Decretan captura internacional de empresario salvadoreño

SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — Un tribunal de justicia decretó el lunes una orden de búsqueda y captura internacional contra el empresario Enrique Rais y otros cinco implicados en una red de corrupción en el Ministerio Público.

El juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador giró la orden a la Interpol para dar con el paradero del empresario, del ex juez Romeo Aurora Giammattei; del ex jefe de la Unidad de Intereses de la Sociedad de la Fiscalía General de la república, Julio Arriaza; y de tres abogados del empresario, quienes formaban parte de la red de corrupción en la que también habría participado el ex fiscal general de la República, Luis Martínez, quien está recluido en un penal del país.

Todos enfrentan cargos por fabricar pruebas para inculpar y enviar a la cárcel a una empresaria cafetalera.

Rais, quien tiene la nacionalidad salvadoreña y suiza, y el resto de los implicados gozaban de medidas sustitutivas a la cárcel y enfrentarían el juicio en libertad con fianzas de hasta 20.000 dólares.

Se les incautaron los pasaportes y se les pidió no salir del país y presentarse al tribunal cada 15 días, pero un tribunal superior revocó dicha resolución y ordenó la captura de todos.

La policía solo pudo capturar Martínez y se desconoce el paradero del resto.

Las autoridades de seguridad pública dijeron que no tienen registros migratorios de salida de los prófugos, pero que estos pudieron salir del país de manera ilegal.

Martínez, que dirigió el ministerio Público entre 2012 y 2014, guarda prisión en el penal de Metapán, al occidente del país y enfrentará el proceso por los delitos de omisión en la investigación y fraude procesal por haber participado junto al empresario Rais. De ser encontrado culpable por estas imputaciones, Martínez recibiría penas de entre dos y 10 años de prisión.

A Rais se le acusa de cohecho activo, fraude procesal y falsedad ideológica. Giammattei está siendo procesado por prevaricato, y Arriaza por el delito de fraude procesal. El resto, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica.