Debate de Miami fue protegido contra amenazas de destrucción masiva por una oficina federal que podría desaparecer pronto

El miércoles por la noche, en el Knight Concert Hall del downtown de Miami, donde se reunieron cinco aspirantes republicanos a la presidencia para debatir, las autoridades federales desplegaron cerca de 200 dispositivos para detectar amenazas de armas biológicas, químicas y nucleares, desde aparatos manuales como monitores portátiles de radiación hasta detectores de aerosol y mochilas de detección nuclear.

Este servicio de seguridad es ofrecido a las comunidades de todo el país por un programa poco conocido denominado Oficina de Lucha contra las Armas de Destrucción Masiva (CWMD), dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Antes de un acontecimiento importante —como el debate de las primarias republicanas de esta semana o la toma de posesión del gobernador Ron DeSantis, a principios de este año—, una ciudad o estado puede solicitar ayuda federal a la oficina para proteger un objetivo específico, como un estadio, o toda un área metropolitana, contra la amenaza de un ataque con armas de destrucción masiva (ADM).

En unas semanas, el 21 de diciembre a medianoche, está previsto que la oficina desaparezca, a menos que el debilitado Congreso vuelva a autorizarla.

“Esta es una situación de un evento sorpresivo, pero si va mal, va mal rápidamente”, dijo Mary Ellen Callahan, secretaria adjunta de la Oficina de Lucha contra las Armas de Destrucción Masiva del DHS, al hablar de la posibilidad de ataques con armas de destrucción masiva en territorio estadounidense. “Nuestro temor es que, si se nos permite atrofiarnos, se produzcan lagunas y consecuencias imprevistas”.

“Somos la única oficina que se ocupa del aspecto estatal, local, tribal y territorial de la respuesta a las amenazas nucleares”, añadió Callahan. “Eso desaparecería”.

El apoyo bipartidista a la renovación de la oficina es sólido en ambas cámaras del Congreso, dijo Callahan. Lo que falta es un vehículo legislativo que se abra camino para su aprobación antes del 21 de diciembre en el que puedan añadir un lenguaje de reautorización. Semanas de debate sobre un cierre del gobierno, seguidas de semanas de luchas internas republicanas en torno a la selección de un nuevo presidente de la Cámara, prácticamente congelaron los esfuerzos para renovar la oficina. La amenaza de un cierre se cierne de nuevo a poco más de una semana.

Tras los atentados del 11 de septiembre se crearon dos oficinas destinadas a contrarrestar las armas de destrucción masiva, pero se fusionaron hace cinco años para centralizar la autoridad y la toma de decisiones. La legislación que designó ese cambio incluía una disposición que establecía que la oficina “terminará cinco años después de su creación”.

“No sé porqué se puso eso ahí”, dijo. “Yo no estaba aquí en ese momento. Es una declaración tajante: la lectura llana de la ley es que no podemos seguir operando y no podemos transferir esos activos a otras partes del departamento”.

La oficina trabaja más estrechamente con 14 ciudades designadas como zonas urbanas de alto riesgo, entre ellas Miami, Houston, Seattle, Atlanta, San Francisco y Nueva York. Pero también dirige un programa llamado BioWatch que vigila la existencia de amenazas biológicas en 30 ciudades de todo el país. El año pasado, el CWMD ayudó a proteger 180 eventos en 42 estados, declaró un funcionario del DHS a McClatchy.

También ofrece capacitación a las fuerzas de seguridad estatales y locales sobre equipos antiterroristas, así como equipos al Servicio Secreto, la Guardia Costera y la Administración de Seguridad en el Transporte para vigilar las amenazas en los puertos de entrada y contra objetivos de alto valor.

Sus dispositivos incluyen una amplia variedad de equipos. La oficina dispone de dispositivos de detección nuclear montados en vehículos Tahoe que pueden detectar material radiológico a lo largo de una autopista interestatal. Tienen detectores gamma acoplados a drones que pueden vigilar el lugar de un suceso unas tres horas seguidas. Disponen de sistemas móviles más pequeños que las fuerzas del orden pueden usar para vigilar en tiempo real las entradas de los principales espacios de eventos.

Muchas grandes ciudades tienen sus propias divisiones policiales diseñadas para contrarrestar las amenazas terroristas. Pero Callahan señala que los recursos de cada ciudad se ven empequeñecidos por las capacidades del gobierno federal.

“Compramos 56,000 de esos dispositivos”, dijo Callahan, refiriéndose a la variedad total de dispositivos de la oficina. “Si cada una de esas jurisdicciones comprara 100, no van a ser capaces de conseguir la escala, no van a ser capaces de apoyarlo, no van a ser capaces de saber qué es lo mejor en su clase. Y, francamente, también tienen riesgos presupuestarios y otros problemas financieros. Si no estamos ahí para reforzar su aplicación de la ley, eso también puede desaparecer”.

Antes que se cumpla el plazo, los principales científicos y expertos técnicos de la oficina —desde veterinarios hasta físicos nucleares— ya están empezando a marcharse, temiendo que el departamento tenga dificultades para encontrarles otros puestos permanentes con sus habilidades únicas, dijo Callahan. Agregó que la moral de sus 234 empleados se ha resentido sin una vía clara para la reautorización. La oficina ha elaborado planes de contingencia para reasignar temporalmente al personal restante a otras partes del departamento en las semanas previas a la fecha límite de diciembre.

“Creo que la gente no es consciente de la pérdida que supone”, dijo Callahan. “No es una decisión consciente del Congreso. Simplemente tienen que tomar medidas y tienen muchas prioridades. Es un entorno complicado en el Congreso”.