María Elena Ríos niega que busque cargos de elección en Oaxaca

OAXACA DE JUÁREZ, Oax., marzo 2 (EL UNIVERSAL).- Ante los señalamientos de diversos perfiles falsos en redes sociales que aseguran que María Elena Ríos Ortiz, defensora y sobreviviente de tentativa de feminicidio a través de un ataque con ácido, busca un cargo político, la joven lo desmintió y negó que pretenda beneficios personales con las acciones que emprende para visibilizar su caso y exigir justicia.

En un video que compartió en sus perfiles de redes sociales, María Elena mostró las huellas que dejó el ácido en su piel: en su cuello y rostro; dichas lesiones, han requerido al menos cinco intervenciones quirúrgicas.

La activista indicó que algunos de los señalamientos vienen incluso de otras mujeres que han pasado lo mismo que ella. "Su odio y su ambición, las ha hecho olvidar por todo lo que han atravesado", lamentó.

La joven declaró a EL UNIVERSAL que muchas personas han lucrado con su caso, para beneficio propio y aclaró que ninguna fundación paga los tratamientos que hasta el momento ha recibido.

Además, reiteró que tampoco hay figuras políticas o públicas involucradas en los posicionamientos y pronunciamientos que emite en redes sociales y espacios públicos, para visibilizar su situación y las omisiones que figuras como el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca cometen para obstruir su acceso a la justicia.

Agregó que la intención de su lucha es alcanzar la justicia, recuperar su vida y ayudar a más mujeres a superar sus propias historias de violencia. E insistió que no persigue ningún cargo público.

La joven originaria de la Mixteca de Oaxaca compartió que actualmente está cumpliendo uno de sus grandes sueños, estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México; sin embargo, el proceso que enfrenta contra el presunto responsable del ataque al que sobrevivió, Juan Antonio Vera Carrizal, le quita la posibilidad de asistir a todas sus clases.

Lo anterior, toda vez que la defensa del imputado, interpuso al menos 11 amparos para alargar el proceso y evitar llegar a la audiencia de debate.

Una de estas audiencias, por ejemplo, en la que el juez Teódulo Pacheco concedió el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario, se prolongó por seis días.