Veinte años antes de su asesinato en manos de sicarios de la dictadura somocista, el reconocido periodista y político nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro Cardenal vivió dos años exiliado en Costa Rica.

Como si nada hubiese cambiado en 72 años, su hijo, Carlos Fernando Chamorro, al frente del periódico Confidencial, huyó al país vecino en enero de 2019, un mes después de que el régimen de Daniel Ortega ocupara su redacción y la del canal de televisión 100% Noticias y apresara a su director, Miguel Mora.

Consciente de que pronto correría la misma suerte que su colega, Chamorro cruzó la frontera por un punto ciego y se instaló en San José. Volvió ese mismo año a Nicaragua durante un breve período de apertura para pelear por su redacción, pero otra vez asaltaron sus oficinas y allanaron su vivienda por lo que le tocó irse definitivamente.

“Costa Rica era el espacio natural histórico. Siempre ha sido el refugio de los perseguidos de Centroamérica”, explica sobre su elección de destino en diálogo con LA NACION. “El blindaje institucional que hay en Costa Rica frente a cualquier ímpetu autoritario es algo único en la región”, añade el distinguido periodista.

De hecho, junto con Uruguay, Costa Rica es la única democracia plena de América Latina, según el último Índice de Democracia de The Economist, y se ha clasificado segunda de todo el continente, después de Canadá, en el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras (RSF).

“Costa Rica es una democracia plena que destaca por su pluralismo y el respeto a los procesos electorales, las libertades civiles y la participación política”, se lee en el último informe de RSF. “El periodismo está protegido por la legislación del país, y la Sala Constitucional ha garantizado la protección de la confidencialidad de las fuentes y defendido la importancia de una prensa libre en una democracia (...) los periodistas no sufren amenazas contra su integridad física, ni vigilancia o encarcelaciones”, destaca la entidad.

Es por eso que se ha convertido en un imán para reporteros de países cercanos que se enfrentan a regímenes cada vez más represivos. La cifra de periodistas exiliados en Costa Rica es incierta, pero un cálculo conservador supera los 150 reporteros y 20 medios.

El periodista Yelsin Espinoza cruzó la frontera el mismo mes que Chamorro. Pagó 350 dólares a un “coyote” (como se denomina a los contrabandistas de personas en las fronteras) y caminó 40 minutos por la selva hasta llegar al otro lado. Tomó la decisión de marcharse de Nicaragua luego de recibir una advertencia de un persona que se identificó como la sobrina de un alto comisionado de la policía. “Te van a traer preso, andate por tu bien”, decía el texto.

No era la primera vez que Espinoza recibía un mensaje así. De hecho, su cobertura con Canal 10 de las protestas contra las reformas al sistema del seguro social lo había expuesto a todo tipo de amenazas. Simpatizantes de Ortega le habían descrito “vívidamente” en redes sociales cómo pensaban descuartizarlo mientras que la policía lo había intimidado y agredido en las calles repetidas veces. Él, sin embargo, había decidido ignorarlos, cuenta a LA NACION.

Pero esta vez fue distinto. Por ese entonces ya había “una lista” y los opositores y periodistas comenzaban a caer tras las rejas.

Fue así que decidió marcharse; primero a una “casa de seguridad” —un término que se ha vuelto popular en Nicaragua en los últimos años—, y luego al país vecino. El plan original era mudarse a lo de una tía en Panamá, pero por la llegada del papa Francisco tuvo que retrasar su viaje ya que las fronteras estaban bajo estricto control.

El imprevisto, sin embargo, se convirtió en una oportunidad para Espinoza, quien durante ese tiempo de espera descubrió una importante comunidad de periodistas nicaragüenses exiliados en el país y surgió la idea de crear un medio de comunicación propio, Nicaragua Actual, para seguir informando desde territorio seguro sobre “las violaciones y crímenes de lesa humanidad que se siguen cometiendo en el país”.

Eduardo, un periodista nicaragüense que decidió utilizar un pseudónimo por motivos de seguridad, ya inició los trámites migratorios para mudarse a Costa Rica. Además del riesgo para su libertad e integridad física, “Nicaragua se ha vuelto cada vez más difícil de cubrir por el profundo temor de la ciudadanía a brindar testimonios incluso sobre el contexto del país”, comenta a este medio.

Un faro en la región

La comunidad de periodistas nicaragüenses en Costa Rica es la más grande, pero en los últimos años también se han sumado guatemaltecos, hondureños y salvadoreños.

Julia Corado, antigua directora de elPeriódico en Guatemala, que tuvo que cerrar en mayo de 2023 por el asedio del gobierno de Alejandro Giammattei y cuyo fundador, José Rubén Zamora, lleva más de 560 días preso por cargos de lavado de dinero que él niega, cuenta a LA NACION que salió de su país dos días después de que el Ministerio Público solicitó a un juez que autorizara el inicio de un proceso penal en su contra por el delito de obstrucción a la justicia.

Desde ese momento, las autoridades costarricenses le brindaron asistencia para permanecer en Costa Rica y le otorgaron refugio temporal, al considerar que se trataba de una persecución política en su contra.

