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La detención de un inmigrante en Georgia convierte a la ciudad en el más reciente campo de batalla sobre la inmigración

Los apartamentos Argo, donde la policía buscó al sospechoso tras el asesinato de una estudiante de la Universidad de Georgia en un sendero boscoso cercano, en Athens, Georgia, el 25 de febrero de 2024. (Melissa Golden/The New York Times)
Los apartamentos Argo, donde la policía buscó al sospechoso tras el asesinato de una estudiante de la Universidad de Georgia en un sendero boscoso cercano, en Athens, Georgia, el 25 de febrero de 2024. (Melissa Golden/The New York Times)

ATHENS, Georgia — Cuando una estudiante de enfermería de 22 años fue encontrada muerta en un sendero boscoso de la Universidad de Georgia, en lo que se cree que es el primer homicidio en el campus en casi 30 años, se desencadenaron olas de dolor y miedo que sacudieron la universidad hasta la médula.

Pero cuando un inmigrante venezolano de 26 años fue acusado el viernes de secuestrar y matar a la estudiante, Laken Riley, hizo algo más: transformó a Athens y al condado de Clarke, una comunidad de unos 130.000 habitantes a unos 110 kilómetros al este de Atlanta, en el nuevo punto álgido de la lucha política sobre la política migratoria de Estados Unidos.

El lunes, en una publicación de redes sociales, el expresidente Donald Trump dijo que el sospechoso, José Antonio Ibarra, era un “monstruo” y culpó al presidente Joe Biden de una “invasión” que está “matando a nuestros ciudadanos”. Ese mismo día, en un acto en la universidad, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, denunció “la falta de voluntad de esta Casa Blanca para asegurar la frontera sur”.

Un tercer republicano, el representante de Athens Mike Collins escribió en las redes sociales: “La sangre de Laken Riley está en las manos de Joe Biden, Alejandro Mayorkas y el gobierno del condado de Athens-Clarke”, en referencia al gobierno unificado de la ciudad y del condado.

Para muchos liberales, estas declaraciones son retórica demagógica aunada a un crimen espantoso. El domingo en una entrevista, Kelly Girtz, alcaldesa demócrata del condado de Athens-Clarke, dijo que la conversación debería centrarse en el duelo por la víctima y en culpar a un individuo y no a un grupo.

“Este asesinato fue un acto violento y atroz”, dijo, “y recae directamente sobre el autor”.

Dolientes asisten a una vigilia por Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años encontrada muerta en un sendero de la universidad, en el campus de la Universidad de Georgia en Athens, Georgia, el 26 de febrero de 2024. (Melissa Golden/The New York Times)
Dolientes asisten a una vigilia por Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años encontrada muerta en un sendero de la universidad, en el campus de la Universidad de Georgia en Athens, Georgia, el 26 de febrero de 2024. (Melissa Golden/The New York Times)

La cultura relativamente liberal de Athens, sus políticas migratorias locales y la crisis fronteriza se combinaron con un crimen brutal para crear una mezcla tóxica en la universidad más importante de Georgia, donde la política estudiantil es muy diversa.

Afuera del centro de estudiantes, Ella Jackson, de 19 años, estudiante de primer año de Milton, Georgia, dijo que no se sentía insegura ni preocupada. Pero discrepó con la política del gobierno local sobre los inmigrantes que viven sin papeles en el país. “En realidad, no creo que sea nuestro trabajo darles refugio a los inmigrantes ilegales y menos tan cerca de un campus universitario”.

En años recientes, en la ciudad de Athens, los políticos locales de izquierda han ganado más prominencia, entre ellos Girtz, quienes han dado una nueva perspectiva a las cuestiones de justicia social y a corregir lo que consideran males persistentes del sur profundo. Estos políticos no han dudado en aceptar a los inmigrantes que se encuentran en el país sin papeles y a la comunidad hispana, cuyo número ha aumentado de manera drástica en Athens y sus alrededores en los últimos 30 años.

