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Decenas de hospitales californianos en riesgo de cierre, advirtieron los líderes del sector

Decenas de hospitales californianos —uno de cada cinco— corren el riesgo de cerrar en medio de crecientes dificultades financieras, de acuerdo con lo que dijo la consultora Kaufman Hall en un informe encargado por California Hospital Association (CHA).

Muchos hospitales aún no recuperan las pérdidas causadas por el COVID-19, explicaron los consultores, pero ahora también están viendo dispararse el costo de los bienes y servicios, incluso cuando los reembolsos de Medi-Cal y Medicare se estancaron en gran medida.

La presidenta de CHA, Carmela Coyle, dijo que, por cada $1 de atención que prestan los hospitales de California, reciben unos 75 céntimos de los dos grandes pagadores gubernamentales. En una teleconferencia con periodistas, Coyle instó a los líderes estatales a proporcionar un alivio temporal de $1,500 millones para evitar el cierre de hospitales.

“Parece mucho. Es alrededor del 1% del presupuesto de salud médica de California”, dijo, “por lo que, en contexto, es una cantidad relativamente pequeña en términos de lo que actualmente gastamos en el programa Medi-Cal. Se necesita desesperadamente. Para nosotros, como estado, es mucho menos costoso mantener los hospitales en funcionamiento que permitir que un hospital cierre e intentar recuperarlo”.

La verdadera crisis y la preocupación es lo que un porcentaje tan alto de cierres significaría en cada comunidad en todo el estado de California, dijo Coyle

“La atención a la salud en esas comunidades se está erosionando lentamente en algunos lugares a medida que perdemos ciertos servicios y los hospitales intentan llegar a fin de mes, ya sea cerrando servicios de obstetricia, de salud conductual u otros, y, en otras comunidades, esos servicios se pierden de golpe”, dijo.

Hace unos cuatro meses, Madera Community Hospital, con 106 camas, y sus tres clínicas cerraron después de que Trinity Health, que gestiona St. Agnes Medical Center de Fresno, desistiera de sus planes de adquisición. Trinity, con sede en Michigan, dijo que no podía cumplir ciertas estipulaciones que el Departamento de Justicia de California quería imponer al acuerdo, que afectaban a los precios, los servicios lingüísticos y otros aspectos.

El hospital comunitario, de 51 años de antigüedad, era el único centro que ofrecía atención de urgencias a los habitantes del Condado rural Madera.

“Tenemos a 160,000 personas en ese condado sin acceso inmediato a la atención de salud”, dijo Coyle. “Ahora tienen que ir a Fresno, a unas 30 millas de distancia, pero, por supuesto, tenemos que recordar a todos aquellos para los que viajar 30 millas simplemente no es posible”.

A la hora de estudiar la mejor forma de proteger a los consumidores, de acuerdo con Coyle, una parte importante de la ecuación deben ser las consecuencias de salud de dejar a los habitantes sin servicios de urgencias o de cuidados intensivos.

Los hospitales de las zonas rurales y de las zonas urbanas desatendidas son especialmente vulnerables, ya que un alto porcentaje de los pacientes que atienden no tienen seguro o están cubiertos por Medi-Cal o Medicare, de acuerdo con los dirigentes hospitalarios que intervinieron durante la teleconferencia de CHA.

La doctora Elaine Batchlor, directora ejecutiva de MLK Community Healthcare, dijo que su pequeño hospital, que atiende a Compton, Watts y otros vecindarios del sur de Los Ángeles, gestiona desde hace tiempo una de las salas de urgencias más concurridas del Condado Los Ángeles. De acuerdo con las normas de proporción médico-paciente, dijo, la comunidad debería tener 1,500 proveedores más para atender a los habitantes.

“Durante la pandemia de COVID, nuestra comunidad fue una de las más afectadas del estado”, dijo Batchlor. “Nuestro pequeño hospital comunitario atendió a más pacientes de COVID por cama que los grandes centros médicos terciarios. El elevado volumen de pacientes que atendemos persiste, a pesar de que la pandemia de COVID ya terminó. El número de pacientes que atendemos en nuestro servicio de urgencias es más alto que nunca”.

