Más de 60 vecinos de Luján y dos asociaciones civiles apelaron la resolución del juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, que ordenó la reanudación de las obras para el saneamiento del Basural a Cielo Abierto (BCA) y la ejecución del proyecto Centro Ambiental Luján (CAL).

El 21 de abril de 2023 el magistrado había dispuesto una medida cautelar que suspendía las obras, ante el reclamo de los vecinos y de las ONG que se oponían a la forma en que la iniciativa estaba siendo implementada. Sin embargo, el 20 pasado, el mismo juzgado decidió revocar la medida y autorizó que las obras se reinicien.

El Municipio de Luján tiene en su territorio el basural a cielo abierto más grande del país, donde se vierten a diario 120.000 kilos de basura. Los desechos, entre ellos los peligrosos y patógenos, son incinerados y, según denuncian los vecinos, provocan graves daños al ambiente y a la salud de la población. El predio se utiliza para el descarte de residuos desde hace más de 50 años. El gobierno nacional durante la presidencia de Alberto Fernandez, recibió US$18.000.000 de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para realizar un saneamiento del basural de Luján. Dentro del proyecto, el Gobierno había incluido la ejecución del Centro Ambiental Luján (CAL), que iba a ser una planta de tratamiento de los residuos. El predio elegido fue, en el pasado, parte de la estación de tren Sucre.

Muchos vecinos manifiestan su oposición al proyecto. Según plantean, las tareas de saneamiento que iban a realizarse en el basural de Luján nunca se hicieron. Ante eso, los daños en la salud y en el ambiente siguieron produciéndose. Además, consideran que se ha utilizado de manera “arbitraria” un lugar histórico para descartar residuos, que, por sus dimensiones, nunca podrá reemplazar al actual basural.

En su último fallo, el juez resolvió “levantar la prohibición de innovar dispuesta en la medida cautelar resuelta con fecha 21.4.23 (autos principales), en su parte pertinente, ordenando la reanudación de la ejecución de las obras para el saneamiento del Basural a Cielo Abierto - Proyecto Centro Ambiental Luján CAL”.

La decisión de revocar la cautelar respondió a la intervención de la Defensoría Pública de la Nación. De la mano de su titular, Verónica Vieito, alegó que, desde que se suspendieron las tareas a esta parte, se vieron afectados los derechos de los vecinos, principalmente los del Barrio San Pedro, al que el organismo representó.

En respuesta a la medida del juez, dentro de las 48 horas, tal como lo dispone la Justicia, la asociación civil Nuevo Ambiente y más de 60 vecinos, apelaron el levantamiento de la medida cautelar. Los demandantes consideran que con una medida “nula” por violar la ley, el juez provocó un “gravamen irreparable” al ordenar “la reanudación de la ejecución de dichas obras”.

Gravedad

Viviana Novelle vive muy cerca del predio ferroviario Sucre, donde está proyectada la instalación del CAL, y a cuatro kilómetros del BCA. Es dueña desde hace 22 años de Tallo Verde Orgánico, una huerta certificada. “El Juez ejerció una competencia revisora de su propia sentencia anterior. Solo la Corte Suprema de Justicia de la Nación puede evaluar un recurso como ese”, señaló.

“La decisión es grave”, dijeron desde Nuevo Ambiente, una ONG que se ocupa de la problemática de la gestión de residuos sólidos urbanos y que desde hace muchos meses se sumó al reclamo de los vecinos de Luján. “Esperamos que la Cámara de Apelaciones resuelva mantener la cautelar y que las obras se detengan”, indicaron.

Respecto de los desechos que continúan descartándose en el BAC, Novelle señaló: “En la cautelar de 2023, el mismo Portocarrero Tezanos Pinto había dispuesto que los residuos sólidos urbanos debían derivarse a un lugar apto”. Y agregó: “Ahora modificó la cautelar y dispone que el 90% de la basura se siga tirando indiscriminadamente en el basural a cielo”. Para ella y para otros vecinos, es incomprensible que haya habilitado de nuevo la contaminación. “Lo dispuso a sabiendas de que hay una pericia oficial que él mismo pidió que dice que ese lugar no resiste ni en tamaño ni en peligrosidad a residuos, un residuo más”.

