Es un cambio en un trámite burocrático: las escuelas privadas ya no tendrán que informar a la Secretaría de Comercio de la Nación cada vez que aumenten el valor de sus cuotas. Ni a nivel anual ni mes a mes, cuando modifiquen los valores, como ocurrió casi todos los mese del último año. Así se informó hoy en el Boletín Oficial, por decisión del Gobierno Nacional, con la derogación de una resolución que así lo establecía.

Sin embargo, en el mundo de los colegios privados esta noticia fue celebrada, no solo porque no tendrán que realizar cada mes ese trámite, sino porque consideran que este es el primer paso para avanzan hacia la desregulación de las cuotas de los colegios.

El objetivo es más ambicioso: lograr la derogación del decreto presidencial de 1993, que las obliga a informar a los padres en septiembre u octubre de cada año (según si tienen o no subvención) cuál será la cuota del año siguiente y que limita los aumentos del año próximo al 50% del aumento de costos que surja de las paritarias docentes. Ese decreto, el número 2417/93, no permite trasladar otros aumentos o costos, como alquileres o servicios y es la razón por la que los colegios subieron tanto sus cuotas de un año a otro, como forma de estar prevenidos y no quedarse cortos ante la inflación.

Es el mismo texto que establece que si el colegio no logra la firma de más del 50% de los padres de los alumnos en el acuerdo escolar, al año siguiente tendría que mantener la cuota del año anterior. El acuerdo escolar es ese documento en el que se informa antes de que termine septiembre u octubre, los valores del año siguiente y que los padres deben devolver firmado para garantizarse la matrícula el año siguiente.

Justamente, el año pasado el acuerdo escolar fue el corazón de la llamada “Rebelión de los padres”, una iniciativa que se dio transversalmente en distintos colegios que denunciaban aumentos excesivos en las cuotas, que en algunos casos rozaban el millón de pesos. Muchos padres se negaron a firmar esos acuerdos como forma de resistencia, de una negociación, para lograr que las instituciones accedieran a rever los montos.

Aunque finalmente la mayoría de los colegios logró alcanzar el acuerdo escolar, no fue sencillo. Algunos tuvieron que abrir instancias de diálogo con las familias e incluso establecer cláusulas en las que se comprometieron a bajar los valores de las cuotas si la inflación de marzo fuera menor a la estimada. En un caso, como ocurrió con el Villa Devoto School, la crisis llevó incluso a que los padres denunciaran ante la Secretaría de Comercio que el colegio había presentado una declaración jurada de acuerdo escolar sin haber alcanzado supuestamente la mayoría. Sin embargo, la Secretaría de Comercio finalmente no dio lugar a este reclamo.

Toda esta situación alertó a los colegios privados, que el año pasado fueron muy castigados por la crisis económica, con cierres y fusiones imprevistos. Consideran que es necesario lograr un cambio en la normativa, antes de que se llegue a fin de año y que la situación se vuelva a repetir. Están convencidos de que los aires desregulatorios del Gobierno Nacional, pueden llevarlos hacia ese puerto.

Es por eso por lo que consideran que esta medida, la decisión de derogar la Resolución 678/99 de la Secretaría de Comercio de la Nación, que los obligaba a informar mes a mes los aumentos, pueda ser un primer paso en ese sentido.

Contexto inflacionario

La decisión publicada hoy en el Boletín Oficial de la Nación se conoció luego de que los directivos de la Asociación de Institutos Privados de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba) se reunieran, hace una semana con el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Nación, Fernando Blanco Muiño. “Era una medida burocrática y un trámite inútil que no aporta ningún beneficio al funcionamiento de las instituciones educativas”, aseguró Martín Zurita, secretario ejecutivo de Aiepba.

El cambio fue anunciado esta mañana por el vocero presidencial, Manuel Adorni, junto con la eliminación de otras 68 medidas de la órbita de la Secretaría de Comercio, como ser los Precios Cuidados, entre otros. “Se eliminaron 69 regulaciones Estas regulaciones le complicaban la vida a través de controles y cuestiones burocráticas a parte del sector privado. Por nombrar algunas: intervención en el proceso de información en colegios y universidades privadas”, detalló.

“En los contextos inflacionarios como el que registra en los últimos años nuestro país resultaba difícil de prever el monto anual de las matrículas y constituía una tarea engorrosa para los responsables administrativos de los colegios”, apuntó.

“De todas formas, los colegios tendrán que seguir notificando el valor de las cuotas y los costos del servicio a cada una de las jurisdicciones provinciales y a las familias, pero ya no deberán cumplir con ese trámite engorroso que todos los años exigía la Secretaría de Comercio de la Nación”, explicó Zurita.

La resolución 678/99 establecía que los establecimientos educativos privados debían informar antes del 31 de octubre de cada año a la repartición nacional, el importe de la matrícula de inscripción o reinscripción, en caso de existir. Además, el valor total de la cuota o arancel mensual, discriminando los conceptos correspondientes a enseñanza programática, extraprogramática y todo otro concepto adicional, conforme a un formulario anexo de cuatro planillas. También la cantidad total de cuotas que se percibirán en el año lectivo, la forma y plazo de pago de las cuotas, el monto y criterios de aplicación de los recargos en caso de mora y la cantidad de alumnos que asisten al establecimiento.

Las autoridades de Aiepba explicaron que, conjuntamente están trabajando en la modificación del decreto 2417/93, que consideran que quedó obsoleto. De todas formas, tal modificación, al tratarse de un decreto nacional, deberá realizarse mediante una derogación emitida por el propio presidente de la Nación, Javier Milei.

Desde la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, no se informaron novedades en ese sentido, aunque en el entorno del responsable de la cartera educativa aseguran que el funcionario comparte la visión de que no sería lógico que un colegio quedara en una situación tan extrema de tener que sostener los valores del año anterior, o quedar al borde de la quiebra, por no lograr llegar al acuerdo escolar con las familias. Sin embargo, por ahora están enfocados en los cambios que traería la aprobación de la ley ómnibus en materia de educación.

“Este es el primer paso, queremos trabajar con las autoridades para lograr que ese decreto, que quedó completamente obsoleto, se derogue antes de que se vuelva a plantear una situación como la del año pasado. Por supuesto, que los colegios van a tener que seguir informando los valores de las cuotas a las familias, dentro de un plazo razonable, pero con este contexto de inflación no es justo ni viable, que los aumentos estén limitados de esa forma, porque no son reales. Nadie puede prever de un año a otro, cómo va a variar la inflación”, apunta Zurita.

“Tampoco es justo que los colegios estén atados al acuerdo escolar o que un grupo de padres que se ponga de acuerdo pueda hacer quebrar una institución”, apuntó.