“Mi estatus migratorio me permite sentirme tranquila en ese sentido. Queda agradecer al gobierno de Costa Rica por la apertura que ha mantenido en mi caso”, dice.

Otro caso de alto perfil ha sido el de El Faro, que el año pasado mudó su estructura administrativa y legal a Costa Rica debido a la “falta de condiciones para seguir operando” en El Salvador y tras las “campañas de deslegitimación y difamación” de parte de la administración de Nayib Bukele, quien curiosamente había expresado un gran aprecio por la labor de este medio de investigación independiente antes de llegar a la presidencia.

Su director, Carlos Dada, dice en diálogo con LA NACION que siempre fue complicado hacer periodismo en El Salvador por el nivel de violencia y la presencia del crimen organizado, y que ya habían sufrido campañas de otros gobiernos contra su trabajo pero “nada comparable con los últimos cinco años”, destaca.

“Bukele empezó a dar muy rápido muestras de autoritarismo y de pronto empezó su campaña abierta contra el periodismo que no se alineaba a su discurso”, rememora.

Para Dada, “las cosas se terminaron de arruinar” en dos momentos: el primero, en febrero de 2021, cuando El Faro publicó un editorial en el que advertía sobre las actitudes propias de una dictadura luego de que Bukele irrumpiera en la Asamblea Legislativa rodeado de un batallón militar; el segundo, después de que el medio expusiera un acuerdo secreto entre el presidente y las pandillas que contribuyó al dramático descenso de los índices de homicidio.

“Ahí básicamente nos declaró la guerra”, dice Dada, quien fue públicamente acusado por el propio Bukele de lavado de dinero en una conferencia de prensa.

La temperatura aumentó considerablemente —con procesos judiciales por evasión de impuestos, espionaje a los periodistas con el software Pegasus, campañas de deslegitimación y desprestigio en todas las plataformas, acusaciones de violaciones masivas y todo tipo de amenazas—, hasta que decidieron mudar la estructura legal y administrativa “para sacar la posibilidad de un embargo de su alcance”.

A pesar de los crecientes desafíos para el ejercicio del periodismo, la redacción sigue ubicada en El Salvador. “No somos Nicaragua porque Bukele ha hecho cálculos políticos y todavía no le conviene apresar periodistas, pero en el momento en que lo decida no tenemos ninguna garantía”, sostiene Dada al expresar su preocupación.

Al igual que muchos otros medios centroamericanos, las autoridades de El Faro eligieron Costa Rica por su estabilidad. “Es la democracia ininterrumpida más antigua de América Latina. No tiene ejército; es muy difícil que ocurra lo que sucedió en El Salvador, Honduras o Nicaragua”, argumenta Dada.

Goteras en el paraíso

En este sentido, el periodista costarricense Diego Delfino, director del medio Delfino.cr, trae a la conversación la popular comparación entre Costa Rica y Suiza. “Hay mucho de mito pero también mucho de realidad”, comenta. “Costa Rica abolió el ejército hace más de 70 años y tiene una robustísima institucionalidad. El ejercicio de la prensa no ha enfrentado mayores dificultades en todo este tiempo”, señala.

Delfino enfatiza en que no existe comparación alguna con la situación que viven otros países de la región, sin embargo, indica que se han encendido algunas alarmas con la llegada al poder de Rodrigo Chaves, “un populista que ha logrado capitalizar el enfado ciudadano en un país asquerosamente desigual”, según su descripción.

Antes de asumir la presidencia, Chaves prometió la destrucción de medios como Canal 7 y La Nación (de Costa Rica), que durante su campaña publicó una investigación sobre la sanción que recibió el candidato por acoso sexual cuando trabajaba en el Banco Mundial.

“Este tsunami los va a barrer como la basura de la casa”, dijo entonces Chaves, que durante su gestión se ha encargado de humillar a los periodistas y ha popularizado el término “prensa canalla”.

“Si uno compara a Costa Rica con el resto de Centroamérica, aquí no matan ni encarcelan. Pero con este nuevo gobierno estamos viviendo ataques sistemáticos a los medios de comunicación que no se habían visto antes”, dice Natasha Cambronero, editora de Investigación de La Nación de Costa Rica.

A los ataques verbales contra los periodistas se sumaron acciones administrativas como nuevas trabas en el acceso a la información o la redefinición de los criterios de asignación de recursos de publicidad estatal para favorecer a los medios afines al presidente, explica a LA NACION Raúl Silesky, presidente del Instituto de Prensa y de Libertad de Expresión de Costa Rica.

Otros ejemplos más puntuales incluyeron el intento de cierre del complejo deportivo y de entretenimiento Parque Viva, perteneciente al grupo La Nación, y la fabricación de un caso de evasión fiscal contra Leonel Baruch, principal socio de CRHoy, así como la interferencia en su proceso judicial de divorcio.

En este contexto, aunque sigue permaneciendo primera de América Latina en el Índice de Libertad de Prensa, Costa Rica cayó ocho posiciones con respecto a 2022 (pasó del octavo lugar al 23).

Sin embargo, a cada embestida del Ejecutivo, la Sala Constitucional ha reaccionado con firmeza. Silesky explica que esto se debe gracias a la consolidada independencia de poderes.

“La institucionalidad nos salva”, concluye Cambronero.