Rescisión del contrato y abandono

Las obras empezaron en 2022, durante la gestión de Leonardo Boto, actual intendente de Luján. Según cuentan los vecinos, en aquel momento se contrató a una empresa para que ejecutara las obras de saneamiento del BAC y el CAL que financiaba un crédito de 18 millones de dólares del BID. “Los daños a la salud y al ambiente continuaron y ello motivó demandas judiciales por parte de los vecinos. Por iniciativa judicial, se suspendieron los trabajos. El caso estaba siendo analizado ahora por la Corte nacional”, indicó Novelle.

Según ella, la empresa rescindió el contrato y desde ese entonces hay abandono. “El municipio sigue arrojando basura y contaminando y nadie rinde cuentas sobre el desmanejo del dinero”.

Según manifiestan, más de 60 vecinos formaron parte del amparo colectivo. A ellos se sumaron dos asociaciones civiles, Nuevo Ambiente y Repsus. Además, hay cuatro demandas penales por el vaciamiento de residuos peligrosos, realizadas por cuatro damnificados, entre ellos Novelle y Bruno Migliardo.

La ONG Repsus, tal como señalan, tiene como pilar la defensa judicial de los ciudadanos frente a injusticias y abusos por parte de los poderes públicos. La ecología es uno de sus ejes principales. Según manifestaron a LA NACIÓN, ante la preocupación que les genera el caso, avanzarán con los recursos legales correspondientes para detener el avance del proyecto: “El proyecto del Centro Ambiental Luján no es adecuado para resolver el volumen de basura que genera el municipio. Es una solución que en el tiempo no sirve y afecta también a otros vecinos de la zona. El Estado insiste en avanzar en esta obra de solución cortoplacista que hasta el propio BID que la financia hoy cuestiona”.

Según la ONG, convalidar el avance del proyecto lejos está de solucionar el problema de la contaminación que provoca la basura en Luján. “El estado del basural es deplorable. No hay control de los desechos que se arrojan y hay decenas de personas que están expuestas a los contaminantes que sobreviven en él”.

Desde el municipio entienden que el proyecto mejorará la calidad de vida de los vecinos. “Los que se oponen a la remediación del Basural a Cielo Abierto más grande de la Argentina y a su solución real, la construcción del Centro Ambiental, es un grupo minúsculo de 2 o 3 personas que se arrogan la representación del conjunto de la comunidad de Luján”, argumentó Juan Redondo, secretario de Desarrollo Productivo del municipio. Según manifestó, más de 120.000 lujanenses apoyan las obras. Los que se oponen, a su entender, es por “un interés económico propio”.

“Los eslóganes que ellos planteen pierden sentido cuando la Justicia federal, el gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno municipal y la ciudadanía solicitan la continuidad de las obras”, señaló Redondo.

El fallo

Junto con la revocación de la medida cautelar, el juez Portocarrero Tezanos Pinto sostuvo que se configuró un cambio en las circunstancias respecto al momento en que se ordenó la medida. Asumió que la paralización de las obras conlleva a que se suspendan los desembolsos internacionales pactados para invertir en infraestructura ambiental. Además, manifestó que el posible perjuicio que podría ocasionar la continuidad del proyecto resultaría sensiblemente menor en comparación a la actual situación ambiental o al agravamiento que podría darse por la suspensión del avance de las obras.

Los vecinos sostienen que no se privilegió el derecho a la salud. “Como se lee, el magistrado priorizó lo económico antes que el derecho a la salud”, advirtió Novelle.

“Desde el Ministerio de Ambiente reafirmamos nuestro compromiso para erradicar los basurales a cielo abierto, en este caso puntual con esta obra clave”, dijeron desde el organismo bonaerense. Según manifestaron ante la consulta de LA NACIÓN, y tal como dispuso el juez en la revocatoria, esa cartera supervisará las obras. “Tanto el cierre técnico del basural, su correcta impermeabilización, las obras hidráulicas y el venteo de gases según lo proyectado, así como de la construcción del relleno sanitario, contemplando también la impermeabilización del suelo, la correcta colocación de la membrana y las obras hidráulicas, todo esto mediante un plan de inspección de obras”, se indicó.

Entre los demandantes, esa es otra de las controversias: “El Ministerio de Ambiente bonaerense es uno de los demandados por parte de los damnificados, no puede ejercer el control y hacer informes”, planteó Novelle, en representación de los más de 60 vecinos denunciantes y de las dos asociaciones civiles.

Ante los dichos de Novelle, el ministerio bonaerense manifestó que esa cartera, a cargo de Daniela Vilar, “no está demandada” en ese expediente y solo interviene en el caso “como terceros”.