Denuncian penalmente al Fiscal General Alejandro Gertz Manero por tortura y tratos crueles

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ARCHIVO - Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera estatal mexicana Pemex, da una conferencia de prensa en la Ciudad de México, el 17 de agosto de 2017. Un juez federal decidió el miércoles 26 de enero de 2022 mantener a Lozoya tras las rejas mientras se enfrenta a la justicia por corrupción relacionada con la constructora brasileña Odebrecht. (AP Foto/Gustavo Martinez Contreras, Archivo)
Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera estatal mexicana Pemex, da una conferencia de prensa en la Ciudad de México, el 17 de agosto de 2017. Un juez federal decidió el miércoles 26 de enero de 2022 mantener a Lozoya tras las rejas mientras se enfrenta a la justicia por corrupción relacionada con la constructora brasileña Odebrecht. (Gustavo Martinez Contreras / Associated Press)

Para abonar a la polémica suscitada en México, en donde son cada vez más las voces que reclaman la destitución del doctor Alejandro Gertz Manero, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) fue denunciado penalmente por el delito de tortura.

La denuncia fue presentada por Carlos Alberto Treviño Medina, quien fuera asesor jurídico de Emilio Lozoya Austin, el ex director de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) que hoy se encuentra acusado de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

De acuerdo con la denuncia de hechos que fue presentada por los bogados de Carlos Alberto Treviño Medina, ante la titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR, Sandra Herrerías Guerra, el Fiscal General Alejandro Gertz Manero y el fiscal de Control Competencial de la FGR, Juan Ramos López, incurrieron en tortura, tratos crueles y degradantes en contra de Emilio Lozoya Austin y sus familiares.

Los mismos delitos que presuntamente cometieron Gertz Manero y su subalterno Juan Ramos, también habrían afectado a Carlos Alberto Treviño Medina, quien se reconocen también como victima y ofendido “por haber sido objeto de señalamientos falsos como consecuencia de los actos de tortura perpetrados directamente contra el señor Emilio Ricardo Lozoya Austin y sus familiares”, según refiere en la denuncia de hechos.

En dicho documento, en donde el Fiscal Gertz Manero, junto con Juan Ramos -el segundo hombre de importancia dentro de la FGR- son acusados de haber cometido el delito de tortura, tratos crueles y degradantes, se refiere que “la Fiscalía General de la República ofreció beneficios indebidos y a la vez presionó a Emilio Lozoya, a través de amenazas, acusaciones y presiones para lograr que firmara una denuncia de hechos falsos”.

En la citada denuncia, donde Emilio Lozoya refiere un supuesto entramado de complicidades para realizar diversos sobornos, que fue la base para que la FGR ofreciera un trato de excepción a Emilio Lozoya, según el decir de Carlos Alberto Treviño Medina, también se le causó a él un acto de tortura psicológica.

Además, al titular de la FGR y al segundo de esa dependencia, se les acusa de haber actuado fuera de la legalidad en el proceso de Emilio Lozoya, Además, al haber obligado al ex director de Pemex a revocar y cambiar al defensor de su confianza y a desistirse de demandas de amparo que habían presentado los propios negociadores del inculpado, Emilio Lozoya Thalmann y Juan Jesús Lozoya Austin.

Según lo dijo Carlos Alberto Treviño en su denuncia contra el Fiscal Gertz Manero, “este proceder y violaciones graves a los derechos del señor Emilio Lozoya Austin, sin perjuicio de su responsabilidad por los sobornos recibidos exclusivamente por él, ha sido catalogado como tortura a la luz de los criterios de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que derivaron de lo resuelto en el Amparo Directo en Revisión 807/2020 y que fueron publicados el pasado quince de julio de dos mil veintidós”.

En dicho criterio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realmente confirió interés jurídico para denunciar como ofendido el delito de tortura ejercido sobre un tercero cuando cuándo de éste se obtiene información -en este caso falsa- para utilizarse como vía de persecución penal, según se refiere en la demanda.

El Caso Lozoya Austin

El ex director de Pemex durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, fue acusado de desviar fondos por mas de 120 millones de pesos, mismos fondos que recibió como parte de un entramado de sobornos otorgados por la empresa Odebrecht y que supuestamente se destinaron al pago de sobornos a legisladores mexicanos, que aprobarían la llamada Reforma Energética.

Tras dicha acusación y con la emisión de una orden de aprehensión, la FGR logró que el gobierno español detuviera -con fines de repatriación a México- a Emilio Lozoya, momento en el cual, según la denuncia de Carlos Alberto Treviño, comenzó el proceso de tortura en contra de Emilio Lozoya y sus familiares. Fue un proceso de tortura “perpetrado directamente por el titular de la institución que estaría encargada de investigar ese delito y sus consecuencias, así como de sancionar al responsable (él mismo) y sus cómplices”.

Según el documento en poder del que esto escribe, “el señor Emilio Lozoya primero negaba haber cometido algún delito y se decía víctima de una persecución política e incluso decía ‘con toda humildad’ que tenía los recursos y el tiempo para ‘romperle la madre’ a sus detractores”.

Posterior Emilio Lozoya huyó del país antes de que a finales de mayo de 2019 se librara una orden de aprehensión en su contra y contrató los servicios del defensor Javier Coello Trejo. El treinta de agosto de ese año se realizó un cateo en la casa del esposo de señora Gilda Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya, con la finalidad de ejecutar la orden de aprehensión que también se había librado en su contra.

El entonces subprocurador y actual Fiscal Especializado de Control Competencial Juan Ramos López asesoró al señor Emilio Lozoya Thalmann, padre del inculpado, esto previo a la audiencia inicial de la señora Gilda Margarita Austin, con la finalidad de que no fuera internada en un reclusorio; el Fiscal le aconsejó cometer un delito mediante la obtención de un certificado médico falso.

