Banderazos, radio abierta, clases públicas y hasta cacerolazo. La Universidad de Buenos Aires (UBA) emprendió 48 horas de lucha para visibilizar la crisis del sector. Reclaman un aumento del presupuesto nacional, la implementación de un boleto educativo y el incremento salarial para docentes y no docentes.

Hoy, además, tras una reunión del Consejo Superior, declararon la emergencia presupuestaria. “En las condiciones actuales se encuentra seriamente afectada la posibilidad de mantener toda actividad tendiente a garantizar la calidad educativa, la continuidad de la investigación, de la extensión y la función asistencial”, señalaron.

Según difundieron, pese a la actualización parcial anunciada por el Gobierno, los fondos para gastos de funcionamiento implican un recorte en términos reales del 80%. Por cada $10 que contaba la UBA en marzo de 2023, hoy tiene $2. Denunciaron, además, que hasta hoy los hospitales universitarios no recibieron ningún recurso por parte de la administración de Javier Milei.

“La educación pública universitaria constituye un orgullo de la sociedad argentina que se basa en los pilares de laicidad, gratuidad, autonomía, inclusión social, enseñanza con la máxima calidad académica, desarrollo de la investigación y compromiso con el entorno social, requiriendo un financiamiento adecuado para el desarrollo de sus actividades”, agregaron.

La casa de altos estudios, que volvió a ubicarse como la mejor clasificada del país en el ranking QS World University de 2024, ya había lanzado la semana pasada una campaña, que también copa las paredes de sus edificios, bajo el lema “Cuidemos lo que funciona” y convocó a firmar un petitorio (https://forms.office.com/r/KpkJNmvvLt?origin=lprLink) para rechazar el ajuste.

Con una inflación interanual cercana al 300%, las universidades comenzaron el año –al igual que tantas otras áreas del Estado– con el mismo presupuesto nominal que se le asignó en septiembre de 2022 para funcionar durante todo 2023, dado que el de 2024 nunca se aprobó en el Congreso nacional. Con la intención de reducir el efecto del primer paro convocado para el 14 de marzo pasado, el Gobierno anunció un día antes un aumento del 70% para los gastos de funcionamiento a partir del mes último. Durante enero y febrero se mantuvieron congelados nominalmente.

Se trata del dinero que envía el Estado mes a mes para que las instituciones puedan funcionar. Pagos de servicios públicos, infraestructura, financiamiento para becas y erogaciones que van desde comprar una computadora hasta proveer papel higiénico: todo lo que esta por fuera del pago de salarios. Estos fondos representan cerca del 10% de las partidas que reciben cada mes. El 90% restante se destina al pago de salarios.

“En mayo las universidades de todo el país pueden dejar de funcionar y no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Para que junio no sea el último mes de clases haremos de abril un mes de lucha en unidad entre todos los actores que hacemos a la universidad pública”, dijo Christopher Loyola, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

Actividades

Durante toda esta semana habrá aulas itinerantes con clases públicas sobre la calle Púan, entre José Bonifacio y Pedro Goyena. Además, hoy a las 18 convocaron, junto con los gremios, a un banderazo por la universidad pública y a las 20 a un cacerolazo en Púan y Rivadavia. Mañana, también a las 18, harán una radio abierta.

Por su parte, en los colegios preuniversitarios de la UBA, como el Colegio Nacional de Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, entre otros, habrá un “cartelazo” mañana a las 12 con los docentes, personal no docente, estudiantes y las familias.

Ayer, las autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas convocaron a un abrazo simbólico al edificio “Cero+Infinito”, en Ciudad Universitaria. La semana pasada, estudiantes realizaron un “Último Primer Día” simbólico denunciando un posible cierre del CBC.

Estrategias

De cara al ciclo lectivo 2024, las universidades públicas implementaron diversas estrategias para sobrevivir. La mayoría optó por recortes en limpieza y seguridad. En algunas, incluso, como la Universidad Nacional de Hurlingham, limitaron el máximo de materias para inscribirse en primera instancia y también suspendieron becas para apuntes o equipamiento.

