Defensores del medio ambiente marchan en Aguascalientes para demandar políticas sustentables

El 28 de junio, en el marco del Día Mundial del Árbol, la Alianza por la Defensa de Nuestros Árboles y Áreas Verdes, compuesta por más de 20 organizaciones y colectivos, se manifestó en Aguascalientes. La marcha, que busca visibilizar los problemas ambientales del estado, exigió a las autoridades la implementación de políticas públicas que mitiguen el impacto ambiental.

Con consignas como “Ciudadanos activos por los árboles nativos”, los manifestantes iniciaron la protesta pacífica minutos antes de las 18:00 horas en la Avenida Francisco I. Madero, esquina con General Miguel Barragán. Desde ahí, se dirigieron a la Plaza de la Patria, demandando también la inclusión de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre el cuidado del medio ambiente y el freno a los proyectos inmobiliarios.

Sofía Ponce, integrante de la Alianza y del colectivo “Salvemos La Pona”, criticó las acciones municipales como la distribución de árboles, calificándolas de aisladas e insuficientes.

“No puede ser posible que esas sean sus acciones en este contexto de crisis climática, es totalmente insuficiente y, honestamente, una burla para las organizaciones que nos dedicamos a defender estos espacios”, señaló la activista.

En respuesta, la Alianza presentó un pliego petitorio dirigido a los tres niveles de gobierno.

Pliego Petitorio

En resumen, el documento presentado el 28 de junio de 2024, incluye las siguientes demandas:

1. Compromiso con el Medio Ambiente:

  • Derecho a un ambiente sano: Exigen que el derecho humano a un ambiente sano sea una prioridad para el gobierno, trabajando con transparencia y utilizando diagnósticos integrales para abordar problemas ambientales de fondo.

  • Reconocimiento de la Sociedad Civil: Solicitan que se reconozca y valore el trabajo de las organizaciones y colectivos en la protección del medio ambiente, asegurando su inclusión real en los procesos de decisión, no solo como un requisito formal.

2. Protección de Áreas Verdes:

  • No a la privatización: Instan a las autoridades a detener la privatización de áreas verdes en favor de proyectos inmobiliarios, priorizando las necesidades sociales y ambientales.

  • Plan metropolitano de conservación: Proponen la creación de un plan metropolitano que incluya la restauración, recuperación y conservación de áreas verdes urbanas y rurales, incorporando parques públicos y áreas protegidas.

3. Gobierno Federal:

  • Protección de áreas prioritarias: Solicitan la formación de un grupo de trabajo que incluya a la academia y a organizaciones civiles para investigar y proteger áreas prioritarias como el Bosque de Cobos y la Mezquitera La Pona.

  • Proyecto de restauración ecológica: Exigen desarrollar un proyecto que vincule infraestructura hidráulica con la restauración ecológica, asegurando la seguridad hídrica y la conservación de áreas de recarga hídrica.

4. Gobierno Estatal:

  • Participación ciudadana: Demandan que al menos el 30% de los lugares en órganos de deliberación urbana o ambiental sean ocupados por la sociedad civil, asegurando una representación significativa en la toma de decisiones.

  • Recursos para conservación: Exigen la asignación de recursos en el presupuesto de 2025 para el mantenimiento y operación de centros de interpretación de áreas naturales protegidas, además de fortalecer la educación ambiental en el estado.

5. Gobierno Municipal:

  • Plan de acción para áreas verdes: Proponen el desarrollo de un plan municipal que contemple el mantenimiento y cuidado de áreas de donación, conservación de especies nativas, y la educación ambiental, especialmente en fraccionamientos cercanos a áreas prioritarias.

  • Coordinación con la Alianza: Exigen crear una entidad de coordinación con la Alianza para implementar programas de investigación y manejo en áreas naturales protegidas municipales.

6. Congreso Estatal:

  • Parlamentos abiertos: Llaman a la organización de parlamentos abiertos para debatir sobre el Código Urbano, especulación inmobiliaria y participación ciudadana, asegurando que las decisiones sean informadas y democráticas.

  • Revisión legislativa: Exigen una revisión exhaustiva de las leyes y códigos para garantizar la inclusión de la sociedad civil en la toma de decisiones, conforme a acuerdos internacionales y la legislación vigente.

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