Opinión: La detención no es el mejor camino para tratar las adicciones

NO HAY EVIDENCIA QUE SUSTENTE LAS AFIRMACIONES DE QUE LA DESPENALIZACIÓN ES PERJUDICIAL.

Después de que Cody Bohanan, de 24 años, fue encarcelado por un delito relacionado con la posesión de accesorios para el consumo de drogas en 2021, le dijo al personal de la cárcel del condado de Butler, en Ohio, que estaba en tratamiento para dejar de consumir opioides. Sus compañeros de celda lo vieron vomitar sangre. Le suplicaron a los guardias que intervinieran.

Pero además de que los paramédicos supuestamente le tomaran sus signos vitales unas cuantas veces, Bohanan no recibió medicamentos ni tratamiento para su síndrome de abstinencia. Murió cinco días después de iniciada su sentencia en prisión. Dos meses después, Diann Pink, una abuela de 58 años arrestada por posesión de drogas y conducir en estado de ebriedad, murió en la misma prisión, por la misma causa, complicaciones de la abstinencia de opioides.

En fechas recientes, los periodistas han cuestionado si las políticas que evitan encarcelar a personas como Pink y Bohanan por delitos menores relacionados con las drogas mientras siguen penalizando a los narcotraficantes —lo cual se conoce como despenalización— funcionan o son contraproducentes. Señalan los recientes aumentos de sobredosis y alteraciones del orden público como el consumo de drogas en Oregón, que despenalizó la posesión de pequeñas cantidades de droga en 2021 y, en Portugal, que despenalizó la posesión de drogas en 2001 y sirvió de modelo para la ley de Oregón.

Las personas tienden a dar por hecho que las detenciones por posesión de drogas se traducen en ofertas de tratamiento y que el tratamiento está disponible para cualquier reo que quiera ayuda. Algunos afirman que los arrestos ayudan a “tocar fondo” a quienes sufren una adicción, ya que los motivan a dejar el consumo, incluso sin tratamiento. Pero como demuestran los casos del condado de Butler, los arrestos y los encarcelamientos muchas veces impiden el acceso al tratamiento en lugar de reforzarlo. Un estudio que los investigadores de la Universidad de Columbia llevaron a cabo en 2021 encontró que entre 1987 y 2017, las muertes por sobredosis, suicidio y enfermedades infecciosas aumentaron a la par que las tasas de encarcelamiento a nivel de condado.

Es difícil encontrar datos precisos sobre la frecuencia con la que los arrestos por posesión dan lugar a ofertas de tratamiento, ya que esto varía según la jurisdicción. Pero los expertos afirman que a personas como Bohanan y Pink rara vez se les ofrece un tratamiento oportuno y basado en pruebas.

Brandon Del Pozo, quien fue agente del Departamento de Policía de Nueva York y jefe de policía de Burlington, en el estado de Virginia, actualmente es profesor adjunto de Medicina en la Universidad de Brown, cuando se le preguntó qué porcentaje de personas detenidas por delitos menores de drogas tienen un pronto acceso a tratamientos, respondió: “Casi nadie, nunca”.

Por lo general, ni los medios ni los ciudadanos tienen conocimiento de esto. Los padres pueden dar por hecho que estar en la cárcel significa tener acceso a un tratamiento o que al menos reduce el riesgo que tienen sus hijos de morir. “Lo que he oído decir a los padres es: ‘Bueno, cuando mi hijo estaba preso, al menos podía dormir tranquilo sabiendo que estaba seguro’”, comentó Tamara Olt, directora ejecutiva de Broken No More, que apoya a las familias de víctimas de sobredosis. Su hijo de 16 años murió de una sobredosis. Ella agrega: “Eso no es verdad. No reciben ayuda”.

De hecho, la mayoría de los centros penitenciarios ofrecen poca o ninguna ayuda para los síntomas de abstinencia, ni qué decir de una rehabilitación completa. Afuera de los centros penitenciarios, la muerte por abstinencia de opioides es poco frecuente porque suele deberse a la deshidratación, que se trata fácilmente con líquidos intravenosos.

Pero solo el 54 por ciento de las cárceles encuestadas por el Departamento de Justicia en 2019 dijeron que proporcionaban tratamientos para controlar la abstinencia. A partir de 2021, solo alrededor del 13 por ciento de los centros penitenciarios dieron a conocer que contaban con algún tipo de programa de tratamiento continuo basado en medicamentos para personas afectadas por el consumo de opioides, según el Proyecto sobre Opioides en Cárceles y Prisiones.

Olt, quien reside en Illinois y ahora trata las adicciones, afirmó que todo el tiempo tiene que luchar para conseguir que se surtan las recetas de sus pacientes si están en la cárcel y que empezar a medicar a nuevos pacientes es casi imposible en las cárceles de Illinois.