Hay días en los que el hospital supera en un 50% el número de camas autorizadas, ocupadas en gran parte por habitantes afroamericanos y latinos de bajos ingresos con afecciones médicas muy básicas sin tratar, como diabetes, hipertensión, cardiopatías y enfermedades renales, dijo Batchlor.

Como resultado de las pérdidas por la pandemia, la creciente inflación y las bajas tasas de reembolso, dijo, su hospital está perdiendo dinero.

“Empezamos a perder dinero en 2021 y seguimos perdiendo dinero”, dijo. “Ahora estamos usando nuestras reservas y estamos tratando de pedir préstamos para ayudar a seguir cubriendo nuestros costos, pero al final no podremos cubrir nuestros costos con esas fuentes [de ingreso]”.

Su equipo empezó a sopesar qué servicios tendrán que recortar. Parto y alumbramiento, atención de salud conductual o gestión de enfermedades son todas posibilidades, dijo Batchlor, y la pérdida de cualquiera de estos servicios básicos sería devastadora para una comunidad que ya sufre importantes disparidades sanitarias.

En Sierra View Medical Center, situado en las estribaciones del Condado Tulare, la presidenta ejecutiva Donna Hefner dijo que su equipo no puede permitirse aumentar los servicios porque los ingresos no cubren los gastos. Más bien, dijo, están tratando de pensar en formas de preservar la atención de urgencias y agudos que ya están proporcionando. Aproximadamente el 46% de los pacientes que atienden están cubiertos por Medi-Cal, comparado con el 38% de 2007.

Los reembolsos de Medi-Cal y Medicare representan el 80% de los ingresos de Sierra View. Se espera que la demanda de atención de urgencias aumente hasta 40,000 visitas de pacientes este año, en comparación con las 30,000-32,000 anteriores a la pandemia, dijo Hefner durante la conferencia telefónica con los medios de comunicación.

Patty Maysent, presidenta ejecutiva de UC San Diego Health, se enfrenta al reto de dirigir las operaciones de un hospital tanto en un entorno rural como urbano. En estos momentos está dirigiendo la reconstrucción de su centro médico más emblemático, Hillcrest, por valor de $2,500 millones.

UCSD adquirió el hospital al condado en los años sesenta y, para cumplir las normas de adaptación sísmica de 2030, debe sustituir las instalaciones. De acuerdo con Maysent, los márgenes operativos son tan estrechos que a ella y a su equipo les está costando encontrar un camino hacia la sostenibilidad y esperan que los dirigentes estatales ofrezcan algún alivio.

El sistema de salud académico también ha estado trabajando estrechamente con El Centro Medical Center en el Valle Imperial, dijo Maysent, pero hasta ahora no han encontrado ningún escenario en el que haya suficientes palancas de las que tirar para hacer que el hospital sea sostenible a largo plazo.

En última instancia, dijo Maysent, El Centro probablemente tendrá que asociarse de alguna manera con Pioneers Memorial Hospital, con sede en Brawley, para ganar algo de tracción.

“Los dos hospitales tienen que unirse”, dijo. “Tienen que encontrar escala para el crecimiento del programa clínico. Necesitan alivio de la deuda, necesitan apoyo para el reembolso. Todas estas cosas tienen que unirse para crear un sistema de salud sostenible en el Valle Imperial. La idea de que esos dos hospitales no puedan funcionar a largo plazo y el impacto en esa base de población realmente considerable es devastador. No podemos permitirlo”.

Hay hospitales en todo el estado, dijo Maysent, que están a dos, tres o cuatro meses de quedarse sin liquidez. Todos los directores de hospital dijeron que pagan a los médicos una tarifa superior a lo que pagan Medicare y Medi-Cal, porque, si no lo hicieran, no tendrían suficientes proveedores dispuestos a ejercer en sus comunidades.

Coyle dijo que la petición de una inyección de $1,500 millones es una solución a corto plazo y que lo que se necesita a largo plazo es un aumento de las tarifas de Medi-Cal y Medicare.