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¿Los contribuyentes de Miami pagan los gastos del juicio a Carollo? Sí, y el monto es millonario

El comisionado de Miami Joe Carollo fue demandado personalmente por acusaciones de que trató de destruir un negocio de La Pequeña Habana en una campaña provocada por una represalia política.

Pero los que tienen que pagar los gastos legales de Carollo son los contribuyentes de Miami. Se estima que el costo por defender al comisionado en una corte civil federal será muy alto, lo que encarecería el monto de $1.9 millón, que ya ha sido facturado, incluso antes de que el juicio al comisionado comenzara hace más de seis semanas.

Según archivos de la ciudad, la mayor parte de las facturas, casi $1.8 millones, pertenecen al bufete legal Shutts & Bowen and Kuehne Davis Law. Hay también facturas más pequeñas que son del bufete especializado en lesiones personales, Marrero Wydler, y del bufete de Fort Lauderdale, Buchanan Ingersoll & Rooney.

Antes de que todo termine, el costo final de las cuentas que deberán pagar los contribuyentes posiblemente será mucho más alto, quizás otro millón de dólares, o tal vez más.

Ello se debe a que los archivos de la ciudad que obtuvo el Miami Herald mediante una solicitud de archivos públicos solo mencionan el monto de la factura hasta inicios de abril, antes de que empezara el juicio. El jurado en el juicio del polémico comisionado se seleccionó el 10 de abril, de modo que los archivos públicos no reflejan las seis semanas de trabajo de un sinfín de abogados y otros costos legales que desde entonces han aumentado.

Aunque la demanda solo menciona a Carollo, la ciudad deberá pagar el total de los gastos legales del comisionado. Según Victoria Méndez, abogada de la ciudad, ello se debe a que la Corte Suprema de la Florida determinó que los funcionarios públicos tienen derecho a ser representados legalmente a expensas del público para defenderse por hacer su trabajo.

Méndez culpa del costoso litigio a los empresarios de La Pequeña Habana, William (“Bill”) Fuller y Martín Pinilla, quienes afirman que el comisionado ha tratado de destruir varios de sus negocios —como el popular e icónico club Ball & Chain— luego que ambos apoyaron al oponente político del comisionado en las elecciones del 2017 que, a la larga, ganó Carollo.

“Estamos en este dilema porque inescrupulosos empresarios creen que pueden hacer lo que les plazca y violar códigos y ordenanzas de la ciudad”, dijo la abogada de la ciudad en un mensaje de texto, como respuesta a las preguntas que le hizo The Miami Herald. “Piensan que por presentar demandas pueden abusar de los funcionarios electos y servidores públicos y hacer que complazcan sus deseos”.

De acuerdo con documentos que entregó la Ciudad de Miami, la batalla legal de Carollo comenzó a principios del 2019, solo meses después que se presentó la demanda.

En la demanda se argumenta que Carollo presionó a los jefes de departamento para que “convirtieran en un arma” la ejecución del código y también a la policía para que acosara a los empresarios con el propósito de que cerraran varios de sus negocios. Durante el juicio, los abogados de los demandantes han mostrado numerosos videos de la policía y de funcionarios del departamento de códigos cuando entraban en el negocio de La Pequeña Habana tarde en la noche y exigían ver los permisos. Se trata de documentos, dijeron los abogados, que los empleados de la ciudad podrían haber encontrado fácilmente en las computadoras de sus autos o en sus escritorios.

Carollo ha negado haber perseguido a ambos negociantes, tras argumentar que, en ocasiones, sus negocios han ignorado o violado códigos y permisos. Hasta ahora, la defensa de Carollo se ha enfocado en diferentes ocasiones en las citaciones que Fuller y Pinilla recibieron por no tener los permisos apropiados para la demolición y renovación de varias de sus propiedades en la Calle Ocho, en pleno corazón de La Pequeña Habana.

En un caso, los empresarios no instalaron aspersores de incendio en el techo de Ball & Chain. El comisionado ha negado una y otra vez haber usado su cargo para presionar que se entreguen citaciones a los empresarios. Por el contrario, dijo Carollo, cualquier acción que ha tomado ha sido para mejorar la calidad de vida de los residentes que viven en el vecindario.

En un juicio que ha visto una gran cantidad de idas y vueltas, tanto a los abogados como a los litigantes, el juez del Distrito Sur de la Florida, Rodney Smith les prohibió estrictamente que hablaran con los medios de prensa. Sin embargo, la semana pasada, Smith amonestó fuertemente a los abogados de Carollo, Ben Kuehne, Marc Sarnoff, de Shutts & Bowen y Mason Pertnoy, y los amenazó con penas de cárcel, luego que otro abogado que trabaja para el comisionado tomó una foto dentro de la corte, algo que está absolutamente prohibido.

Carollo, comisionado de Miami desde 2017, y que fue alcalde la ciudad entre 1996 y 2001, batalló hasta llegar a la Corte Suprema para que se desestimara la demanda que se presentó en su contra en 2018. Su argumento para la llamada inmunidad calificada —que protege a empleados del gobierno de ser demandados por hacer su trabajo— fue rechazada en el nivel de apelaciones de la corte y no llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.

No se sabe con exactitud cuánto más la ciudad deberá pagar en honorarios de abogados en lo que queda de juicio, que se cree durará por lo menos una o dos semanas más, pero lo que es casi seguro es que la suma de dinero aumentará notablemente.

Si bien no se pueden comparar, ya que en esta ocasión se trata de un juicio criminal, cuando en el 2014, el ex alcalde de Miami Lakes Michael Pizzi fue absuelto de las acusaciones federales de soborno por presuntamente recibir pagos de empresarios de Chicago que buscaban recibir lucrativas subvenciones federales, los gastos de los abogados en el juicio sobrepasaron $1 millón.

Después del testimonio del miércoles, el juez Smith le dio al jurado —al que se le dijo que terminaría a principios de mayo— un descanso por razones que no se dieron a conocer. El testimonio deberá recomenzar el 30 de mayo.

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Traducción de Jorge Posada