Datos secretos, islas pequeñas y la búsqueda de un tesoro en el fondo del océano

KINGSTON, Jamaica — A medida que crece la demanda mundial de los metales necesarios para fabricar baterías de vehículos eléctricos, una de las fuentes más ricas de materias primas sin explotar se encuentra a cuatro kilómetros bajo la superficie del océano Pacífico.

Esta sección remota del lecho marino, casi 2414 kilómetros al suroeste de San Diego, podría convertirse pronto en el primer emplazamiento minero a escala industrial del mundo en aguas internacionales.

The Metals Co., con sede en Vancouver, Columbia Británica, ha asegurado el acceso exclusivo a toneladas de rocas del lecho marino repletas de cobalto, cobre y níquel, lo suficiente, declara, para alimentar 280 millones de vehículos eléctricos.

“Nunca se ha hecho una explotación minera a esta escala en el planeta”, comentó James A.R. McFarlane, exdirector de vigilancia ambiental de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, organismo afiliado a las Naciones Unidas que regulará la explotación minera de The Metals Co.

Un análisis realizado por The New York Times sobre cómo The Metals Co. está preparada para explotar esta nueva frontera en la revolución de la energía verde —la empresa calcula que obtendrá 31.000 millones de dólares en ganancias a lo largo de los 25 años de vida del proyecto— cuenta la historia de un cortejo de quince años de la pequeña agencia de fondos marinos con sede en Jamaica que tiene la llave de los tesoros submarinos del mundo.

Entrevistas y cientos de documentos internos muestran que los ejecutivos de la empresa recibieron información clave de la Autoridad de los Fondos Marinos a partir de 2007, lo que dio una ventaja a sus ambiciones mineras. La agencia proporcionó datos que identificaban algunas de las zonas más valiosas del lecho marino, y luego reservó los preciados lugares para el uso futuro de la empresa, según los materiales.

El hecho de que se compartiera esa información enfadó a los empleados de la agencia, que dijeron que algunos de los datos estaban destinados para los países en desarrollo que intentan competir con los países más ricos, una causa que la agencia tiene el mandato de apoyar según el derecho internacional. “Están violando el concepto legal que hay detrás de la Autoridad de los Fondos Marinos”, aseguró Sandor Mulsow, que ocupó altos cargos en la agencia antes de dejarla en 2019. “Es un escándalo”.

The Metals Co. es una de las casi dos decenas de contratistas que tienen acuerdos de exploración con la agencia; la mayoría de ellos están en manos de naciones. Pero la empresa se ha mostrado especialmente agresiva a la hora de presionar a la Autoridad de los Fondos Marinos para que le permita iniciar la explotación minera, y se está apresurando para comenzar a finales de 2024.

Este proyecto ha suscitado la preocupación de ecologistas sobre el compromiso de la agencia con la protección de la vida en el fondo del océano, y ha renovado cuestionamientos más amplios sobre quién puede beneficiarse de las riquezas del mar.

La Autoridad de los Fondos Marinos se creó bajo los auspicios de las Naciones Unidas mucho antes de que el cambio climático provocara un aumento de la demanda de metales. Aunque nunca ha llegado a ponerse en marcha, una unidad de la agencia asumió la tarea de igualar las condiciones para los países en desarrollo, en parte con la reserva de extensiones del fondo marino ricas en metales y el apoyo a su explotación.

Con jurisdicción sobre la mitad del planeta, los 50 empleados de la agencia trabajan desde sus oficinas en la capital de Jamaica con una pequeña asignación anual de 10 millones de dólares.

En una reunión del organismo de gobierno de la agencia el año pasado, un contratista de The Metals Co. formaba parte de un grupo de empresarios que se movía libremente entre los delegados internacionales mientras se debatían los puntos de la orden del día, incluyendo la petición de la empresa de que la autoridad aprobara un plan para probar equipos de minería. Uno de los principales organismos normativos de la Autoridad de los Fondos Marinos, su comisión jurídica y técnica, es hermética y se reúne a puerta cerrada, y algunos de sus miembros también trabajan para contratistas mineros, según descubrió el Times.

La relación de la agencia con The Metals Co. ha puesto el sistema patas arriba en otros aspectos. Se supone que los países en desarrollo que colaboran con la Autoridad de los Fondos Marinos deben tener acceso a los datos de determinadas zonas mineras antes que las empresas. Pero ocurrió lo contrario: un alto ejecutivo de la empresa obtuvo primero los datos vitales y luego consiguió que dos pequeñas naciones insulares se convirtieran en patrocinadores.

