“Fush, fush, fush”. Nicanor (no es su nombre real y, en adelante, será mencionado como N) entró a “su” cuarto y se encontró con una persona desconocida que acompañaba a una voluntaria, a la que dio unos suaves empujoncitos para que se retirara. Esa habitación blanca, con algunos dibujos infantiles en la pared, dos camas con baranda, un baño y un televisor con programación para chicos fue el hábitat no natural de un niño de 7 años, para quien el Estado no encontró un hogar que lo contuviera durante más de cinco meses. N vivió en el sector de Pediatría de un hospital de la zona norte del conurbano bonaerense desde febrero, cuando ingresó después de una dura historia de violencia, hasta junio, varios meses después de su alta médica. Fue trasladado a un hogar poco después de que LA NACIÓN conociera su caso y visitara el hospital.

En el pasillo blanco que da a la habitación de N se veía el trajín que provoca el cuidado de chicos que necesitan atención médica. El personal, de paso, le preguntaba a N cómo le había ido en el paseo con otra voluntaria, que lo había llevado a su casa para “sacarlo un poco”. Parecía contento, pudo liberar algo de la energía avasallante de un chico de su edad.

El caso de N no es el único. Muchos otros menores quedan en hospitales al cuidado de quienes, en realidad, tienen otras obligaciones. Llegan con algún problema de salud –producto, por ejemplo, del maltrato y el abuso– y, como no pueden volver a su casa, una vez curados en el aspecto físico permanecen “internados”, pero sanos.

Ese mismo hospital de la zona norte, que pidió no ser mencionado, tuvo otros chicos a su cuidado antes que N. Desde la intendencia del distrito donde está ubicado, que también solicitó que su declaración fuera en off, afirmaron que “en otros municipios existen casos similares. Hay un problema con los hogares, que ya están en su capacidad máxima”, dijeron a LA NACION.

En la Argentina, según un relevamiento realizado entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, funcionan 605 dispositivos de cuidado residencial de niñas, niños y adolescentes; el 52,2% son de gestión pública provincial o municipal, mientras que el 47,8% restante es de gestión privada, como asociaciones civiles, fundaciones y otros organismos de la sociedad civil. El 91,4% de ellos tiene capacidad para alojar menos de 30 chicas y chicos. Eran 9060 los menores cobijados en esa red para esa fecha.

“Este tema es absolutamente cierto. No sucede ahora, sino desde hace mucho tiempo, y es muy difícil de resolver”, confirma la abogada Marisa Graham, defensora nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Proliferan otros casos. La ex-Casa Cuna fue el hospital más antiguo del continente americano, fundado 1779 en la ciudad de Buenos Aires. El jefe de la Unidad de Violencia Familiar del hoy Hospital Pedro de Elizalde, Juan Pablo Mouesca, cuenta: “Esta situación se da en un montón de lugares. Aquí tuvimos una chica durante tres años. Se fue antes de ayer, estamos recontentos. Hoy tiene 12 años. Entró con una lesión en la pierna y casi la pierde. Hubo que operarla muchas veces. No había un hogar que pudiese proveerle los cuidados que necesitaba”.

Como el resto de los consultados, sostiene que “no hay cantidad suficiente de plazas en los hogares, nos dicen desde distintas instituciones. Un niño más chico puede ir a un hogar de acogida, pero los más grandes no tienen esa posibilidad. Además, algunas condiciones, como un problema médico más complicado o la necesidad de hacer un seguimiento psiquiátrico o psicólogico, hacen que sea aún más difícil conseguir un lugar para que vayan a vivir”.

Ahora mismo tienen en el hospital “viviendo” un niño de 4 años, desde hace más de un año. Ingresó muy mal, muy desnutrido. Tiene un trastorno del espectro autista (TEA) y también tuvo un linfoma. Su condición ya está controlada, por lo que podría egresar, pero no tiene adónde ir. “Hay varios organismos que intervienen, sin resultados. El chico tiene un derecho vulnerado, pero no se pone en marcha una solución. Además, está ocupando una cama de un chico enfermo que necesita atención”, agrega Mouesca.

“Los niños tienen que ir a la escuela, tener pares, irse de vacaciones. Acá no tienen nada de eso. Un hospital no es un lugar adecuado para el mediano ni el largo plazo. Cada vez más los médicos tenemos que hacernos cargo de situaciones que no son específicamente médicas”, sintetiza.

