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Justicia italiana pide que Tribunal de UE decida sobre fianza de 5.000 euros a migrantes

Roma, 30 ene (EFE).- La Justicia italiana pidió hoy que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) se pronuncie sobre la fianza de unos 5.000 euros que debe pagar un inmigrante en Italia para evitar ser detenido en un centro fronterizo, como estipula un decreto aprobado por el gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni.

La Fiscalía General del Supremo italiano se pronunció a favor de que la corte de Luxemburgo aclare la cuestión de la "garantía financiera" impuesta a los solicitantes de asilo, al examinar el recurso presentado por el Gobierno sobre las liberaciones de migrantes decretadas por el Tribunal de Catania, en la isla de Sicilia (sur).

La fianza forma parte del llamado 'decreto Cutro', adoptado tras la muerte de al menos 94 personas, 35 de ellas niños, en un naufragio de migrantes frente a Calabria (sur) hace un año, que también limita el estatus de "protección especial" de los refugiados y aumenta las penas contra los traficantes de personas, entre otras medidas.

La puesta en libertad en septiembre pasado de 6 migrantes tunecinos en un centro de la ciudad siciliana de Pozzallo, después de que la corte de Catania no validase las órdenes de detención, en la primera de varias sentencias en la misma linea, provocó la "estupefacción" de Meloni, que las recurrió ante el Supremo.

Hoy, la Fiscalía del máximo tribunal del país consideró que "el procedimiento acelerado" de detención de migrantes en el centro de Pozzallo que aplicó el máximo responsable policial de Ragusa, también en la isla de Sicilia, "se llevó a cabo legítimamente" y "de acuerdo con la ley".

Según el fiscal, "la situación particular excluía claramente cualquier posible verificación y tratamiento del procedimiento en la misma zona de llegada" debido a "un flujo de inmigrantes tan grande que imposibilitó el desarrollo del procedimiento fronterizo en Lampedusa", que se encontraba "en situación de emergencia".

La pequeña isla de Lampedusa, situada frente a las costas africanas, es objeto habitual de un elevado flujo migratorio desde las costas de Túnez y Libia, que se acentúo en septiembre pasado, con la llegada de casi 10.000 personas en 72 horas, lo que provocó graves problemas de aglomeración de migrantes.

La decisión de liberar a los migrantes de los centros adoptada por la jueza Iolanda Apostolico, que consideró ilegítimo tener encerrados a quienes han pedido el estatus de asilo, amparándose en el artículo 10 de la Constitución italiana, fue muy cuestionada por Meloni y su gobierno.

Como respuesta, el vicepresidente y líder de la Liga, el también ultraderechista Matteo Salvini, divulgó un vídeo en el que se ve a la jueza en una manifestación de 2018 contra sus políticas de puertos cerrados a las naves humanitarias, y la acusó de estar politizada, lo que acabó suscitando tensiones entre el Gobierno y la Justicia.

Meloni, que durante la campaña electoral que la llevó al poder en octubre de 2022 prometió cortar el flujo de desembarcos, se ha fijado como una de las metas de su mandato reducir la presión migratoria, que en 2023 ha marcado un nuevo récord, con más de 157.000 personas llegadas a Italia.

La líder ultraderechista ha revelado que está valorando la posibilidad de abrir centros de acogida en África, mientras intenta hacerlo en la vecina Albania, sin éxito por el momento.

(c) Agencia EFE