Incluso con esos socios —las islas del Pacífico de Nauru y Tonga—, la empresa ha mantenido un control financiero casi total sobre el proyecto, incluyendo los derechos a todos los beneficios previstos, excepto una fracción.

“Esta empresa se propuso manipular el sistema y utilizar una nación pobre y en desarrollo del Pacífico como conducto para explotar estos recursos”, explicó Lord Fusitu’a, antiguo miembro del Parlamento de Tonga. Dijo que le dieron menos de una hora en 2014 para revisar las regulaciones que el país adoptó para unirse al esfuerzo.

Los gobiernos de Nauru y Tonga, que rechazaron las solicitudes para hacer comentarios, han presionado a la agencia en nombre de The Metals Co. Mediante una carta, el presidente de Nauru, Lionel Aingimea, señaló a la agencia que la minería ayudaría a asegurar un futuro neutro en carbono y beneficiaría las finanzas de su país.

“Nauru no es marioneta de nadie; se lo puedo asegurar”, afirmó Gerard Barron, director general de The Metals Co.

Un bufete de abogados contratado por la Autoridad de los Fondos Marinos, a menudo denominada ISA, rechazó la idea de que alguien de la agencia hubiera actuado de forma indebida al compartir datos o relacionarse con los contratistas. La comisión jurídica y técnica, señaló la empresa, “se reúne de forma totalmente correcta” con sus miembros y ejerce independencia en sus decisiones.

“La ISA no ha compartido en ningún momento datos confidenciales de forma indebida o ilegal”, aseguró el bufete Withers Bergman mediante un comunicado.

Michael Lodge, el abogado británico que ha ejercido como secretario general durante casi seis años y que era su asesor jurídico cuando se compartieron los datos a partir de 2007, también defendió los actos de la agencia. En esa época, dijo en diciembre, se publicaron resúmenes de algunos datos como esfuerzo para llamar la atención sobre las riquezas del lecho marino y generar interés en la minería.

Barron señaló que desconocía que Nautilus Minerals hubiera tenido acceso a algunos datos mineros antes de asociarse con Nauru y Tonga. (Barron fue inversor en Nautilus, la empresa precursora que recibió la información, y más tarde se convirtió en director ejecutivo de la actual The Metals Co. en 2017, que compró algunos activos de Nautilus). No obstante, reconoció, la empresa tenía derecho sobre lo que “generalmente se considera como algunas de las mejores áreas que hay”. En una presentación de documentos el año pasado ante la Comisión de Valores y Bolsa, la empresa confirmó que se había basado en datos que proporcionó el organismo en dos ocasiones.

Mientras busca la aprobación para empezar a operar, la empresa se ha asociado con Allseas, un contratista de la industria petrolera en alta mar; Glencore, un gigante de la minería; y Maersk, una de las más grandes navieras del mundo. Los metales se encuentran en rocas del tamaño de una papa, conocidas como nódulos polimetálicos, y la empresa los aspiraría del fondo del océano con una gigantesca aspiradora submarina y los transportaría a la costa.

Los planes de comenzar la explotación minera por parte de The Metals Co. y otros contratistas han generado oposición de parte de algunos grupos ecologistas, que junto con líderes gubernamentales como el presidente francés Emmanuel Macron han pedido una moratoria al proceso minero hasta que los científicos puedan estudiar el lecho marino y comprender mejor las consecuencias de una operación a escala industrial.

“No tenemos ni idea de lo que va a pasar”, declaró Stefan Bräger, exbiólogo marino de la Autoridad de los Fondos Marinos, ahora asesor del gobierno alemán.

Tanto Barron como Lodge afirmaron que las críticas eran infundadas. Comentaron que la explotación minera se realizaría en “beneficio de la humanidad”, tal como exige la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, por la que se creó la Autoridad de los Fondos Marinos, y predijeron que causaría menos daños ecológicos que la minería a cielo abierto.

De acuerdo con las normas de la ONU, cualquier país puede solicitar permiso para realizar prospecciones con el fin de identificar yacimientos mineros, y China, Francia, India y Corea del Sur, entre otras naciones más adineradas, lo han hecho. Cuando encuentran lugares que merecen la pena, deben entregar la mitad de ellos a la Autoridad de los Fondos Marinos, la cual los aparta como “zonas reservadas” donde los países menos desarrollados pueden iniciar proyectos.

La autoridad ha asignado casi 517.998 kilómetros cuadrados de lecho marino a los países en desarrollo para que realicen trabajos de exploración, y casi la mitad de ese espacio está ahora bajo el control de The Metals Co.