El testimonio de un estudiante de Medicina que realizó prácticas en otro hospital reconfirma la problemática. “Tuve prácticas en los diferentes servicios y estuve dos meses en el de Pediatría. Entrás al pabellón de Internación y allí varios de los chicos están por ‘causa social’, así se llama, e implica que no pueden volver con su familia. Entonces pueden pasar meses allí”, describe.

Añade que algunos chicos suelen estar “postrados en una cama, como si fueran una planta, sin interacción, sin incentivos para jugar, sin ir a la escuela. Están mirando el techo. En las rondas médicas, cuando se pasa por la cama de chicos por causa social se sigue de largo porque no están enfermos. Recuerdo en un cuarto ver a cuatro hermanos sin energía, sin estímulos, deprimidos. Está recontranaturalizado que esto funciona así”.

Fuentes del Gobierno confirman que no hay registros a nivel nacional de cuántos chicos están en esta situación. “Se va siguiendo desde las jurisdicciones”, aclaran. Es una desconexión que no se puede entender en estos tiempos de agilidad informática y gestión virtual, pero que se replica en varios ámbitos de una Argentina desordenada, donde rastrear estadísticas se vuelve una tarea titánica.

Voceros del Ministerio de Salud porteño explican que son varios los casos de menores de edad que al recibir el alta médica, permanecen en las instituciones médicas de la Capital por diferentes dificultades. “En esos casos, el hospital se convierte en un hogar temporal, donde reciben atención médica y apoyo emocional. Los profesionales médicos trabajan a diario para garantizar el bienestar físico y mental. Entre los motivos más comunes que explican la situación de los niños viviendo en los hospitales pediátricos aparecen situaciones de violencia, condiciones habitacionales vulnerables o casos que se encuentran judicializados. Además, también aparecen discapacidades permanentes”, detallan.

Apuntan que “es una problemática multicausal con una historicidad que se incrementa en situaciones de mayor crisis económica, social y del ámbito familiar. Además, es una cuestión interjurisdiccional, ya que hay un alto porcentaje de niños asistidos e internados cuya residencia es fuera de la ciudad de Buenos Aires; en la mayoría de los casos, en la provincia de Buenos Aires”.

Según datos de gobierno de la ciudad, actualmente en el hospital de niños Pedro de Elizalde se registra a 11 pacientes crónicamente internados, de los cuales cuatro presentan domicilio en la Capital, mientras que los siete restantes corresponden a diferentes provincias. También indican que hay otros 11 niños con el mismo perfil, distribución y problemáticas en los centros de salud porteños.

Por su parte, Pablo Neira, director del hospital pediátrico Ricardo Gutiérrez, informa que en este momento hay cinco chicos viviendo en este hospital a la espera de que se defina su situación (ya sea su vuelta a su casa o el traslado a un hogar). Son chicos que estuvieron en situación de calle, o con historia de maltrato o de abuso, y que llegan con un amparo judicial y un cuidador. “Se nos complica que vayan a un hogar, porque cada vez hay más pacientes con vulnerabilidades sociales”, expresa. Dice que este problema viene desde hace décadas, pero que eclosionó en 2020, durante la pandemia, cuando las situaciones de violencia se incrementaron por el encierro.

“A veces los tiempos de la Justicia no son los que querríamos los médicos. Cuando no hay lugar en el hospital, igual nos derivan pacientes con amparos. A veces no tenemos lugar para ofrecerles y quedan en la guardia, y de allí tratamos de pasarlos rápidamente a sala de Clínica. Hacemos todo lo posible para que no estén varias semanas en la guardia, como sí sucede en otros centros de salud”, agrega Neira.

Este inmenso hospital, fundado en 1875 y concebido desde el vamos como hospital pediátrico, cuenta con la primera escuela hospitalaria, un lugar donde los chicos no pierden clases y, además, pueden socializar. Pero en la mayoría de los casos, los menores que viven en los hospitales no tienen este beneficio y, a pesar de estar bajo la tutela del Estado, pierden clases.

