Quién manda en los barrios de Rosario, donde el Estado no logra competir con el narcotráfico

ROSARIO. -La imagen de vecinos enceguecidos que derrumbaban con sus propias manos, a golpes de martillo y mazas, las casas donde decían que se vendía droga en el barrio Los Pumitas, del oeste de Rosario, mostraba que se habían roto todos los límites imaginables, en una ciudad donde la violencia que supura del narcotráfico establece sus códigos propios desde hace tiempo, a sangre y muerte.

El crimen de Máximo Gerez, un chico de 12 años de la comunidad Qom, acribillado por “transas” que fueron a implantar el terror en el barrio para desalojar a otros narcos, Los Salteños, completaba la postal del desenfreno y dejaba expuesto que la intermediación más visible del Estado era a través de los policías que recaudaban de los búnkeres que los vecinos destruyeron. “Los patrulleros entran para llevarse el 20%”, apuntó un dirigente de la zona.

Lo que exhibía el barrio Los Pumitas se repetía en otras zonas de Rosario y en localidades del conurbano bonaerense, como Moreno y San Martín, donde el más fuerte, el narco, ocupa un lugar central en la trama del barrio, como gestor del ascenso social y económico. Y a veces de intermediario en época de elecciones.

Las cinco casas derrumbadas por los familiares y amigos de Gerez, donde Los Salteños vendían droga, según ellos, mostraba en ese esquema de marginalidad quién había crecido. Como si fuera una metáfora, las únicas viviendas de dos pisos, con losa, que se habían edificado en esa franja del barrio, que pertenece a Empalme Graneros, era donde se vendía droga. “Si mirás para arriba te das cuenta quién es el narco. No es muy difícil”, apuntó Ramona, una jubilada que vive hace más de 50 años en ese lugar, que era una especie de laberinto y se inundaba por el desborde del arroyo Ludueña, hasta que se empezó a construir la presa en 1995.

Violencia y negocios

La dinámica de la violencia tiene que ver con un negocio que fluctúa todo el tiempo, como es el narcomenudeo. Lo condiciona la cárcel y la muerte. Cristián Villazón, líder de los llamados Salteños, se afincó en el barrio con su familia hace unos cinco años. Empezaron a vender a los pibes del barrio la droga que le proveía Julio Rodríguez Granthon, nacido en Callao, Perú, quien actualmente está preso en el penal de Ezeiza. El Peruano, como le dicen, pasó de ser “mayorista” de Los Monos a tener sus propias redes barriales, que controla desde la penitenciaría federal. Son como franquicias.

Villazón fue detenido por un triple crimen en el barrio contra otros narcos, los Albornoz. Entre las víctimas estaba una beba de un año y medio. Tras ser condenado a 15 años de prisión, su hijo Juan José y su pareja quedaron al mando de la venta de cocaína en Los Pumitas. Pero, al poco tiempo, el joven, de 21 años, fue detenido. Está sospechado de haber participado del ataque a tiros contra el canal Televisión Litoral el 12 de diciembre pasado.

Este pequeño grupo de transas quedó debilitado. Entonces, desde la cárcel de Piñero, otro narco, Alex Ibañez, dio la orden a sus soldaditos para que ocupen el territorio que les “pertenecía” a Los Salteños. Cómo se ocupa la zona: a los tiros y con la usurpación de sus casas. Fueron y dispararon a mansalva el domingo pasado con una ametralladora vieja y oxidada y provocaron la muerte de Máximo Gerez, que estaba junto a otros chicos comprando una botella de jugo en un kiosco.

La conmoción y la reacción que generó entre los vecinos el asesinato del chico interrumpió otros capítulos que iban a escribirse: iba a haber más tiroteos y más muertes, seguramente, en los enfrentamientos entre Los Salteños y los soldaditos de Ibañez.

El Estado se dedica a contar los muertos de estas guerras intestinas en los barrios de Rosario. Este engranaje de la violencia que derrama del narcomenudeo provocó 288 crímenes en 2022, cifra récord desde que hay registro, y 65 durante este año.