Como aclaró la agencia mediante una declaración pública en el año 2000, los datos detallados de las estaciones de muestreo no debían compartirse fuera de la organización. “Los datos y la información ‘de valor comercial’ entregados a la autoridad por un contratista del fondo marino se considerarán confidenciales”, decía.

Cerca de la misma época, los ejecutivos de Nautilus Minerals se interesaron por las zonas reservadas y acudieron a la Autoridad de los Fondos Marinos para que les ayudara a decidir dónde concentrar su atención, según muestran los documentos.

Los funcionarios de la agencia celebraron reuniones en Nueva York y Jamaica con David Heydon, geólogo convertido en director general de Nautilus, y su hijo Robert, también trabajador de la compañía, para hablar de la explotación minera.

Ni Heydon ni su hijo, ahora ejecutivo de The Metals Co, respondieron a las solicitudes para hacer comentarios.

Durante una reunión celebrada en 2007, según muestran correos electrónicos y otros documentos, Satya N. Nandan, entonces secretario general de la agencia, compartió con la empresa registros de la agencia sobre las zonas reservadas.

“Gracias por recibir a Scott Trebilcock y Robert Heydon en Kingston el mes pasado, y por ofrecer a Nautilus Minerals Inc. (‘Nautilus’) la oportunidad de revisar los datos relativos a las zonas reservadas de la ISA”, escribió David Heydon a Nandan en una carta de 2007. Nandan murió en 2020.

Heydon siguió pidiendo que tres de los cuatro yacimientos más prometedores de las zonas reservadas se apartaran para Nautilus mientras buscaba una nación patrocinadora de sus ambiciones mineras.

Nauru se posicionó como candidato principal para los Heydon. El país, con apenas 11.000 habitantes, no exigía mucho a cambio del patrocinio, ya que no tenía capacidad para llevar a cabo tal proyecto.

Barron no quiso decir cuánto dinero iba a recibir Nauru. Un líder de la comunidad de Tonga aseguró que la empresa había acordado pagarle 2 dólares por tonelada como “tasa de producción minera”. Ese pago equivaldría a menos de la mitad del uno por ciento del valor total que estimó la empresa por el material extraído. The Metals Co. no quiso confirmar esa tarifa.

Por otra parte, The Metals Co. pagaría un canon indeterminado a la Autoridad de los Fondos Marinos una vez comenzada la explotación comercial.

La información dada a Nautilus, según un correo electrónico escrito por Robert Heydon, incluía una “hoja de cálculo de Excel suministrada por la autoridad que muestra el grado y la abundancia registrados en estaciones de muestreo específicas”.

La correspondencia de 2011 de Lodge, entonces asesor jurídico de la agencia, señalaba que la Autoridad de los Fondos Marinos estaba sujeta a “ciertas restricciones sobre la divulgación de esos datos a cualquier persona externa a la autoridad”. No obstante, en otro correo electrónico dirigido a sus colegas, Lodge sugirió que había una vía que les permitiría proporcionar a Heydon más información: la divulgación pública de los resúmenes de los datos de los estudios.

Puesto que había hecho públicos los resúmenes, razonó, la agencia podría compartir algunos datos adicionales que Heydon estaba solicitando.

The Metals Co. ha seguido adelante con sus planes a pesar de que ha habido indicios de que la empresa tiene problemas financieros, ya que el precio de sus acciones cayó desde un máximo de 15,39 dólares el año pasado hasta un mínimo de 81 centavos el viernes.

La solicitud de la empresa está en revisión, y ha suscitado críticas en todo el mundo, incluyendo las de los gobiernos del Reino Unido y Alemania.

Esos cuestionamientos hacen eco de preocupaciones más amplias sobre el daño que algunos científicos temen que pueda causar la minería de los fondos marinos a gran escala. El opositor más destacado quizá sea Craig Smith, oceanógrafo y excontratista de la industria minera que ahora trabaja en la Universidad de Hawái, en Manoa. Su investigación ha señalado la Zona Clarion-Clipperton como una que vale la pena preservar.

“No es posible hacerlo sin básicamente destruir una de las más grandes áreas silvestres que quedan”, reveló Smith, citando el impacto potencial de diecisiete proyectos mineros en la zona. Smith fue contratado para evaluar los efectos medioambientales de la explotación minera de los fondos marinos por el gobierno surcoreano y la empresa estadounidense Lockheed Martin, que están contemplando proyectos.

Barron aseguró que esas críticas estaban fuera de lugar y que su proyecto era importante para la salud futura del planeta: “Este podría ser uno de esos proyectos que realmente podrían marcar la diferencia”.

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