Desde el área de Salud de la provincia de Buenos Aires explican que para este tipo de “internación extendida” cuentan con un Programa de Acompañamientos y Cuidados de Niñas. Niños y Adolescentes (NNYA) que brinda cuidado a quienes se encuentren en hospitales públicos bonaerenses y no cuenten con una red familiar o comunitaria. El programa está destinado al trabajo articulado principalmente con centros de salud provinciales y algunos municipales, contando con 187 trabajadores itinerantes distribuidos principalmente en las regiones del AMBA. En la actualidad, el programa supervisa a entre 30 y 40 niños, niñas o adolescentes, que incluyen no solo la compañía durante la internación, sino la realización de actividades lúdicas, de promoción de la salud y la articulación con escuelas hospitalarias”.

Consultado el hospital donde estuvo viviendo N, dijeron que “nunca nos enteramos de que existe este programa”.

Distintas voces para un mismo problema

Una de las múltiples razones de esta situación, esgrime Graham, es que en los años 90 hubo una suerte de “privatización de algunos hogares” y se conformaron ONG y asociaciones civiles “prestadoras del Estado, que paga por día y por niño. Ellos eligen a qué niños aceptan y a cuáles no, es decir, se reservan el derecho de admisión”; recuerda que tuvo el caso de una chica con discapacidad que “ningún hogar aceptaba”. Dice también que los hogares “deben contar con un equipo de especialistas para tratar diferentes problemáticas”.

En el caso de N, hay temas de conducta que se deben trabajar, producto de la situación de violencia por la que transitó en sus 7 cortos años. “No reacciona bien a los límites, esta es una forma de responder al maltrato y a la negligencia que ha recibido, probablemente esta sea la causa por la cual no se conseguía un hogar para él. Puede hacer un berrinche un poco exagerado, pero no más que eso. De todas maneras, es un chico que tiene recursos para salir adelante con un adulto que le brinde contención y responde muy bien al buen trato”, dijo a LA NACION la pediatra que lo tuvo a cargo.

María Victoria Aguirre de Acosta, presidenta de la Asociación Civil Familias de Esperanza, explica que el problema tiene una alta complejidad ya que hay muy pocos hogares especializados en determinadas problemáticas y además tienen casi todos los cupos completos. Agrega que hay más dificultades. “Para tratamientos específicos no es fácil conseguir turnos en los hospitales”, asegura.

Por ejemplo, en esta fundación vive un niño con TEA que lleva años institucionalizado, pero “la obra social no responde a sus necesidades, proveyendo terapias que son vitales para su desarrollo, como una escuela especial, terapia ocupacional o fonoaudiología, que por derecho le corresponden”, detalla Aguirre de Acosta. Muchos de los tratamientos son costeados “a pulmón” por las instituciones.

Otros hogares comentan que hay tremendos atrasos en el pago provincial de las becas de los chicos. “De hecho, para trabajar como lo hacemos, con chicos que salen adelante, nos pagan solo el 60% de lo que necesitamos. El resto lo conseguimos a través de donaciones. Los hogares están desesperados. Si un chico tiene una crisis psiquiátrica, olvidate de que alguien te dé una mano”, añaden.

Según la palabra oficial, los chicos y adolescentes pueden ser adoptados hasta los 18 años, pero antes deben ser declarados en situación de adoptabilidad. “En estos casos, es institucionalizado e ingresa a un hogar o familia de tránsito. La institucionalización debe ser siempre transitoria…”, reza la normativa. Lamentablemente esto no siempre ocurre y hay chicos que pasan años en un hogar. Tal como publicó LA NACION a través de su fundación, la adopción no es el único camino. Todos los profesionales consultados hicieron referencia a que, además de los tratamientos que necesitan, el cariño funciona como un elemento clave en el desarrollo de los chicos.

“Convivimos cinco meses con N; si no te encariñás, sos un hielo”, dijo una empleada del hospital que lo cobijó a LA NACION. “Que los chicos vivan en un hospital tiene algo de bueno, que es salir del lugar en donde le están haciendo daño. Pero lo malo es que no hay un referente afectivo con el cual vincularse, porque el personal tiene turnos y va rotando. La realidad es que no es el mejor lugar para que viva un niño, si bien no será maltratado, no pasará hambre ni frío. Y eso ya es un montón”, consideró.

Un panorama de situación

Según los últimos datos del Indec, el 58,5% de los chicos hasta 17 años eran pobres e indigentes en la Argentina en el segundo semestre de 2023. Algunos de ellos se encuentran incluso en situaciones de mayor vulnerabilidad al no tener acceso a una familia que los cuide. Un drama que, como se ve, se potencia por la falta de espacios que les brinden contención en caso de que la necesiten.

