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Tras convenio, internos en cárceles de CDMX podrán votar

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 1 (EL UNIVERSAL).- Seis mil 960 personas privadas de la libertad en 8 centros penitenciarios de la Ciudad de México, podrían participar en el próximo proceso electoral para emitir su voto para elegir al próximo presidente o presidenta, así como jefatura de gobierno, alcaldías y diputaciones locales, informaron autoridades electorales y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

En conferencia de prensa conjunta entre la SSC, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), las autoridades precisaron que hasta el momento hay un padrón de 4 mil personas privadas de la libertad a las que se les hizo la invitación para participar, y buscan que 2 mil más, puedan sumarse al padrón electoral, de poco más de 25 mil totales que se encuentran en reclusión.

Los 8 centros en donde se realizaran las votaciones presidenciales y locales son el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, Sur y Oriente, el Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Norte y Oriente, la Penitenciaría de la Ciudad de México, el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial, el Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, el Centro Femenil de Reinserción Social de la Ciudad de México, así como el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I y II.

Del 6 al 20 de mayo próximo se instalarán las mesas receptoras del voto en los Centros Penitenciarios, que serán operadas por personal del instituto Electoral de la Ciudad de México y del Instituto Nacional Electoral.

María Luisa Flores Huerta, vocal ejecutiva y local del INE, dijo que aquellas personas que no estén en el padrón electoral deberán presentar la documentación necesaria en cada uno de los centros penitenciarios en donde se encuentren, y que personal del instituto que será desplegado, podrá incluirlos al momento.

El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, señaló que al corte del 31 de diciembre de 2023, en la Ciudad de México se encuentran en prisión preventiva 6 mil 960 personas privadas de la libertad que podrían participar en los procesos electorales.

Además, que el pasado 29 y 31 de enero, se realizaron jornadas de difusión en Centros Penitenciarios y entrega de Solicitudes individuales de Inscripción al Listado Nominal del Electorado en Prisión Preventiva.

La consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño, refirió que la participación de los internos es una garantía a la presunción de inocencia y que se está diseñando “el mejor mecanismo” para que pueda desarrollarse esta jornada de votos en los centros penitenciaros.

Durante la conferencia, las autoridades precisaron que se realizará un debate, del cual no señalaron fecha, en donde cada uno de los partidos podrán determinar si el candidato, o bien, un representante, estará al frente del mismo.

Bernardo Monroy, consejero Electoral y consejero presidente de la Comisión de Voto en Prisión Preventiva, enfatizó que no se prevé que los candidatos puedan hacer proselitismo al interior de los 8 centros penitenciarios, y que la información de sus propuestas, se hará llegar a través de talleres y por representantes, debidamente acreditados.

En este sentido, el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, precisó que todas las personas que durante este proceso electoral ingresen, deberán hacerlo bajo los mismos protocolos establecidos.

Esto será que, los representantes de los candidatos podrán acceder junto con los funcionarios del Instituto Electoral que son aprobados por los consejos distritales respectivos, así como el personal del IECM.

Cómo votarán. María Luisa Flores indicó que derivado del criterio emitido por el Tribunal Electoral, los internos que participen, votarán en el ámbito local de acuerdo al domicilio en donde están recluidos.

La funcionaria electoral comentó que para determinar quiénes estaban en posibilidades de emitir su voto, partió de una base de datos con poco más de 6 mil personas privadas de la libertad.

Estos debían pasar por tres criterios, es decir, el primero era identificar quién era una persona en prisión preventiva, revisar su ficha técnica, tener acceso a las huellas, para así poder determinar si cumplían los requisitos.