Empalme Graneros, uno de los epicentros de los enfrentamientos narco en Rosario, y específicamente Los Pumitas, tuvo una fuerte inversión social y estatal durante los últimos años. Pero el aporte del Estado, a través de obras y planes de urbanización no alcanzó. La tarea no logra cambiar nada. Y muchas veces la empeora.

Durante la gestión de Miguel Lifschitz se realizó el asfaltado y la apertura de calles que cambió la fisonomía del lugar. El gobierno nacional, a través del Fondo de Integración Sociourbana financió toda la conexión eléctrica del barrio, que estaba en la ilegalidad, prevista para que se termine en agosto próximo. Hay diez comedores comunitarios, que reciben aportes estatales, en cuatro manzanas, entre ellos, los que manejan organizaciones como La Poderosa, la Corriente Clasista Combativa, el Movimiento Evita y La Corriente, entre otros.

Nada parece haber alcanzado en ese lugar, donde casi nadie tiene trabajo registrado y la mayoría vive de las changas y el cartoneo, y también, los que tienen casas de dos plantas, del narco. “Hemos investigado en algunos barrios de Rosario, donde se da una situación de desamparo social, simbólica, tutelar y cultural que la aparición del narco se transforma en un espejo en el que se reflejan profundos deseos.

Se refleja en una vida rumbosa, con acceso al dinero, a coches y mujeres atractivas que cala en los deseos de los pibes”, reflexionó el psicólogo Horacio Tabares, director de Vínculo, autor del libro “Drogas. Debate sobre políticas públicas”.

Tabares cree que el narco ganó la batalla primero en los barrios en el plano social y económico, y ahora lo está haciendo en la profundidad de lo cultural. “Los chicos se nutren de historias que configuran una trama cultural que determina su comportamiento, en el que no hay límites difusos entre lo legal e ilegal”, apuntó el psicólogo.

Asedio a un templo evangélico

Las alertas sobre una violencia inusitada en ese barrio se encendieron después de la pandemia. La iglesia evangélica, liderada por el pastor Norberto Carlini, estaba siendo asediada por los narcos. Eso lo advirtió al área social del gobierno de Santa Fe uno de los hombres más cercanos a Agustín Rossi. Los narcos querían impedir uno de los proyectos de urbanización del barrio y apretaban a los feligreses que colaboraban en el templo evangélico porque daban la copa de leche.

Los dirigentes sociales de la zona comenzaban a ver algo nuevo. La apertura de calles, una demanda histórica, había acelerado el tráfico de “soldaditos” por la zona en sus motos. Los vecinos veían un incesante trajinar y empezaron a escuchar tiroteos todo el tiempo. Porque ese barrio que estaba desconectado se transformó en un lugar de acopio y venta de drogas. En un galpón la policía federal secuestró 1500 kilos de cocaína que iban a ser “exportados” a Dubai.

El destacamento que se había levantado en el predio de la hermana María Jordán –falleció en 2020-, pionera en el barrio Los Pumitas, donde peleaba con narcos, estaba desde la pandemia cubierto de yuyos, abandonado. Lo había instalado el ministro de Seguridad Omar Lamberto cuando los robos y los intentos de usurpación eran permanentes contra la religiosa, que cuando invitaba a un político a recorrer el barrio le advertía: “Venga a la mañana, porque los drogadictos están durmiendo”.

Desde el jueves 60 gendarmes patrullan ese lugar, atravesado por la trágica muerte de Máximo, y la Tropa de Operaciones Especiales de la Policía, custodia las casas de los familiares del chico, porque todos están amenazados por destruir las casas de los narcos.

El miércoles a la noche, tras recibir fuertes amenazas, los vecinos que habían saqueado las casas devolvieron lo que se habían llevado a la pareja de Villazón, que vive a 30 metros de donde mataron a Máximo. Una montaña de ropa, cocinas, hasta inodoros, quedaron allí, frente al patrullero de la policía que resguardaba la casa de la mujer. Quedó claro quién manda.