PARÍS.– Tres días después de los primeros gestos realizados por el primer ministro Gabriel Attal, el mundo agrícola francés continuó hoy la protesta, bloqueando particularmente las autopistas que llegan a París. Según la policía, que también desplegó un impresionante operativo de seguridad, unos 10.000 agricultores y 5000 tractores impedían el tránsito normal en Francia.

La “Operación bloqueo de la capital” fue montada en un fin de semana. Hoy, ocho autopistas que rodean la capital estaban tomadas. El objetivo, sin embargo, además de la ciudad, es paralizar Rungis, el gigante mercado de abasto al sur de París, y los aeropuertos de Orly y Charles de Gaulle. Para evitarlo, el gobierno movilizó unas 15.000 fuerzas del orden, cuya función principal será “impedir que (los tractores) entren en París y en las grandes ciudades”. El ministro del Interior, Gerald Darmanin, informó que sus fuerzas recibieron la orden de dar muestras de “moderación”.

Porque, en verdad, nadie tiene ánimo de confrontación. A la salida de la reunión de gabinete, que se realizó excepcionalmente un lunes –en lugar del miércoles–, la vocera del gobierno, Prisca Thevenot, anunció que nuevas medidas serían tomadas hoy en favor de los agricultores, sin precisar los detalles. Al mismo tiempo, el primer ministro recibió poco después a Arnaud Rousseau, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Productores Agrícolas (Fnsea, por sus siglas en francés) y a su homólogo de los Jóvenes Agricultores (JA), Arnaud Gaillot.

En cuanto a los agricultores, si bien se esfuerzan en dar muestras de inflexibilidad, parecen decididos a no cometer actos que puedan alejarlos de la simpatía pública que los acompaña hasta ahora y que se eleva al 78%, según sondeos de la semana pasada.

“Queremos hacer las cosas respetuosamente. Incluso pedimos tachos de basura para no ensuciar el sitio”, confirmó ante las cámaras Jérôme Petit, un ex asalariado de la industria automotriz que se hizo cargo de la explotación cerealera de su padre.

Cerca de la capital, a las 17, los carteles electrónicos de señalización anunciaban 56 minutos de trayecto hasta París, media hora más que en tiempo normal. En las vías secundarias, que bordean la A13 paralizada, los automovilistas tocaban bocinazos y manifestaban signos de impaciencia.

“La mayor parte del tiempo, la gente nos apoya. Es emocionante. La verdad es que no queremos arruinarles el día, sobre todo a esta hora, cuando regresan a sus casas”, dice un joven agricultor en televisión.

Pero los gigantescos embotellamientos son inevitables, sobre todo a la entrada de las grandes ciudades, a pesar de la multiplicación del teletrabajo.

Un gremio radicalizado

Ninguno de esos agricultores, todos afiliados a la poderosa Fnsea y a su satélite, los Jóvenes Agricultores, quiere verse identificado con la Coordinación Rural, adepta a acciones comando y cercana a la extrema derecha, que amenaza precisamente con bloquear el mercado de Rungis, actualmente rodeado de blindados enviados por el Ministerio del Interior. Sus militantes se distinguen de los demás por llevar en la cabeza un gorro de lana amarillo, que evoca el movimiento de los “chalecos amarillos”, que agitó Francia en 2018.

“Es una reacción en cadena: la gente nos reconoce. Lo que cuenta es que ganemos”, dice Franck Olivier, presidente de Coordinación Rural en el centro del país.

La idea es compartida por Maxime Piccolo. Sociólogo especializado en movimientos y vulnerabilidad social, Piccolo explica que el gorro amarillo es, ante todo, un medio de unificación de las reivindicaciones de los agricultores: “Es un signo de adhesión y pertenencia para los individuos movilizados”, afirma.

Pero, moderados o ultras, todos están decididos a perseverar.

“Aguantaremos el tiempo que sea necesario”, repiten en coro.

“Los anuncios del primer ministro del viernes fueron solo el aperitivo. Es necesario mucho más para que regresemos a nuestras granjas”, precisa Arnaud Lepoil, presidente de la rama local de un sindicato del norte del país. El granjero cita entre los puntos de bloqueo de la negociación la obligación del 4% de barbecho en las superficies agrícolas; las llamadas “zonas sin tratamiento (ZNT)”, distancias de seguridad que no pueden ser fumigadas en función de la presencia de espacios habitables y sitios que acogen a personas vulnerables, como las escuelas y cursos de agua, o las “surtransposiciones francesas”. Es decir, medidas nacionales de transposición de una reglamentación –en este caso europea–, que instauran normas más restrictivas que las originales.

Presión sobre la UE

Todos naturalmente están atentos a lo que sucede en París. Atrapado por la primera crisis de envergadura desde que asumió a comienzos de mes, Attal debe pronunciar hoy su discurso de política general en un clima de extrema crispación. Después de haber ido personalmente dos veces a hablar con los agricultores, el primer ministro prometió hacer nuevos anuncios esta semana.

El jefe del gobierno prometió, por ejemplo, hacer presión sobre la Unión Europea (UE) para hallar una solución a la competencia de los países vecinos, que no respetan las mismas normas de explotación. Por su parte, el presidente Emmanuel Macron debería repetir esta semana frente a sus homólogos del bloque su negativa a ratificar el acuerdo entre la Unión y el Mercosur en su estado actual. Un texto que los agricultores franceses acusan de imponer –en caso de aplicación– una competencia totalmente desleal.

Agregando nafta al fuego, hoy se pusieron en huelga los taxis, en protesta contra la imposición oficial de transportar varios enfermos simultáneamente para reducir costos. Una operación “caracol”, que bloqueó la mayoría de las grandes ciudades del país.