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Diputado sobreviviente de Ayotzinapa lamenta defensa de abogados

CIUDAD DE MÉXICO, enero 22 (EL UNIVERSAL).- Luego de que una jueza federal revocó la prisión preventiva oficiosa contra ocho militares acusados en el Caso Ayotzinapa, por lo que llevarán su proceso penal en libertad por el delito de desaparición forzada, el exsubsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, lamentó que abogados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) litiguen contra la investigación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Un nuevo sabadazo. Allanan el camino a la impunidad", expresó Encinas, quien fuera titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa.

Tras los señalamientos de Alejandro Encinas, el diputado federal de Morena, Manuel Vázquez Arellano, también sobreviviente del Caso Ayotzinapa, declaró que "no puede una institución entorpecer al Ejecutivo".

"¿Militares defendiendo a militares? ¿No les suena esto a una realidad que se supone ya habíamos superado? ¿Se acuerdan cuando el fuero civil no podía juzgar a los militares quesque por las leyes militares y el fuero militar? Ni siquiera las resoluciones internacionales los alcanzaban. Pues esto es lo que está pasando en el Caso Ayotzinapa", dijo Vázquez Arellano.

Comentó que la jueza concedió que ocho militares implicados en la desaparición de los estudiantes puedan seguir su proceso en libertad: "Lo grave es, por un lado, el Poder Judicial. Lo más grave es que la propia Sedena, abogados de la propia Sedena defiendan a estos militares, con nuestros impuestos, con tus impuestos".

Vázquez Arellano indicó que el presidente López Obrador "le ha dado mucha confianza y mucha participación a la Secretaría de la Defensa Nacional, a los militares".

"Incluso la población tiene un gran grado de aprobación hacia estas instituciones; sin embargo, no tienen por qué intervenir en un caso que lleva casi 10 años sin resolverse y que el Presidente se ha comprometido a resolver, porque esto se ha convertido en un caso de Estado.

"No puede una institución entorpecer al Ejecutivo en la tarea de saber qué pasó con los 43 normalistas, nuestros compañeros", agregó el diputado.