CARACAS.- Hermógenes Liendo tuvo que adaptar su estrategia después de reparar en que las pocas horas de sueño podían jugarle una mala pasada al volante. “Conducir casi sin dormir es peligroso”, dijo a LA NACION. Entonces decidió reprogramar su despertador para empezar a ir a hacer la fila para cargar nafta a las 5 de la mañana, en vez de a las 3. Una vez en la estación de servicio, el chofer se pone cómodo para resistir la eterna espera. “Una de las últimas veces que fui me tocó el número 200. Llegué a la madrugada y me fui como a las 12 del mediodía, y ni siquiera pude llenar el tanque”, relató.

Las hileras de autos y motos, que dependiendo del momento del día pueden superar varias cuadras, son moneda corriente en Caracas. Esto es el precio que los conductores pagan para cargar combustible subsidiado, o “regalado”, como definió Hermógenes. “Prácticamente es simbólico el precio, es un chiste”.

El régimen de Nicolás Maduro fijó en 2020 el valor del litro de nafta subsidiada en 2 centavos de dólar junto a un esquema de distribución en base al número de patente del vehículo. Mientras los autos pueden cargar hasta 120 litros por mes, las motos, 60. Por el contrario, las caravanas desaparecen en las estaciones de servicio que venden a precio internacional, el segundo modelo autorizado por el gobierno, donde el litro cuesta 0,5 dólares, un valor inalcanzable para buena parte de la población.

Estas son algunas de las escenas que reflejan el estado de la economía de la Venezuela de hoy, una país sumido en una crisis económica que busca hacer frente a una inflación que cerró 2023 en 189.8% -altísima, aunque en descenso- y a salarios empobrecidos, principalmente gracias a décadas de una pésima gestión de gobierno, a la que se sumaron las sanciones económicas que empeoraron el panorama.

La imagen de la escasez extrema en las góndolas de los supermercados de Caracas quedó atrás. Hoy los pasillos están llenos de productos tanto de industria nacional como importados. A diferencia de la Venezuela de hace diez años, hoy pueden verse variedad de productos de higiene personal, carnes y vinos argentinos, todo tipo de dulces estadounidenses, y hasta galletitas y pastas de Italia. Una sorpresa se vislumbra en las etiquetas: los precios de los productos están en dólares cotizados al valor oficial en bolívares (un dólar a 36,6 bolívares) e indicados con la referencia de su valor con un “REF”. Lo mismo se observa en los menúes de los restaurantes, de los cafés, de las carnicerías. Solo algunos mercados locales y verdulerías mantienen los valores en bolívares.

Una recorrida por los comercios del barrio de Chacao, de clase media, da cuenta de algunos precios: 7 dólares el kilo de pernil de vaca, el mismo valor que un maple de huevos, 1,15 dólares el kilo de bananas.

“En Venezuela hay hoy lo que se conoce como una dolarización de facto o transaccional. El gobierno no está de acuerdo en profundizar el tema de la dolarización, pero claramente ha hecho la vista gorda en permitir transacciones en dólares sobre todo buscando que el mismo sector privado a través de importaciones pudiera incrementar la oferta de bienes. Eso principalmente ayudó a que la economía se estabilizara y empezara a crecer”, explicó a LA NACION el economista Alejandro Grisanti, de Ecoanalítica.

Tras lograr escapar de una hiperinflación entre 2018 y 2020, el Fondo Monetario Internacional reportó que Venezuela sería la economía de América Latina con más crecimiento en 2024, con un incremento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4,2%, aunque queda por verse cómo repercutirán las más recientes sanciones económicas aplicadas por el gobierno estadounidense de Joe Biden.

Pero, remarcó Grisanti, “un crecimiento del 4% cuando tu economía sufrió una caída abrupta del 80% no es nada”. Y agregó: “Con lo que era la economía en el pasado, el poder destructivo que tuvieron las malas políticas de Nicolás Maduro desde 2013 a 2019 fue muy fuerte, y si bien en 2020 hubo un crecimiento, sus niveles han sido mínimos para el contexto general de la economía”.

