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Defensoría emite recomendación por muertes en cárceles de Oaxaca

OAXACA, Oax., noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió una Recomendación General dirigida a los 570 municipios del estado, así como a autoridades estatales de seguridad, procuración y administración de justicia, ante las constantes muertes de personas mientras estaban recluidas en cárceles o separos municipales.

En dicha recomendación el órgano autónomo solicita, entre una serie de cosas, garantizar condiciones dignas en los lugares detención; instalar cámaras que cubran tanto el interior como el exterior de los lugares de detención, para "prevenir y documentar conductas que pudieran ir en contra de los derechos humanos" y elaborar y adoptar protocolos de seguridad para el personal de custodia.

Estos protocolos deberán observarse estrictamente, a fin de evitar que las personas internas "sufran algún daño en su integridad física o psicológica mientras se encuentren a disposición de la autoridad".

También, pide capacitar al personal encargado de la custodia sobre cómo prevenir y atender situaciones de riña, intentos de linchamiento, suicidio, tortura, agresiones, entre otros. Así como establecer "procesos de formación permanentes en materia de derechos humanos".

La emisión de esta recomendación se da luego de que el pasado 20 de noviembre se registró la muerte de dos hombres que habían sido detenidos y encarcelados en separos municipales, presuntamente luego de alterar el orden público.

El primero de los casos se trata de la muerte de un migrante africano en Juchitán, cuyo deceso se investiga como homicidio; mientras que el segundo ocurrió en Chicahuaxtla, el cual se determinó como un supuesto suicidio.

De acuerdo con cifras de este órgano autónomo, estos son los casos quinto y sexto que se registran en Oaxaca en lo que va de 2022, mientras que desde 2015 a la fecha ha documentado 19 expedientes relativos a decesos de personas en prisiones municipales.

Así también, la DDHPO documentó que entre enero de 2020 y noviembre de 2022 se han registrado 538 quejas por violaciones a derechos humanos, cometidas presuntamente por elementos de las policías municipales.

Los casos de muertes en prisiones que han sido documentados por la DDHPO se han registrado Santa María Camotlán, Santiago Juxtlahuaca, Tezoatlán de Segura y Luna (donde hubo dos casos, uno de ellos en la Agencia de Policía de San Martín del Río); La Ciénega Zimatlán; Huajuapan de León; Santa Lucía del Camino; Teotitlán de Flores Magón; San Juan Bautista Tuxtepec; Tataltepec de Valdés, Juquila; Matías Romero Avendaño; El Espinal; San Juan Lajarcia, Yautepec; Salina Cruz; Santa María Huatulco; Santa Catarina Juquila; Tlalixtac de Cabrera; Juchitán de Zaragoza y San Andrés Chicahuaxtla, Putla de Guerrero.

Precisamente, a estos ayuntamientos la Defensoría también les pide reparar el daño a las víctimas en un plazo de 90 días, en los términos que establezca la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas del Estado de Oaxaca, y realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública en favor de las víctimas.

Todos se suicidan: autoridades municipales Las estadísticas de la Defensoría destacan que uno de las aspectos que agrava esta problemática es que en 14 de los 19 casos de muertes en prisiones documentados desde 2015, las autoridades reportaron las muertes en los espacios municipales como "suicidios", y en cinco argumentaron la existencia de "complicaciones por enfermedades" o "malestares" de las personas detenidas, que derivaron en su muerte.

"En tres de los casos aludidos en el documento de las personas privadas de la libertad se señala que se quitaron la vida con el cinturón que portaban, lo cual forma parte del cuidado que deberían tener las autoridades ante quienes se encuentran a disposición, asegurarse que las personas detenidas no posean en ese momento prendas u objetos con los que pudieran hacer daño a otras personas o a ellas mismas, como las agujetas y precisamente el cinturón", detalla la recomendación.

Además, en el documento la DDHPO advierte de al menos dos homicidios cometidos mientras las personas se encontraban bajo custodia de los elementos de seguridad, es el caso de Santa Lucía del Camino y El Espinal

"La DDHPO advierte que, si bien, en cada uno de los casos documentados en la Recomendación General se han iniciado averiguaciones previas y/o carpetas de investigación, la mayoría no trascienden la responsabilidad en que, al menos por omisión, pudieran haber incurrido los servidores públicos encargados del resguardo de las personas", resalta.

Responsabilidad estatal Como parte de la recomendación, la Defensoría solicita en colaboración a la Secretaría General de Gobierno para que, en coordinación con los ayuntamientos señalados, "generen las acciones que correspondan para que las víctimas indirectas de los hechos delictivos y de violaciones a derechos humanos tengan acceso a una reparación integral del daño y se les brinden las medidas de restitución, rehabilitación, compensación y garantías de no repetición".

Esto en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica en términos de la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas del Estado de Oaxaca.

A los concejales e integrantes de los ayuntamientos les pide que "coadyuven con las autoridades de procuración y administración de justicia en la integración de las diferentes averiguaciones o carpetas de investigación relacionadas con las muertes al interior de cárceles municipales".

Además, solicita que, en colaboración a la Fiscalía General del Estado, a la mayor brevedad posible "realice las diligencias necesarias para integrar y determinar las averiguaciones previas y en su caso, judicializar las carpetas de investigación relacionadas con las muertes de personas en los separos o cárceles municipales".

Mientras que al Congresode Oaxaca le pide legislar para reforzar la normatividad existente, a fin de garantizar los derechos humanos de las personas en detención en los ayuntamientos del estado.

Y a la Coordinación Estatal de Protección Civil y Secretaría de Salud les pide realizar inspecciones periódicas en los centros de detención y cárceles municipales de los ayuntamientos y sus agencias en el estado, con la finalidad de "prevenir y detectar aquellas situaciones que pudieran poner en riesgo a las personas privadas de la libertad".

En tanto que a la Secretaría de Seguridad Pública, solicita que, en coordinación con las autoridades municipales, se capacite al personal policial de los ayuntamientos en el estado y sus agencias sobre derechos humanos, perspectiva de género, atribuciones y responsabilidades propias del personal en materia de seguridad pública, uso de la fuerza, etcétera.