CÓRDOBA.– Una nueva demanda por el supuesto efecto adverso –en este caso mortal– de una vacuna contra el Covid-19 fue admitido por la Justicia Federal de Córdoba. La madre de una joven de 24 años, “sana”, que murió en julio del 2021 después de una trombocitopenia (baja significativa de plaquetas), presentó la demanda, en la que atribuye la muerte a la primera dosis de la Sputnik que se había colocado su hija dos semanas antes. La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba se declaró competente y le dio trámite a la presentación.

Melín Agustina Sartori murió el 29 de julio de 2021. Había recibido la vacuna el 15 de ese mes. “Tenía 24 años, era sana; estudiaba historia y trabajaba centros de ayuda social –cuenta a LA NACION su mamá, Virginia Ruiz, quien es médica–. Un día me dijo que se vacunaría para no ser un riesgo para las personas a las que asistía. Recibió la primera dosis de la Sputnik 5 y, a la semana, empezó con un fuerte dolor de panza. El 24 a la madrugada tuvo vómitos y un dolor de cabeza insoportable. Me avisó que se hisoparía pensando que era Covid, pero le advertí que fuéramos al hospital porque parecía otro cuadro”.

Acudieron a un hospital provincial donde le diagnosticaron una gastroenteritis y la mandaron a la casa. “El día 26 le aparecieron moretones en la cara y problemas neurológicos, no podía hablar bien ni mover una mano –continúa Ruiz–. Regresamos al hospital, le hicieron una tomografía y vieron un sangrado. Como no tenía Covid no la podían internar allí y la derivaron a una clínica. Melín estaba consciente; no le pasaron plaquetas. En la clínica el equipo de neurocirujanos explicó que no podía ser un aneurisma porque no había coágulos. Era una trombosis”.

Precisa que en el sanatorio le realizaron a Melín un estudio de sangre para determinar el valor de las plaquetas: “Se comprobó la presencia de trombocitopenia por cuanto el informe de laboratorio muestra un recuento plaquetario igual a 27.000/mm³, siendo los valores normales, como es sabido, entre 150.000 y 400.000 /mm³″.

También le hicieron estudios complementarios que “descartaron mal formaciones arteriovenosos y comprobaron fenómenos vasculares cerebrales con trombosis del seno venoso”. Después de una transfusión de inmunoglobulina y de plaquetas, la joven fue operada, pero el cuadro ya era irreversible. Murió el 29 de julio de 2021.

El abogado de la familia, Martín Barbará, explicó a LA NACION que decidieron ajustarse al marco legal argentino para determinar si las vacunas contra el Covid pueden provocar efectos adversos: “Se dictó una ley específica, la 27.573 (texto según DNU 431/21) que establece si las vacunas produjeran un daño la persona afectada o sus herederos pueden pedir un resarcimiento siempre y cuando se establezca una causalidad. Obviamente, a la mamá de Melín no le interesa el resarcimiento económico, sino saber fehacientemente la causa de muerte, pero esta es la vía legal para determinarlo”.

Esta presentación tiene antecedentes. En mayo, en Córdoba, la Justicia Federal de Río Cuarto recibió una demanda contra el laboratorio AstraZeneca y la Anmat de una mujer que aduce que la vacuna le provocó una reacción secundaria que la obligó a pedir un retiro por incapacidad laboral; fue diagnosticada con síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia. También hay cinco demandas colectivas contra el Estado argentino y los laboratorios fabricantes de las vacunas contra el Covid-19, todas por presuntos daños y perjuicios ocasionados por las inoculaciones.

Documentación y pasos legales

Conforme a ese marco legal, la primera presentación fue el 8 de julio del 2022 ante la Comisión Médica 5 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo (SRT). Se adjuntó toda la información médica relevante, incluida una prueba de anticuerpos IgG anti-factor plaquetario 4 realizado por el Laboratorio IACA de Bahía Blanca y un informe médico clínico de Susana Vanoni, titular de la cátedra de Semiología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba que “establece una relación de causalidad” entre la muerte y la vacuna.

Ese reporte señala, entre otros puntos, que “no se describe en ninguno de los registros médicos antecedentes de significación de la paciente que pudieran desencadenar trombocitopenia (…); tampoco pueden explicarse por la presencia de malformaciones arteriovenosas (…). Se incluye la presunción de trombosis venosa intracraneal entidad asociada a la vacunación Covid pudiendo acontecer esta reacción adversa dentro del mes de aplicada”.

La comisión de la SRT, como prevé la ley, da intervención a la Comisión Nacional de Seguimiento de Vacunas, cuyo dictamen es vinculante. Once meses después, el organismo ratificó la existencia de un “síndrome de trombosis con trombocitopenia” y agregó que, tomando en cuenta las recomendaciones para el análisis de causalidad de la Organización Mundial de la Salud se lo clasifica como “Indeterminado B1 y su severidad como grave”.

Añadió que “la relación temporal es consistente [entre la vacuna y el efecto], pero hay insuficiente evidencia definitiva para asignar la causalidad a la vacuna. Puede ser un evento recientemente asociado con la vacuna. Esta es una señal potencial y necesita ser considerada para extender la investigación”.

Por este dictamen, la presentación llegó a la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, en la que se incluyen más informes médicos que apuntan a la existencia de un vínculo entre la trombocitopenia de Melín y la Sputnik.

Se sumó un informe de Raquel Herrera Comoglio y Samantha Lane del Instituto de Ciencias de Farmacovigilancia de Southampton (Reino Unido) en la revista The England Journal of Medicine del 13 de octubre de 2022 que expone que el caso de la cordobesa “cumple con los criterios para el nivel 1 de la determinación de certeza” para la “trombocitopenia trombótica inmunitaria inducida por vacunas” (VITT, por sus siglas en inglés).

Esa publicación agrega: “La posibilidad de VITT después de la vacuna del vector de adenovirus Sputnik V no ha sido mencionada en las advertencias reglamentarias ni en los medios de comunicación (…) Es obligatorio aumentar la conciencia pública y tomar las medidas necesarias para ampliar la detección temprana de VITT después de la administración de la vacuna Sputnik V”.

La presentación judicial es contra la SRT y Barbará pidió a la Cámara que incluya como “terceros interesados” al Ministerio de Salud y al Estado nacional. Sobre ese punto no hubo, todavía, respuesta.