Yahoo Noticias El Gobierno de Perú, "indignado" por orden de CorteIDH de negar proyecto sobre lesa humanidad
Lima, 3 jul (EFE).- El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, afirmó este miércoles que está "indignado" después de conocer que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó este martes al país andino dejar sin efecto, o que no otorgue vigencia, a un proyecto de ley sobre crímenes de lesa humanidad y de guerra, que abriría la puerta a prescripciones de esos delitos.
"Indignado, absolutamente indignado, por lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que decide de la manera más insólita, y sin que exista precedente alguno, sobre un proyecto de ley que ni siquiera se ha convertido en una ley", declaró Adrianzén al ser consultado sobre el tema.
El primer ministro agregó, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, que "resulta intolerable" que la corte supranacional llame a los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) "de un estado miembro soberano", como Perú, a no aprobar o aplicar una ley.
Informó, en ese sentido, que el tema fue tratado en la sesión de este miércoles del Consejo de Ministros y se le "ha ordenado tomar contacto con los líderes de los poderes del Estado" para coordinar y emitir "una respuesta conjunta" a la decisión de la CorteIDH.
Señaló que en ese pronunciamiento manifestarán "por supuesto, el rechazo a este tipo de disposiciones provenientes de la justicia supranacional".
La resolución de la CorteIDH
La CorteIDH requirió este martes "al Estado del Perú que a través de sus tres Poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley No. 6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú".
El tribunal también ordenó a Perú que a más tardar el 9 de agosto próximo presente un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo que le ha ordenado.
En junio pasado, celebró una audiencia sobre este tema en la que escuchó a representantes de organizaciones de derechos humanos y a funcionarios del Estado peruano, quienes defendieron la legalidad del proyecto y consideraron que la adopción de medidas en contra significaría una forma de "callar" al Congreso peruano.
Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos afirman, por su parte, que esta iniciativa afectará el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, puntualmente en los casos de La Cantuta y de Barrios Altos, por los que fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
El proyecto de ley, que es promovido por el fujimorismo y una bancada conformada por exjefes de las Fuerzas Armadas, busca impedir que se procese a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002, con lo que excluye el periodo del conflicto interno (1980-2000) que dejó más de 69.000 víctimas en el país.
La propuesta, que fue aprobada el pasado 7 de junio por el pleno del Congreso, aún requiere de una segunda votación, por lo que la CorteIDH ordenó el 13 de junio a Perú que detenga su trámite hasta que emitiera una resolución respecto al tema.
(c) Agencia EFE
