La herencia de Berlusconi queda envuelta en una causa judicial y un embargo millonario

ROMA.- Cuando aún no se cumplió un año de la muerte del magnate y cinco veces expremier, Silvio Berlusconi -ocurrida el 12 de junio del 2023-, una noticia que no pasó desapercibida volvió este jueves a resucitar su figura y su polémico pasado.

Tras un pedido de la Fiscalía Antimafia, un tribunal de Florencia dispuso el embargo preventivo de 10.840.000 euros a Marcello Dell’Utri, exsenador y amigo de toda la vida de Berlusconi.

Dell’Utri fue condenado en 2014 en forma definitiva a siete años de prisión por haber sido el mediador entre la Cosa Nostra, la mafia siciliana, y Berlusconi. Y todo indica que este maxiembargo dispuesto hoy corresponde a dinero que Berlusconi le fue girando a Dell’Utri, de 82 años, para compensarlo por sus años de cárcel y su silencio.

Según la ley italiana, un condenado por delitos relacionados con la mafia está obligado a comunicar, durante los diez años posteriores a la sentencia definitiva, si hay cambios en su patrimonio. Algo que Dell’Utri no hizo.

Según el Corriere della Sera, el exsenador, que recuperó la libertad en 2019, omitió informarles a las autoridades competentes una suma superior a los 42 millones de euros, que incluye el regalo de 30 millones que le hizo al morir el Cavaliere, según su testamento. Entre las entradas no señaladas figuran “préstamos infructíferos” jamás devueltos que Berlusconi comenzó a hacerle a Dell’Utri, a su mujer y a su hijo en 2021, cuando el exsenador terminó de descontar su pena. Entonces el expremier también le giraba a su amigo 30.000 euros por mes.

Dell’Utri, que nació en Palermo, Sicilia, conoció a Berlusconi en 1941, cuando ambos estudiaban derecho en la universidad estatal de Milán. Sus destinos se unieron cuando Dell’Utri se convirtió en su secretario personal y, además, en el entrenador del equipo de fútbol que poseía el empresario en los años sesenta, cuando comenzaba a amasar su fortuna a través de negocios inmobiliarios y de construcción.

Fue justamente por eso que, en 1974, Berlusconi le pidió a su amigo siciliano que se mudara a Milán, donde más tarde pasó a ser uno de los máximos dirigentes de Publitalia, la empresa concesionaria de la publicidad de las tres redes del grupo Fininvest. Más adelante, en los noventa, Dell’Utri fue una figura clave a la hora de fundar Forza Italia, el partido del Cavaliere, por el cual a través de los años fue diputado, europarlamentario y senador. Cuando se conoció el testamento de Berlusconi, en julio del año pasado, fiel reflejo de la amistad visceral, trascendió que le había dejado de regalo a Dell’Utri nada menos que 30 millones de euros.

“Cuando esta mañana me llamó el escribano me quedé shockeado por la noticia. No me lo esperaba porque no me debía nada. Yo di todo por él y él dio todo por mí”, comentó entonces su amigo siciliano.

Como recordaron fuentes de prensa locales, el exsenador sigue siendo acusado por la Fiscalía de Florencia por su presunta implicación en los atentados terroristas cometidos por Cosa Nostra en 1993 en esa ciudad, en Roma y en Milán. Según los fiscales, Dell’Utri habría presionado a un capo de la mafia siciliana para que se organizaran esos atentados “con el fin de contribuir a crear las condiciones para que se afirmara Forza Italia”, el partido de Berlusconi, que efectivamente ganó las elecciones al año siguiente. Por el mismo supuesto delito, jamás probado, también fue perseguido, hasta su muerte, el Cavaliere.

Pero es en el marco de estos hechos que los fiscales florentinos consideraron que “el análisis de los flujos financieros de Silvio Berlusconi hacia Marcello Dell’Utri y sus familiares induce a pensar que las erogaciones constituyen una contrapartida a beneficio de Dell’Utri por las condenas sufridas y su silencio en los procesos penales que lo han visto y lo ven involucrado”.

De ahí, el maxiembargo de 10.840.000 euros, de los cuales 2 .590.000 directamente pertenecen a Dell’Utri, y 8.250.000 a su mujer, Miranda Ratti. Si bien el exsenador se divorció de Ratti en junio de 2020, según los fiscales se trata de un acto ficticio para justamente intentar dividir los patrimonios y sustraerlos a las investigaciones de las autoridades judiciales.