Al mismo tiempo, Athens sigue siendo una especie de espacio sagrado para los conservadores de Georgia. La enorme universidad, situada en el centro de la ciudad, ha educado a muchos de los republicanos más poderosos de Georgia, incluido Kemp, originario de Athens. Y el equipo de fútbol americano ganador de la universidad, así como las fiestas y la adulación que genera, son tradiciones fundamentales de Georgia que Kemp y otros entrelazan de manera llamativa en un tapiz conservador de cultura y política.

Kemp, quien fue constructor y desarrollador de viviendas de Athens, se convirtió en gobernador por primera vez en 2018 con un audaz anuncio en el que declaró: “Tengo un camión grande, por si acaso necesito atrapar a los ilegales criminales y llevarlos a su casa yo mismo”. Este mes, se comprometió a enviar elementos de la Guardia Nacional de Georgia a la frontera de Estados Unidos con México.

Girtz fue elegido por primera vez en 2006 para la comisión que rige el gobierno unificado de la ciudad y el condado. Según él, el grupo de políticos más activistas de Athens y sus partidarios surgieron, en cierta medida, de la escena musical new wave y pospunk que se hizo famosa en Athens a principios de la década de 1980 y de la que salieron grupos como R. E. M. y los B-52s.

La mañana del domingo, en una cafetería cercana al campus universitario, el alcalde, con chaqueta militar color verde olivo y gorra de béisbol, descartó la idea de que él fuera el responsable del asesinato. Dijo que Collins, quien lo acusa de tener las manos manchadas de sangre, albergaba “una especie de narrativa caricaturesca sobre el funcionamiento del universo”.

Además de abordar cuestiones de raza y clase que habían separado durante mucho tiempo a muchos de los residentes negros y blancos de Athens, los nuevos legisladores liberales se aferraron a una postura desafiante contra Trump sobre los inmigrantes, muchos de los cuales llegaron a esta localidad para trabajar en plantas avícolas o durante el auge de la construcción de principios de la década de los 2000.

En 2018, el alguacil local en ese momento, Ira Edwards, bajo la presión de Girtz y otros, puso fin a la práctica de mantener a los inmigrantes arrestados en la cárcel durante periodos de 48 horas para dar a los funcionarios federales de Inmigración y Aduanas la oportunidad de recogerlos para una posible deportación.

Y en 2020, los electores votaron por una fiscal de distrito liberal, Deborah Gonzalez, quien prometió “tener en cuenta las consecuencias colaterales para los acusados indocumentados” al tomar las decisiones de acusarlos.

Los conservadores estaban horrorizados por todo esto y siguen estándolo.

El lunes, Houston Gaines, representante estatal republicano de Athens, señaló que Ibarra, el sospechoso en el asesinato de la Universidad de Georgia, recibió un citatorio penal por robar en un Walmart de Athens en octubre, según los registros judiciales. Los registros muestran que se emitió una orden de detención, lo que significa que es probable que no se presentara ante el tribunal.

Existe “una atmósfera de que Athens está siendo un lugar que acepta a personas que, para ser honestos, no deberían estar en Estados Unidos”, comentó Gaines.

Ibarra fue arrestado por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos por cruzar la frontera de manera ilegal en septiembre de 2022 y fue liberado de inmediato con un permiso temporal para permanecer en el país, según las autoridades.

Esa liberación, o permiso, fue una práctica que el gobierno de Biden usó cuando los funcionarios estaban saturados debido a la gran cantidad de personas que cruzaban la frontera. El gobierno puso fin a dicha práctica seis meses después.

En agosto, Ibarra fue detenido en Nueva York acusado de poner en peligro a un menor y de violar la ley sobre permisos de conducir, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés). Acabó trasladándose a Athens y vivía en un apartamento a poca distancia del lugar del crimen.

Gaines dijo esta semana que, en los próximos días, junto a otros republicanos, trataría de impulsar proyectos de ley para endurecer las políticas en torno a los inmigrantes que carecen de un estatus legal permanente.

En un parque de casas rodantes al norte de la ciudad, José Tapía, de 50 años, un trabajador de la construcción de México y residente legal en Estados Unidos, dijo que anticipaba que las cosas se pondrían más difíciles para sus vecinos inmigrantes. “Creo que va a haber más tensión”, dijo. “Estoy seguro de que la policía va a ser más estricta”.

c.2024 The New York Times Company