Solo a modo de ejemplo en la Universidad Nacional de Rosario mencionan que la boleta de energía que pagó la institución en el bimestre enero-febrero de 2023 fue de $50.507.624, mientras que la del mismo período de 2024 fue de $128.640.719, contando con el mismo presupuesto.

En la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata la factura de luz de febrero se triplicó y alcanzó los $14.158.623. “El aumento se debió básicamente a la quita de subsidios. Esperamos, lamentablemente, por los anuncios que se han hecho que las tarifas van a tener aumentos, además de la quita de subsidio, de manera que nos enfrentamos a un escenario de mucha incertidumbre”, dijo el decano Mauricio Erben en un video difundido por la universidad.

Y agregó: “En esta facultad no se derrocha nada. Es un gasto que se utiliza para docencia, los laboratorios, para las prácticas estudiantiles en extensión universitaria en investigación científica. Yo no me quiero parar en el lugar de tener que pensar que la facultad va a cerrar porque no podamos pagar la luz”.

Respuesta oficial

“No va a haber ningún cambio presupuestario por las facturas de luz”, afirmó este lunes en su conferencia de prensa habitual el vocero presidencial Manuel Adorni.

Y sumó que consideran que es un problema “futuro”. “Nosotros hicimos los ajustes presupuestarios que creíamos convenientes. En tal caso, es un problema que entiendo las universidades plantean no para ahora, sino que les va a ocurrir en un futuro”.

En esa misma línea se expresó el secretario de Educación Carlos Torrendell. “Yo no veo la decisión de estancar el presupuesto de las universidades”, afirmó en una entrevista en LA NACION con Luciana Vázquez. “Los gastos de funcionamiento estaban congelados nominalmente, excepto algún refuerzo parcial que hubo, desde septiembre de 2022. Luego de un año y medio de ese congelamiento nominal se lo ha elevado un 70%”, agregó. Y afirmó: “Estamos empezando a corregir en un contexto de restricciones lo que no se corrigió en un contexto de emisión”.

Tras una reunión con Torrendell y el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ayer, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó, junto con el Frente Sindical de Universidades Nacionales -integrado por Conadu, Ctera, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, UDA y Fatun- y la Federación Universitaria Argentina (FUA), a una marcha nacional en defensa de la educación y del sistema Universitario Público Argentino para el 23 próximo.

“La situación económica financiera que atraviesa el sistema universitario público es grave y necesita urgente respuesta por parte de los poderes del estado nacional”, dijeron los rectores en la declaración final luego del encuentro.

Y sumaron: “Hemos dialogado con distintos representantes del Poder Ejecutivo en estos primeros 100 días de gobierno, planteando en detalle la compleja situación del sistema. Hemos aprobado una declaración en el mes de febrero donde expresábamos nuestra preocupación por la falta de acuerdos paritarias en desmedro del poder adquisitivo de nuestros trabajadores, por el deterioro del sistema científico, tecnológico y de innovación, las suspensión total de obras de infraestructura científica y universitaria en ejecución, la abrumadora falta de actualización de los gastos de funcionamiento y la no renovación de los sistemas nacionales de becas. Con solo nombrar esas de tantas dificultades que afrontamos podemos sintetizar la profundidad de la crisis. A ello sumamos nuestra preocupación por la eliminación del Fonid [Fondo Nacional de Incentivo Docente]”.

En tanto, varios decanos están organizando charlas informativas sobre la situación presupuestaria. En la Facultad de Agronomía de la UBA será el viernes próximo, a las 12, la de Farmacia y Bioquímica, el martes 16 próximo, a las 13.

A este escenario se suma el reclamo salarial. Con una inflación acumulada desde diciembre a febrero del 71,33%, la propuesta del Gobierno en las paritarias docentes para febrero fue una actualización del 16%, seis puntos por encima de lo que marcaba la negociación vigente en ese entonces. Para marzo ofrecieron un 12%, que fue rechazado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales.

“Hay aumentos salariales todos los meses que se le están dando a los docentes y no docentes, como sucede con el resto de los empleados estatales en porcentajes muy similares. Por lo tanto, no hay un congelamiento salarial”, dijo Torrendell.