Los conceptos erróneos sobre los tribunales de drogas (que ofrecen tratamiento en lugar de castigo a las personas acusadas de delitos relacionados con las drogas) también confunden el debate sobre su despenalización. Se suele suponer que los tribunales de drogas se centran en casos de posesión y que, por tanto, la despenalización los pondría en peligro. Sin embargo, estos tribunales se ocupan en su inmensa mayoría de delitos más graves relacionados con la adicción, como el tráfico de drogas y los delitos contra la propiedad, y las investigaciones revelan que tienen más probabilidades de ser eficaces en estos casos de mayor riesgo.

No hay ninguna asociación entre la cantidad de arrestos por drogas efectuados por el estado y la cantidad de consumo de drogas que tiene. Y las personas con adicciones más graves rara vez reciben tratamiento como consecuencia de una detención o enjuiciamiento: los datos nacionales muestran que solo entre el 13 y el 16 por ciento de las personas tratadas por adicción a los opioides fueron remitidas a tratamiento por el sistema judicial. Cuando los tribunales remiten a tratamiento a personas con adicción a los opioides, los pacientes rara vez reciben los medicamentos recomendados.

La adicción más mortífera —a los opioides— se exacerba con los ciclos de encarcelamiento y liberación que suelen derivarse de las detenciones por posesión. En las dos primeras semanas tras la liberación, el riesgo de muerte por sobredosis es de tres a ocho veces más alto que en otros momentos. Sin embargo, solo el 25 por ciento de las cárceles proporcionan medicamentos para revertir la sobredosis al dejar en libertad a los reos para mitigar el riesgo.

Las disparidades raciales también ilustran la falta de eficacia de la criminalización como vía para la atención. Los afroestadounidenses tienen al menos el doble de probabilidad de ser acusados de delitos relacionados con las drogas que los blancos, a pesar de que las tasas de consumo y venta son similares. Si la criminalización impulsara el tratamiento, los negros deberían tener un mayor acceso a la atención. Pero una encuesta nacional de 2023, descubrió que es menos probable que tengan acceso a tratamiento: el 51 por ciento de los blancos con adicciones en su familia reportaron que sus parientes enfermos recibieron tratamiento, en comparación con el 35 por ciento de las familias de color.

Los críticos de la despenalización han afirmado que la política de Portugal solo funcionó al principio porque las detenciones por posesión se cambiaron por citatorios policiales que podían tener como consecuencia un tratamiento forzado. Agregan que la política de Oregón no está teniendo éxito porque ninguna autoridad puede obligar su cumplimiento. Pero el tratamiento coaccionado nunca fue un aspecto fundamental de la política de Portugal. João Castel-Branco Goulão, el artífice de la política pública contra las drogas en Portugal, ha dicho que el tratamiento “no es obligatorio”, ni siquiera tras varios citatorios. “Es un momento para reflexionar”.

En cambio, el éxito de Portugal para reducir de manera marcada las muertes por sobredosis y los nuevos casos de VIH entre los consumidores de drogas inyectadas entre 2001 y 2011 se logró principalmente con la expansión de la atención voluntaria.

Al igual que en casi todo el mundo, Portugal ha visto un aumento de las muertes por sobredosis en la última década. Pero su tasa en 2021 —de alrededor de siete por cada millón de residentes, un total de 74 muertes— es menor que la tasa de la Unión Europea para ese año, de unas 18 muertes por millón. La tasa estadounidense ese mismo año fue más de diez veces mayor: 321 por millón. Y los aumentos recientes en las tasas de consumo de drogas en Portugal entre mayores de edad (de nuevo, también por debajo de los promedios de la Unión Europea y Estados Unidos) y de sobredosis se produjeron solo después de que el presupuesto para divulgación y tratamiento se redujo un 79 por ciento desde 2012.

La iniciativa de Portugal funcionó cuando extendió el tratamiento y la divulgación. Y eso es lo que está haciendo Oregón con cerca de 265 millones de dólares de ingresos anuales procedentes del impuesto sobre la venta de marihuana que ahora se destinan a aumentar el acceso a la atención voluntaria. Durante la segunda mitad de 2022, se produjo un aumento del 44 por ciento en el número de personas que recibían tratamiento contra una adicción en el estado.

En vista de que el estado comenzó con el peor nivel de acceso al tratamiento del país, no es de extrañar que las tasas de sobredosis aún no se hayan reducido. La falta de vivienda y otras señales de alteración del orden, como el consumo público de drogas y el comportamiento perturbador, están aumentando en ciudades de todo Estados Unidos donde el costo de la vivienda es elevado, al margen de sus políticas antidrogas. Oregón no registró un aumento mayor de las llamadas al 911 relacionadas con alteraciones del orden público en comparación con los estados donde no hubo despenalización.

Cambiar las prioridades y el financiamiento para ofrecer un tratamiento de alta calidad y otros apoyos para la recuperación, como la vivienda, lleva tiempo. Nuestro fracaso es un siglo de criminalización, no los tan necesarios intentos para acabar con ella.

Este artículo apareció originalmente en The New York Times.

c.2023 The New York Times Company