Se complica más el conflicto gremial en el puerto de Rosario y preocupa el impacto en el ingreso de dólares

ROSARIO.-El piquete de los estibadores se montó hace una semana en la puerta de la torre Aqualina, uno de los edificios más caros de Rosario –Lionel Messi es dueño de un piso-, que se encuentra a cien metros del Monumento a la Bandera, frente a al río Paraná. Allí vive Gustavo Nardelli, hombre del grupo Vicentín, que es presidente de Terminal Puerto Rosario, la empresa que protagoniza el conflicto: decidió despedir a 25 trabajadores, cesantear a todo el personal –unos 600 operarios- y no pagar el sueldo de noviembre. Ese piquete, junto con otros cortes en el acceso sur de Rosario, derivó en una protesta más violenta y más amplia, que incluyó un intento de toma de la intendencia y el Concejo Municipal de Rosario,

El puerto está actualmente tomado por los estibadores y el paro de SUPA se extendió a las siete terminales ubicadas en el sur de Rosario, donde están ubicados pesos pesado del negocio de la exportación de granos, como Dreyfus, Cargill y ADM. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), que nuclea a los exportadores, planteó su preocupación de que se bloquee el ingreso de divisas en un mes clave para el sector como es diciembre. Recalcan que están en medio de un conflicto que es ajeno al sector y piden una solución rápida al gobierno provincial y nacional.

El conflicto se desmadró este jueves cuando un centenar de personas, varias de ellas identificadas con el gremio de SUPA, irrumpió este jueves en el Municipio de Rosario, donde rompieron la puerta de ingreso y también ingresaron al Concejo Municipal. La policía no intervino y varios agentes, según las imágenes y testigos, fueron espectadores de una serie de incidentes que desbordaron el clima de la protesta sindical. Unos días antes, en un piquete de SUPA desde un auto dispararon contra los manifestantes.

En el momento en que los estibadores rompían una puerta histórica del municipio, que tiene más de 150 años, el gobernador Omar Perotti se puso intranquilo cuando el intendente Pablo Javkin le avisó que los manifestantes podrían llegar hasta allí e irrumpir también en el hotel Savoy, donde compartían una charla sobre biotecnología con el ministro del Interior Wado De Pedro, el senador Martín Lousteau y el diputado Facundo Manes.

Terminal Puerto Rosario, la concesionaria que opera los muelles ubicados en esta ciudad, está conformada desde 2017, cuando se hizo el último cambio accionario, por Inversiones Portuarias Andinas (IPAL), que tiene un 50 %. Esta firma pertenece el holding Ultramar de capitales chilenos, que es el encargado del gerenciamiento operativo del puerto. El resto está dividido entre empresas que tienen origen en Vicentin -actualmente en convocatoria de acreedores-. La agroexportadora tiene el 10,2 % y Sir Cotton el 39,8 %, una firma que está dentro del esquema del grupo nacido en Avellaneda, el norte de Santa Fe. Esa terminal opera con cargas de contenedores que llegan de distintas economías regionales del país para ser exportadas por este puerto.

El clima enrarecido y violento no fue casual, según las fuentes cercanas al intendente Javkin. Creen que “no fue una protesta que se salió de rumbo, sino que se quiso sembrar el caos de manera organizada”. César Aybar, secretario general de SUPA, trató de aplacar las aguas horas después del terremoto. Dijo que el gremio iba a solventar los destrozos en la intendencia y en el Concejo Municipal. “Acá hubo infiltrados”, se atajó Aybar, quien deberá declarar ante la justicia, luego de la citación que le envió el fiscal Carlos Covani, a quien le llamó la atención –según planteó en los medios esta mañana- la pasividad de la policía. “Parecía una zona liberada”, afirmaron desde el municipio. “Vienen las fiestas y los trabajadores temen que queden en la calle. No justifico los incidentes pero la situación se fue de las manos por la postura de la empresa”, señaló Aybar a LA NACION.

Durante la tarde del miércoles, el intendente recibió el llamado de Rafael Bielsa, embajador argentino en Chile, para ver de qué manera se podía encausar el conflicto. Vicentín es socia en el puerto de Ultramar, una compañía chilena de trayectoria en el sector. Esta firma es la que está a cargo de la operatoria de las terminales I y II. Las fuentes coinciden en que detrás del conflicto hay un interés por parte de la empresa para aprovechar la presión social, que ejerce tener trabajadores en la calle, con el objetivo de extender la concesión el plazo de la concesión que vence en 2032. Durante la gestión socialista, TPR había avanzado en un preacuerdo que incluía extender el plazo 25 años más, con un plan de inversión de unos 50 millones de dólares, que también incluía un aporte estatal de casi el doble. Hoy el puerto necesita una fuerte inversión en infraestructura, ya que más de la mitad de los muelles no están operativos por los derrumbes que se produjeron en los últimos años. Desde hace tiempo desde la concesionaria señalan que la planta de personal del puerto está sobredimensionada con respecto a la poca actividad de las terminales.

Este viernes se mantenían reuniones en la cartera de Trabajo de Santa Fe entre la empresa y el gremio para ver si podían llegar a un acuerdo antes de que termine una semana cargada de tensiones. Las primeras reuniones que se realizaron en el Ministerio de Trabajo de la Nación fracasaron y las conversaciones pasaron al plano provincial. Desde el gobierno provincial ven un panorama sombrío, y desde la conducción del Ente Administrador del Puerto están firmen en exigir no sólo que se solucione el conflicto sino también de que la compañía cumpla con el plan de inversiones. Si se cae la concesión al grupo chileno y Vicentin apareció durante los últimos la versión de que habría interés del grupo bonaerense Servicios Portuarios (Sepor), comandado por Manuel Ondarcuhu, oriundo de San Nicolás y ligado históricamente al peronismo.