Demandan a Airbnb en Florida por alquiler en propiedad confiscada por Castro hace décadas

Un médico de la Florida está demandando a Airbnb, alegando que la empresa de alquiler vacacional se benefició ilegalmente al incluir en su sitio web una propiedad que el gobierno de Fidel Castro confiscó sin pagar compensación a su familia hace décadas, en lo que parece ser la primera demanda que alega “tráfico” que involucra negocios con una propiedad residencial en la isla.

La demanda, presentada el lunes en el tribunal del distrito central de Florida, con sede en Orlando, sostiene que Airbnb se benefició de la publicidad de un alquiler en un edificio de seis departamentos en el barrio habanero de Marianao que originalmente era propiedad de miembros de la familia Parreño, entre ellos Alberto Parreño. En 1970, la Comisión de Resolución de Reclamaciones Extranjeras del Departamento de Justicia certificó la reclamación de Parreño sobre un tercio del terreno y el edificio, valorados en ese momento en $547,365.24.

Parreño, ciudadano estadounidense, murió en 1972. Javier García-Bengochea, su primo y administrador del patrimonio, presentó la demanda.

La demanda dice que Airbnb continuó anunciando la propiedad entre agosto de 2019 y mayo de 2022 después de que se le notificó que estaba sujeta a un reclamo y que “traficó con la propiedad de manera consciente, voluntaria, intencional y continua”. En un artículo de enero de 2022, el Nuevo Herald reportó que Airbnb había anunciado el alquiler de un apartamento en ese edificio al menos desde 2017, según indican reseñas con altas calificaciones de sus huéspedes. La compañía le dijo al Herald en ese momento que investigaría las acusaciones y tomaría medidas, incluida la eliminación del anuncio si se determinaba que violaba sus políticas. Ese anuncio ya no aparece en el sitio web de la empresa.

Airbnb no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

García-Bengochea, un neurocirujano cubanoamericano de Jacksonville, presionó activamente al Congreso y a varias administraciones para hacer cumplir una disposición de la Ley Helms-Burton de 1996, también conocida como Ley Libertad, que permitiría demandar a empresas con negocios en Cuba por “traficar con propiedad confiscada”. El derecho a demandar había sido suspendido por todos los presidentes desde que se promulgó la ley por primera vez, pero fue restablecido por el presidente Donald Trump.

A ello le siguió una avalancha de demandas contra entidades gubernamentales estadounidenses, extranjeras y cubanas que hacían negocios con propiedades confiscadas, en su mayoría hoteles, minas, puertos, aeropuertos y terrenos. La mayoría de los casos todavía están en litigio o en apelaciones. Algunas demandas, incluida una anterior presentada por García-Bengochea contra compañías de cruceros que utilizaron instalaciones portuarias en Santiago de Cuba confiscadas a su familia, han sido desestimadas o perdidas en apelación por tecnicismos y cuestiones sobre la propiedad. Pero en otro caso aún en litigio que involucra instalaciones en el puerto de La Habana, se ordenó a varias compañías de cruceros pagar más de 400 millones de dólares en compensación.

Según el sitio web de Airbnb, la empresa anuncia más de 1.000 alquileres en La Habana. La empresa comenzó a trabajar en Cuba en 2015, durante un período de mejora de las relaciones con la isla.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso una multa a la empresa en enero de 2022 por aparentes violaciones del embargo estadounidense.

En ese momento, el Tesoro advirtió a las empresas sobre “entrar en nuevos mercados comerciales, particularmente uno que tiene riesgos elevados de sanciones como Cuba, sin anticipar completamente las complejidades de operar legalmente en una jurisdicción sancionada por Estados Unidos”.