También el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, entabló comunicación directa con el padre de Emilio Lozoya Austin, y le exigió con violencia verbal que se produjera un cambio de defensor, mismo que en efecto aconteció; también le exigió que tanto él, como su otro hijo de nombre Juan Jesús Lozoya Austin se desistieran de demandas de amparo que habían interpuesto ante el temor de ser también detenidos.

Con lo anterior, refiere la denuncia penal presentada en contra del Fiscal Gertz Manero, el titular de la Fiscalía General de la República violó los derechos fundamentales previstos en los artículos 17 (acceso a la justicia) y 20, apartado B, fracción VIII (elegir libremente un defensor) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Antes de que Emilio Lozoya fuera repatriado a México, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero condicionó el cumplimiento de diversos acuerdos contraídos con el señor Emilio Lozoya Thalmann, y lo sometió a tratos degradantes para que la familia Lozoya accediera a sus peticiones.

Después se hizo pública la carta que, en el mes de junio de dos mil veinte, el señor Emilio Lozoya Austin envió al despacho del licenciado Javier Coello, en la que le explicó: “…conociendo tu postura divergente sobre las decisiones relacionadas con la estrategia y acciones que he definido por la misma presión que genera que mi madre, esposa y hermana estén siendo perseguidas… te relevo a que sigas representando mi defensa penal…”

Posteriormente Emilio Lozoya Austin, el doce de febrero de dos mil veinte, fue detenido en la ciudad de Málaga, España. Y al respecto, el licenciado Javier Coello Trejo ha manifestado que, desde su punto de vista, el padre del acusado fue quien informó a esa Fiscalía dónde se encontraba para que pudiera ser detenido.

Los pecados de Gertz

La FGR evitó que Emilio Lozoya ingresara a prisión, para lo cual se le ingresó a un hospital de lujo, engañando a los medios de comunicación mediante la utilización de elementos y recursos públicos que evitaran ocultar de la opinión pública lo que realmente estaba sucediendo, por lo menos en ese momento.

El pretexto utilizado para ingresar Emilio Lozoya Austin al hospital fue posteriormente desmentido por las autoridades españolas.

Unas semanas después de haber llegado al país, en cumplimiento a los acuerdos que fueron alcanzados por el Fiscal General de la República -mediante coacciones, presiones, condicionamientos y recompensas frágiles- con la Familia Lozoya, el inculpado ya con su voluntad vencida, firmó la denuncia “voluntaria y espontáneamente” de hechos falsos que dio lugar a la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, esto, en desapego a lo dispuesto por el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque lo que debió suceder es que el señor Emilio Lozoya Austin aportara la información necesaria, veraz y suficiente para acreditar delitos de mayor envergadura que los que se le imputaban y reconociera su propia participación en ellos.

En cambio, se disfrazó públicamente por parte de esa Fiscalía el hecho de que se pretendió dar a una denuncia el tratamiento de un criterio de oportunidad, cuando se trata de figuras incompatibles, por la naturaleza y derechos procesales de la persona que realiza señalamientos en cada caso.

Evidentemente la información proporcionada por Emilio Lozoya Austin, explica Carlos Alberto Treviño, “no fue veraz, ni útil para investigar delitos de mayor envergadura (sólo fue útil para ser explotada mediáticamente y engañar al país), ni suficiente, sino falsa e incluso, inverosímil desde el primer análisis, pero esa circunstancia ya era del conocimiento tanto el señor Emilio Lozoya Austin, como del titular de la Fiscalía General de la República y los agentes del Ministerio Público encargados de la investigación. Lo importante era poder utilizar información en contra de diversas personas pretendiendo dotarla de validez al afirmar que se daba dentro del marco de un criterio de oportunidad”.

Así, mientras el señor Emilio Lozoya Austin fingía que cooperaba proporcionando información, la Fiscalía General de la República a cargo del perpetrador de la tortura realizaba una persecución política contra diversas personas, pero no hacía nada para constatar los dichos de Emilio Lozoya, evidentemente, porque se sabía desde un inicio que eran falsos, según refiere Carlos Alberto Treviño.

Sin embargo, eso tuvo que acabarse cuando el señor Emilio Lozoya fue captado comiendo en un restaurante de lujo por la periodista Lourdes Mendoza, como consecuencia de lo cual se le privó de la libertad y se le sujetó a prisión preventiva.

Lo anterior -dice la denuncia presentada contra Gertz Manero- refleja una serie de actos sistemáticos e intencionales, provenientes directamente del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero para generar reflejos condicionados de Emilio Lozoya Austin:

Primero, presiones diversas derivadas de la amenaza de persecución de su familia al grado que su padre presentó un amparo para él mismo y su otro hijo, ante el temor (manifestado al licenciado Javier Coello Trejo) de ser detenidos en el marco de las negociaciones con esa Fiscalía General de la República, luego darle beneficios procesales indebidos y demostrarle que la continuación de unos y otros dependía de la conducta que se esperaba de él, después quitarle esos beneficios y sujetarlo a prisión preventiva.

Como titular de la Fiscalía General de la República Alejandro Gertz Manero sujetó a tratos degradantes Emilio Lozoya Thalmann para que aceptara cumplir con condiciones impuestas que implicaban la renuncia a los derechos, tanto de él como de sus dos hijos.

Todo a cambio de que su esposa pudiera ser liberada, lo que está prohibido terminantemente por el artículo 22, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso artículo 29 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Por esa razón, hoy el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero y su principal hombre de confianza dentro de la procuración de justicia en México, se encuentran acusados de haber cometido un delito grave, de los que se consideran en la ley para la separación del cargo.

Este artículo fue publicado por primera vez en Los Angeles Times en Español.

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