilidad de abrir hospitales solo para salud mental y adicciones con los altos costos y la falta de lugares especializados para la atención y el tratamiento, entre otros puntos. También, recordaron que no se cumple la asignación presupuestaria del 10% que manda la norma.

El proyecto de ley ómnibus que envió al Congreso el Gobierno plantea cambios en ocho de los más de 40 artículos de la Ley N° 26.657, entre los que figuran los puntos más debatidos y resistidos de la norma, como las internaciones involuntarias, la existencia o creación de hospitales especializados o la actuación del Órgano de Revisión (OR), como publicó LA NACIÓN.

Campañas de educación y prevención

“Hay que poner la ley en el año 2024 porque quedó vieja”, dijo Charpentier al referirse a los consumos más prevalentes. Además de las drogas sintéticas, sin olvidar la marihuana y la cocaína, mencionó el alcohol. “El 50% de los padres [con los que tratan a través de la ONG] me dicen que el alcohol no es una droga”, planteó a modo de ejemplo de la necesidad de campañas de educación y prevención.

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Enfatizó, en ese sentido, en las posibilidades que están disponibles para que el Estado haga ese trabajo en las escuelas o los clubes, por ejemplo. “Están los colegios, donde están los chicos que van a ser el futuro, para hacer prevención. Pero no hay educación en esto porque se tiene miedo de hablar de adicciones y salud mental”, reforzó Charpentier.

Con Maurig coincidieron en que “la ley es muy buena, pero es teórica”, lo que también conversaron con los legisladores de los distintos partidos que se acercaron para tomarse fotos con ellas o proponerles “empezar a trabajar juntos” al final de la exposición. “La ley defenderá los derechos humanos, pero ¿qué derecho humano tiene hoy el paciente?”, planteó Charpentier.