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Ordena Corte a UIF dar datos de Pegasus

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 7 (EL UNIVERSAL).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró infundados los dos recursos de revisión promovidos por la Consejería Jurídica contra las resoluciones del Inai de noviembre de 2021 que ordenan a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la entrega de información relativa al caso del software espía Pegasus.

Por nueve votos contra dos, estos últimos de las ministras Loretta Ortiz Alhf y Lenia Batres Guadarrama, el pleno determinó que la consejera jurídica del Ejecutivo federal, María Estela Ríos González, no acreditó que la información solicitada sea de seguridad nacional, ya que la clasificación de la misma depende de su contenido y no del sujeto que la emite o las atribuciones de éste, aun cuando cuente con facultades relacionadas con la seguridad nacional, como es el caso de la UIF.

Además, la Consejería Jurídica fue omisa en demostrar por qué la divulgación de la información solicitada implicaría que se afecten las operaciones de inteligencia y contrainteligencia, ya que se limitó a formular argumentaciones "dogmáticas", "genéricas" y "abstractas".

"De ahí que, bajo esa perspectiva, no se estima acreditado el requisito de afectación a la seguridad nacional, como lo expone la agraviada", señaló el ministro Alberto Pérez Dayán, quien señaló que la reserva de dicha información por materia de seguridad nacional no puede fundamentarse en el simple hecho de que el sujeto obligado cuente con facultades relacionadas con esa materia, ya que "en una sociedad democrática no puede existir información excluida sin que exista una ponderación razonada en cada caso concreto y no sólo por la naturaleza de la autoridad que la contiene".

De esta manera, la UIF, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, deberá entregar, en versión pública, información relacionada con los reportes de operaciones que presentan las entidades financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, diagnósticos, así como del sistema de pagos electrónicos interbancarios relacionados con la contratación del programa.

Asimismo, el Máximo Tribunal del país resolvió procedente la resolución del Inai en la que se instruyó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a proporcionar copia simple del escrito y sus anexos presentados el 27 de julio de 2022 ante la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en contra de la empresa Calica (Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V.), subsidiaria de la minera estadounidense Vulcan Materials Company.