Denunciado por el kirchnerismo, el procurador Eduardo Casal deberá opinar sobre el amparo de la Ciudad por la coparticipación

El procurador general de la Nación interino Eduardo Casal está en el centro de todas las miradas esta semana: por un lado, el Senado tiene previsto aprobar una moción del kirchnerismo para denunciarlo ante la Justicia, como parte de una embestida para forzar su renuncia; y, por el otro, deberá opinar en la demanda que la Ciudad presentará para frenar la quita de fondos de la coparticipación federal que decidió la Casa Rosada.

Este recurso está siendo elaborado por el Procurador de la Ciudad, Gabriel Astarloa, y espera presentarle ante la Corte hoy o a más tardar mañana. Se trata de un asunto que requiere cierta premura, porque el decreto del presidente Alberto Fernández que recorta en algo más de un punto la coparticipación que recibe el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta implica que la Ciudad deja de percibir unos 150 millones de pesos diarios.

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Astarloa está preparando un escrito para pedir mediante una medida cautelar que la Corte haga cesar de inmediato el efecto del decreto, para no seguir perdiendo plata, y que luego al resolver el fondo del amparo declare nulo e inconstitucional el decreto de Fernández. Se trata de un asunto complejo, propio de un equipo de constitucionalistas, tributaristas, administrativistas y especialistas en la técnica del recurso extraordinario.

El primer paso que debe dar la Corte cuando reciba el escrito del gobierno de Rodríguez Larreta es decidir si se trata de un caso de su jurisdicción originaria; es decir, que no es necesario que tramite desde un juzgado de primera instancia para alcanzar el máximo tribunal. La Corte asimiló la Ciudad a las provincias y tiene dicho que si litigan entre ellas, o contra la Nación, se trata de asuntos de su jurisdicción originaria.

Pero el primer paso que dará la Corte cuando reciba el escrito es girarlo al procurador Casal, para que opine si es de jurisdicción originaria y, eventualmente, para conocer su opinión sobre la cautelar. Técnicamente, para que "habilite la instancia".

Casal dictaminará -sin ser vinculante su opinión- en un plazo breve que le impondrá la Corte y luego el máximo tribunal podrá dar traslado al Estado nacional, antes de decidir sobre la medida cautelar. Probablemente esto ocurra esta semana o la próxima, dependiendo de cuánto demore la Ciudad en presentar su escrito.

Esta semana, en tanto, está previsto que sesione el Senado. La Cámara alta tiene en su agenda votar en el recinto una cuestión de privilegio promovida por el kirchnerismo, que busca limar a Casal para poner en su lugar a otro funcionario de su confianza. Casal es un funcionario de carrera en la Procuración y, como procurador fiscal ante la Corte más antiguo, quedó al frente del organismo tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó en 2017.

Si Casal renunciara, quien lo sigue en la línea sucesoria es la procuradora Laura Monti y, luego, Víctor Abramovich, exdirector ejecutivo del CELS, a quien el kirchnerismo le gustaría que quede en la Procuración.

Para forzar el alejamiento de Casal, el oficialismo impulsa, por un lado, un eventual juicio político (no cuentan con los dos tercios de los votos necesarios para aprobarlo) y, por el otro, someterlo a un jury como si fuera un fiscal más, desconociendo su carácter de procurador interino.

Para ello, el Gobierno designó al abogado Héctor Recalde como representante del Poder Ejecutivo en el tribunal de enjuiciamiento de fiscales y a César Grau, en reemplazo de Mario Laporta, en representación de los senadores.

El Senado pidió a Casal que les tome juramento a ambos, pero el procurador explicó que había una medida cautelar presentada, cuestionamientos y se tomó un tiempo para disponer las juras. Esto indignó al bloque kirchnerista en el Senado. Martín Doñate planteó una cuestión de privilegio para promover una denuncia penal contra Casal por desobediencia y violación de deberes.

El procurador les tomó juramento a los nuevos integrantes del tribunal de enjuiciamiento el viernes pasado. No obstante, el oficialismo insiste con su cuestión de privilegio que, de ser aprobada en recinto, se transformará en una denuncia penal contra Casal y un nuevo empujón para buscar su salida.

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En la Procuración aseguran que no cambió en nada la situación y que Casal seguirá en su cargo porque no existe ninguna razón para renunciar. Máxime -dijeron en el entorno del Procurador a LA NACION- cuando se trata de "una denuncia ridícula", cuando los nuevos integrantes del tribunal de enjuiciamiento ya juraron y no hay ninguna norma que emplace al procurador a tomarles juramento.