Decenas de miles de trabajadores verían cambios en sus salarios si se aprueba proyecto de ley de la Florida
Decenas de miles de floridanos pudieran ver modificados sus salarios en virtud de una legislación que avanza en la Legislatura controlada por los republicanos.
La legislación propuesta –que cuenta con el respaldo de algunos de los grupos empresariales más poderosos del estado– eliminaría la capacidad de los condados y ciudades para establecer estándares salariales para las empresas privadas que contratan para trabajos financiados con fondos públicos que van más allá de las regulaciones estatales.
Los gobiernos locales podrían aún dictar lo que pagan a los empleados municipales y del condado, pero la medida les impediría controlar lo que los contratistas pagan a sus empleados. Los condados, por ejemplo, no podrían exigir a los contratistas que paguen más que el salario mínimo del estado, que actualmente es de $12 por hora y se espera que aumente a $15 por hora en septiembre de 2026.
Once municipios –incluidos los condados Broward, Miami-Dade y Palm Beach, así como las ciudades de Miami Beach y St. Petersburg– tienen actualmente ordenanzas que se verían afectadas por la propuesta, dijo la representante estatal Tiffany Esposito, republicana de Fort Myers, patrocinadora del Proyecto de Ley 433 de la Cámara, durante una audiencia de comisión el jueves.
El proyecto de ley está ahora listo para el pleno de la Cámara.
¿Los trabajadores cobrarán menos?
Cuando se le preguntó si la medida daría lugar a recortes salariales, Esposito dijo que esas decisiones corresponderían a los empleadores privados.
“Si quieren empleados de alta calidad, tendrán que pagar en consecuencia”, dijo Esposito. “Pudieran seguir pagando por encima del salario mínimo si así lo desean, pero no es obligatorio”.
Esposito, sin embargo, dijo que el proyecto de ley seguiría dando a los gobiernos locales la autoridad para determinar lo que pagan a los empleados municipales y del condado porque quiere asegurarse de que sean “capaces de seguir siendo competitivos en su capacidad de contratar”.
Además de prevalecer sobre las ordenanzas salariales, la medida propuesta también impediría a cualquier ciudad o condado establecer estándares para proteger a los trabajadores del creciente riesgo de calor extremo. El amplio proyecto de ley –el más reciente de una serie de proyectos de ley que se están tramitando en la Legislatura y que pretenden tener prevalencia sobre el control local– ha suscitado las críticas de activistas de los derechos laborales y de los demócratas.
La mayoría de las críticas de los demócratas se han referido a la idea de que el estado no debería restringir la capacidad de los gobiernos locales para determinar lo que es un salario justo para los trabajadores en sus comunidades.
“En el Condado Miami-Dade es inasequible vivir. Al menos 30,000 familias se verán afectadas por este proyecto de ley”, dijo la representante estatal Ashley Gantt, demócrata de Miami, a principios de este mes, cuando el proyecto de ley estaba siendo considerado en la comisión. “Este proyecto de ley muestra a la gente de la Florida que no importan y espero que se presenten a las urnas y demuestren que sí importan”.
La ordenanza de Miami-Dade aplica a empresas con contratos con el condado por valor de al menos $100,000. Garantiza que más de 28,000 empleados, incluidos profesionales sanitarios, trabajadores de aeropuertos y conserjes, ganen al menos $15.03 por hora con prestaciones sanitarias o $18.73 por hora sin prestaciones sanitarias.
En Broward, unos 5,000 empleados ganan al menos $15 por hora con prestaciones sanitarias en virtud de la propia ordenanza del condado.
Choque entre grupos empresariales y activistas laborales
Rich Templin, un cabildero del sindicato AFL-CIO, ha arremetido contra el esfuerzo liderado por los republicanos, llamándolo un “puro juego de cabildeo interno”.
“No hay razón para esto”, dijo Templin en una audiencia de la comisión a principios de este mes. “No hay entidades empresariales que sean buenos actores corporativos en las comunidades que estén pidiendo esto. No hay gobiernos que lo pidan. No hay electores que lo pidan”.
Bob McKee, representante de la Florida Association of Counties, censuró el intento de limitar la capacidad de los gobiernos locales de controlar los salarios en sus comunidades para beneficiar a entidades que ya reciben beneficios del gobierno.
“Como gobierno local, una de las cosas que es importante es la capacidad de mirar en nuestras comunidades para darles la dignidad que conlleva un salario digno y ganado”, dijo McKee.
Un representante de la Florida Chamber of Commerce, por su parte, argumentó que la medida facilitará a las pequeñas empresas competir por los contratos del gobierno y que el esfuerzo pudiera conducir a acuerdos gubernamentales más rentables. Otros grupos empresariales, como la Florida Homebuilders Association, la National Utility Contractors Association y la Aluminum Association of Florida, apoyaron el proyecto de ley de primacía sobre los gobiernos locales.
En el Senado, la idea aún tiene que ganar impulso. Pero la presidenta del Senado, Kathleen Passidomo, dijo recientemente a reporteros que la idea merece un debate.
“No sé en qué acabaría, pero me gustaría escuchar lo que la gente tiene que decir”, declaró Passidomo. “Creo que hay muchos retos con una comunidad que hace algo que otras comunidades no hacen”.
El patrocinador del proyecto de ley del Senado, el senador Jay Trumbull, republicano de Panama City Beach, no ha respondido a las solicitudes en busca de comentarios sobre si tiene la intención de adoptar el lenguaje en su proyecto de ley.