Biden enfrenta una primera prueba en materia de inmigración y seguridad nacional después de Trump

WASHINGTON — El presidente electo Joe Biden ha señalado que una de sus prioridades principales será anular las restrictivas políticas migratorias de su predecesor. Para hacerlo, tal vez deba reformar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), un organismo que se ha sometido a la voluntad del presidente Donald Trump durante los últimos cuatro años.

El departamento, creado después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, ha ayudado al cumplimiento de algunas de las políticas más divisorias de Trump, como separar familias en la frontera, prohibir los viajes desde países de mayoría musulmana y construir su muro fronterizo. Este año, cuando el presidente intentó enfocar su campaña en la ley y el orden, los líderes de seguridad nacional se sumaron a la causa, al desplegar agentes tácticos para proteger a las estatuas y confrontar a los manifestantes.

Después de que captaron en video a agentes mientras arrestaban a manifestantes y los subían a camionetas no identificadas como patrullas en las calles de Portland, Oregon, los críticos del departamento exigieron cambios sistémicos en la agencia, o incluso su desmantelamiento. Sin embargo, el gobierno entrante está resuelto a mantener intacta la institución.

Aunque sí habrá cambios.

Las entrevistas con dieciséis funcionarios actuales, exfuncionarios, asesores en funciones y exasesores de seguridad nacional involucrados en la transición de Biden, y una revisión de su plataforma, sugieren una agenda que busca incorporar el cambio climático en la política del departamento, llenar puestos vacantes y apuntalar responsabilidades que Trump descuidó, entre ellas la respuesta a los desastres y la ciberseguridad.

Sin embargo, en un inicio, dominará la anulación de las políticas migratorias de Trump.

Muchas de las políticas del gobierno de Trump no se pueden deshacer de inmediato y es probable que Biden enfrente una prueba anticipada si aumenta la migración a la frontera suroeste con la salida pendiente de Trump.

Esto podría generar tensiones políticas, pues habría que equilibrar las exigencias de políticas migratorias más indulgentes que busca la izquierda demócrata con las inquietudes de los moderados que temen que esos asuntos les salgan caros en las elecciones a la Cámara de Representantes y el Senado de este mes. Cuando ganó las elecciones de 2016, Trump prometió una agenda migratoria de línea dura y esas políticas siguen siendo un atractivo central para muchas personas que lo han apoyado.

“Si parece que simplemente están postergando el problema, entonces la gente se enojará mucho”, opinó Marisa Franco, directora ejecutiva de Mijente, una organización que defiende los derechos humanos de los latinos, quien participó en un equipo de trabajo que emitió recomendaciones para la campaña de Biden.

En esencia, Trump midió el éxito de sus secretarios de seguridad nacional según el progreso de su muro fronterizo y la cuota mensual de arrestos a manos de sus agentes en la frontera.

El equipo de transición de 23 miembros que anunció Biden la semana pasada indica que respaldará las otras responsabilidades del departamento en expansión. El equipo cuenta con al menos cuatro exfuncionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, la agencia enfocada en la inmigración legal que ha estado envuelta en problemas financieros. La lideresa del equipo, Ur Jaddou, fue asesora en jefe de la agencia durante el gobierno del presidente Barack Obama y una crítica frecuente de las políticas de Trump.

El grupo también cuenta con varios exfuncionarios del gobierno de Obama enfocados en ciberseguridad, respuestas de emergencia y seguridad en el transporte. Trump tenía un equipo de tan solo cuatro asesores de transición para la seguridad nacional.

“Si uno observa lo que está sucediendo en el mundo, además de la seguridad fronteriza y los problemas de la TSA con las aerolíneas, hay una pandemia y una temporada de huracanes sin precedentes”, comentó Michael Chertoff, secretario de Seguridad Nacional durante el gobierno de George W. Bush, en referencia a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por su sigla en inglés). Según Chertoff, Biden tendrá un “enfoque más estratégico y de mayor envergadura”.

Un grupo distinto del equipo oficial de transición de Biden, compuesto en su mayoría por voluntarios, ha trabajado durante semanas en ese enfoque. Estos voluntarios, entre ellos la exdirectora del Consejo de Política Nacional de Obama, Cecilia Muñoz, y quien fuera subasesora de Seguridad Nacional también con Obama, Amy Pope, se han concentrado en incluir la investigación sobre el cambio climático en la toma de decisiones de la próxima dirigencia del departamento.

Aunque la agencia no se convertirá en “el departamento del clima”, según un asesor, el nuevo gobierno usará la investigación para darle forma a la respuesta a los desastres naturales y la resiliencia para ayudar a la Guardia Costera mientras patrulla el Ártico. La próxima dirigencia de seguridad nacional podría confiar en la climatología para predecir la migración proveniente de lugares como Guatemala, donde la roya del cafeto ha afectado las cosechas de las que dependen los agricultores.

“Esto debe ser una prioridad a largo plazo para el DHS”, opinó Thomas S. Warrick, un ex alto funcionario de contraterrorismo en el departamento y coautor de un informe de este año donde se enfatiza la participación futura del departamento en la defensa contra las ciberamenazas, las pandemias y la supremacía blanca.

La coautora de Warrick, Caitlin Durkovich, está también en el equipo oficial de transición de Biden.

El grupo de voluntarios ha enfatizado que el cambio no llegará a partir de una reestructuración drástica, sino desde el personal. De los 74 puestos directivos en el Departamento de Seguridad Nacional, dieciocho están vacantes o los ocupan funcionarios interinos. Los organismos de control y los tribunales han cuestionado incluso los nombramientos de las personas que están en calidad de interinas. Apenas el sábado, un juez federal mencionó que Chad F. Wolf, el secretario interino de Seguridad Nacional, no actuó conforme a la ley cuando presentó un memorando en julio en el que suspendía las protecciones para los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños.

El gobierno de Trump promulgó más de 400 cambios para reducir u obstruir la inmigración y, aunque Biden puede retractar los que se emitieron por medio de órdenes ejecutivas o memorandos de políticas, tomará tiempo anular las políticas que pasaron todo el proceso regulatorio, según Sarah Pierce, analista política del Instituto de Política Migratoria.

“En el tema de inmigración, espero que se adhieran a cosas de alto perfil, de muy fácil procedimiento y con una mínima carga logística”, comentó Pierce.

Esto incluye terminar la prohibición que restringe los viajes desde trece países de mayoría musulmana y africana, y detener los esfuerzos del gobierno de Trump por eliminar las protecciones para unos 700.000 jóvenes inmigrantes que llegaron al país cuando eran niños.

Biden también planea aumentar el límite de admisión de refugiados a 125.000, imponer una moratoria de 100 días a las deportaciones y ordenar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que se concentre en los criminales violentos. No obstante, sigue sin quedar claro cómo reconstruirá el deteriorado sistema de reubicación para recibir a tantos inmigrantes o los detalles específicos sobre el alto temporal que planea imponer a la expulsión de inmigrantes que están en el país de manera ilegal.

El nuevo gobierno revocará la declaración de emergencia nacional que permitió que Trump desviara miles de millones de dólares del Pentágono a la construcción del muro fronterizo, pero un asesor involucrado en la transición señaló que no había planes de desmantelar los 640 kilómetros de muro que ya están edificados.

Será más difícil desenmarañar otras regulaciones, como el laberinto de restricciones a la obtención de asilo que impuso el gobierno de Trump y la regla de la carga pública que permite la negación de green cards a los inmigrantes que sean considerados propensos a usar la asistencia pública.

Pierce mencionó que el nuevo gobierno podría comenzar el lento proceso de remplazar las regulaciones de Trump o, dado que la regla de la carga pública sigue en litigio en los tribunales, corregir esa regulación en una conciliación.

Biden también ha resucitado el antiguo objetivo demócrata de crear un camino a la ciudadanía para casi 11 millones de inmigrantes que carecen de estatus legal… pero, sin un Senado demócrata, eso luce como una meta imposible (el control del Senado depende de dos desempates en Georgia a celebrarse en enero).

Un aumento esperado de migración en la frontera suroeste en los próximos meses pondrá a prueba la capacidad de Biden para equilibrar las demandas de las alas liberales y moderadas de su partido, mientras evita un desbordamiento de las instalaciones fronterizas.

Biden ha declarado que dejará de “contar”, lo cual restringe la cantidad de migrantes que pueden buscar protección en los puestos fronterizos. No queda claro si se saldrá de los acuerdos con los países centroamericanos que permiten que Estados Unidos envíe a los migrantes que buscan protección de vuelta a esta región. Biden acabaría con la política de “Quédate en México” que ha enviado a más de 60.000 migrantes de vuelta a México a esperar audiencias de solicitud de asilo que han sido suspendidas durante la pandemia.

Los asesores de Biden han hablado sobre apresurarse a llevar a la frontera a funcionarios que trabajen en el tema del asilo y a jueces migratorios para procesar a esas familias y a otras personas en busca de protección.

“El verdadero problema es la magnitud. ¿Pueden aumentar la escala con la velocidad necesaria si hay un incremento en la frontera?”, cuestionó un funcionario involucrado en la transición.

Biden no se ha comprometido a eliminar la regla de emergencia de salud pública que en esencia les ha bloqueado el acceso en la frontera a las personas que buscan asilo. El gobierno de Trump ha citado el riesgo de la pandemia para empoderar a los agentes de la Patrulla Fronteriza a que envíen de vuelta con prontitud a los migrantes a México o a sus países de origen sin brindarles la oportunidad de explicar sus razones para solicitar el asilo. Un asesor de la campaña comentó que el gobierno planeaba consultar a funcionarios de salud pública para debatir la política.

This article originally appeared in The New York Times.

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