Para Graham, esta problemática se da mayormente la provincia de Buenos Aires, hasta el tercer cordón. El resto de las provincias tienen menos cantidad de niños sin cuidados parentales, porque el “tema de la institucionalización pasa más por las grandes ciudades”. También se han registrado casos, por ejemplo, el año pasado en Rosario, donde se dio a conocer que hubo varios hermanos viviendo en un hospital.

“Hay 12.200.000 niños en la Argentina. En instituciones hay 9000. Nos preguntamos entonces desde la defensoría cómo no hemos podido resolver el tema”, lamenta Graham.

El trabajo del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia llamado “Censo nacional de dispositivos de cuidado residencial de niñas, niños y adolescentes”, con un relevamiento entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, detectó –como se dijo– un total de 605 dispositivos de todo el territorio nacional. El 52,2% de gestión pública provincial o municipal, mientras que el 47,8% restante es de gestión privada, como asociaciones civiles, fundaciones y otros organismos de la sociedad civil.

El 91,4% de los dispositivos residenciales del país tiene capacidad para alojar menos de 30 chicas y chicos, “lo cual se adecúa a los lineamientos nacionales establecidos en materia de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales”, se lee en el informe. En ellos había al momento del informe unos 9060 chicos alojados en todo el país. Solo el 45,1% admite población con discapacidad, y el 43,1% población con enfermedades asociadas a la salud mental.

Según este censo, hay un problema de sobreocupación. El 23,1% (140 en total) tienen más población alojada (3152 chicos) que cantidad de plazas disponibles (2242). La sobreocupación es mayor en los dispositivos de gestión pública que en los de gestión privada.

¿Hay suficientes hogares para albergar a los chicos que los necesitan? “Sí –dice Graham–, aunque hay algunos a los que no mandaría a un chico, tanto públicos como privados, y otros que son maravillosos. También hay que ver cómo es el perfil del chico y tener un hogar preparado para ese perfil. No tenemos eso: se busca una vacante y no se tiene en cuenta si el establecimiento tiene el equipo suficiente para un chico que requiere una atención que va más allá de lo que necesita el resto”.

Presupuesto y responsabilidad compartida

Un reciente informe de Unicef muestra que “si se analiza el gasto devengado al 31/5/24, se observa que los recursos del presupuesto transversal de niñez efectivamente ejecutados entre enero y mayo de 2024 cayeron 25% en términos reales en relación con lo implementado en el mismo período de 2023”.

Para Unicef, “si bien bajo el esquema federal de gobierno la mayor parte del financiamiento y ejecución de la inversión dirigida a la niñez está a cargo de los gobiernos provinciales, sobre todo en lo que respecta a los servicios educativos y de la salud, las políticas enmarcadas en el presupuesto nacional cumplen un rol fundamental en el financiamiento de prestaciones claves para la niñez y en la reducción de inequidades territoriales en estos sectores. En este sentido, resulta indispensable que se fortalezcan canales de diálogo y articulación de responsabilidad compartida entre la Nación y los gobiernos subnacionales que permitan garantizar flujos de financiamiento que eviten interrupciones o rezagos en la prestación de servicios esenciales para los niños, niñas y adolescentes”.

Hoy, N está en la Fundación Juguemos y Caminemos Juntos. “En octubre me pidieron la vacante, pero no tenía lugar. Sin embargo, desde ese momento estuvo en mi corazón. No somos una fundación especializada, pero no se elige a los niños. Hoy se está adaptando, con amor”, confía Raquel Morales, responsable de la entidad. Cuenta que también tiene otro caso a punto de ingresar de una chica de 12 años que hace un año que vive en el Hospital Garrahan. “Está con diálisis tres veces por semana, necesita un trasplante de riñón”, detalla. “Hay chicos que demandan más tiempo y más terapia. Muchas se hacen de manera privada porque la beca cubre aproximadamente el 40% de los gastos, pero hacemos ferias y buscamos donaciones. Hay que moverse”, relata Morales.

Ahora comienza una nueva etapa para N, que va a transitar con chicos de su edad y escolarizado. Su caso pone el foco en la situación de muchos chicos que hay que resolver. El encuentro con N no terminó en el “Fush, fush, fush”. Alguien dijo: “Agradecele el regalito”, que eran unos alfajores. Y ahí sucedió la magia y la sorpresa. Un abrazo intenso por parte de N. Nada más, nada menos.