Para pocos

Del mismo modo en que -según los especialistas- los indicadores en alza son insignificantes para una economía destruida, las góndolas llenas tampoco son el reflejo de la situación de la sociedad. Los economistas señalan esta distinción: no mirar qué ofrecen los comercios, sino en quiénes pueden comprarlo.

La crisis económica se tradujo en 7,7 millones de venezolanos exiliados del país en busca de mejores condiciones de vida; un 69,6% de la población que aún reside en el país bajo condiciones de pobreza multidimensional (con ingresos mensuales promedio de 102,5 dólares, que apenas cubren el 12,8% de la canasta básica y los servicios esenciales); y un aumento al 45,8% de la inseguridad alimentaria a pesar de una disponibilidad de alimentos superior a años anteriores, según el relevamiento de la organización HumVenezuela.

El cambio de política económica se dio con un relajamiento de controles de precio y de cambio y de las políticas de expropiación del chavismo, que cedieron ante la imposición de sanciones internacionales. “Pero es insuficiente”, sumó Zambrano. “La situación sigue siendo crítica: la gran mayoría de la población vive en situación de emergencia humanitaria, mientras que la clase media está absolutamente disuelta porque no existen empleos del tejido productivo para estas personas”.

De acuerdo los expertos, el sueldo mínimo, fijado en 3,5 dólares mensuales, ya no es un indicador válido ya que la gran mayoría de los trabajadores reciben asignaciones del gobierno, como el “bono contra la guerra económica”, que Maduro aumentó de 60 a 90 dólares mensuales en mayo. Esta compensación económica se suma en el “ingreso mínimo integral” que consta de este bono, el salario mínimo y el bono de alimentación de poco más de 40 dólares.

Maribel, la encargada de una verdulería en el barrio de Chacao que prefiere resguardar su apellido, dijo a LA NACION que la cantidad de productos que vende depende de cada cliente. Quienes cobran en dólares o reciben dinero de sus familias en el exterior pueden irse con la bolsa llena. “Pero aquí vienen pensionados que cobran como mucho 130 dólares al mes, entre bonos y ayuda de sus conocidos. ¿Qué compran con eso? Nada”, señaló.

Ese es el caso de José Gregorio Silva, de 86 años, residente de Petare, uno de los barrios más vulnerables de Caracas. Después de haber trabajado durante toda su vida en una compañía metalúrgica y unos años como taxista, ahora es jubilado y su jubilación no alcanza los 2000 bolívares (unos 55 dólares), contó a LA NACION.

Hablar de su situación económica lo angustia. “¿Para qué me alcanza? Dos harina PAN [de maíz], azúcar y ya se te va. Fui a cobrar ayer y ayer mismo gasté 900 bolívares de pura medicina”, relató, entre bocanadas de aire, esforzándose para retener las lágrimas. Es que Silva es diabético. Diariamente toma metformina, una medicación que cuesta 210 bolívares (5,7 dólares) en la farmacia. “Hay días que me tomo una sola pastilla. Otros, media. A veces ni para comprarla me da. Me tienen que ayudar mis familiares”, lamentó.

“Para atenderse en clínicas privadas, las personas tienen que comprar un seguro de salud que cuesta 2500 dólares al año. Quienes no disponen de esta suma de dinero, en la práctica no tienen acceso a la salud, dado que el sistema público de hospitales está en muy precarias condiciones”, indicó el economista de Venpaís Homero Gutiérrez.

Tamara Chacón es docente de geografía e historia desde hace más de 40 años en la escuela primaria. Asegura a este medio que los sueldos de los profesores “son humillantes”. Su salario le alcanza para lo básico, entre comida y algún servicio. “En general, para nada más. Me ayuda mi hermana. Por suerte puedo hacer tres comidas al día, pero hay mucha gente que hace dos o una”, afirmó.

“Ellos [el gobierno] no han valorado al docente porque ellos no necesitan gente que analice, gente que piense. Necesitan personas que puedan manipular y no les sirven las personas pensantes. Es pan y circo. Pero tengo la esperanza de que todo esto mejore”, agregó, con la mirada puesta en las elecciones del domingo.