El Departamento de Justicia demanda a Idaho por su ley antiaborto en la primera demanda posterior a Roe

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El Departamento de Justicia de EE.UU. demandó al estado de Idaho por su ley contra el aborto que restringe el acceso a pacientes que necesitan tratamiento médico vital, lo que la convierte en la primera demanda de la administración de Biden después de la decisión de la Corte Suprema de anular el derecho constitucional a la atención del aborto.

La ley de Idaho, que entra en vigor este mes, prohíbe la atención del aborto en casi todos los casos, incluso en situaciones médicas de emergencia. Los proveedores podrían enfrentar un arresto y enjuiciamiento si realizan un aborto para salvar la vida de la paciente; además, asigna la responsabilidad a los médicos de demostrar que no son penalmente responsables si brindan esa atención, según el fiscal general de los EE.UU., Merrick Garland.

El Departamento de Justicia argumenta que la medida de Idaho viola la Ley federal de Trabajo y Tratamiento Médico de Emergencia que exige que los proveedores médicos ofrezcan atención de emergencia.

“Cualquier ley estatal que impida que un hospital cumpla su obligación en virtud de [esa ley] viola la ley federal”, anunció Garland durante una conferencia de prensa el 2 de agosto.

La fiscal general adjunta Vanita Gupta advirtió que la ley de Idaho podría “enfriar la voluntad de los proveedores de realizar abortos” para salvar la vida de una paciente embarazada.

La demanda se produce más de un mes después de que la Corte Suprema revocara el precedente de medio siglo establecido en Roe vs. Wade, que afirmaba el derecho constitucional al aborto, y adjudicaba las decisiones sobre la atención del aborto legal a los estados de manera individual.

Idaho se encuentra entre varios estados que se han movido para prohibir o restringir severamente el acceso al aborto sin las protecciones bajo Roe. Al menos 10 estados (Alabama, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Dakota del Sur, Texas y Wisconsin) han prohibido el aborto por completo en casi todos los casos, y se esperan más impugnaciones legales a medida que entren más leyes en vigor. Hasta 26 estados podrían prohibir el aborto sin Roe, y las legislaturas estatales están preparadas para redactar leyes más restrictivas en las próximas semanas y meses.

En las semanas posteriores al fallo de la Corte Suprema en Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization, “ha habido informes generalizados de demoras o rechazos a mujeres embarazadas que enfrentan emergencias médicas”, dijo Garland.

“Usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para garantizar que las mujeres embarazadas reciban la atención médica a la que tienen derecho”.

La ley de “vigencia inmediata” en Idaho, que se aprobó en 2020 y fue diseñada para entrar en vigor una vez que la Corte Suprema revocara Roe, convierte la atención del aborto en un delito grave de hasta cinco años de prisión. La ley hace excepciones si el procedimiento es para evitar la muerte del paciente o en casos de violación o incesto.

El estado fue el primero en aprobar una prohibición del aborto similar a una ley de Texas, aunque la Corte Suprema del estado bloqueó temporalmente la ley luego de una impugnación legal de Planned Parenthood. Tanto el gobernador de Idaho como el fiscal general del estado han sugerido que la prohibición es inconstitucional, aunque sigue vigente.

La Corte Suprema del estado está programada para escuchar el caso el 3 de agosto.

La administración del presidente Joe Biden ha dicho a los hospitales que deben brindar atención en casos de aborto de emergencia en virtud de la Ley de Trabajo y Tratamiento Médico de Emergencia, ya que los pacientes que enfrentan una complicación del embarazo que pone en peligro la vida o la salud podrían llegar a una sala de emergencias.

Las complicaciones pueden incluir “embarazo ectópico, complicaciones de la pérdida del embarazo o trastornos hipertensos emergentes, como la preeclampsia con características graves”, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.

“Si un médico cree que una paciente embarazada que se presenta en un departamento de emergencias está sufriendo una afección médica de emergencia, según lo define [la ley federal], y que el aborto es el tratamiento estabilizador necesario para resolver esa afección, el médico debe proporcionar ese tratamiento”, según a la guía de la agencia. “Cuando una ley estatal prohíbe el aborto y no incluye una excepción para la vida de la persona embarazada, o establece una excepción más limitada que la definición de afección médica de emergencia [de la ley federal], esa ley estatal se evita”.

En un comunicado el martes, el secretario de Salud, Xavier Becerra, dijo que “la ley federal es clara: los pacientes tienen derecho a una atención hospitalaria de emergencia estabilizadora sin importar dónde vivan”.

“Las mujeres no deberían tener que estar al borde de la muerte para recibir atención”, agregó.

La semana pasada, el Departamento de Justicia convocó una reunión en la Casa Blanca con expertos legales y defensores para discutir la representación legal a raíz de la decisión de Dobbs.

“Será necesario que todos nosotros (abogados del gobierno, abogados privados pro bono, colegios de abogados, organizaciones de interés público) hagamos todo lo posible para proteger el acceso a la atención de la salud reproductiva y brindar una representación legal vigorosa de pacientes, proveedores y terceros que lo necesiten”, dijo Gupta en un comunicado.

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